Mientras se anuncia por parte del gobierno la cancelación de la compra de dos lanchas para la Armada, el exsubsecretario del Ministerio de Defensa Rivera Elgue señala que en el caso de Cardama “el contrato tiene salvedades establecidas y cláusulas que permiten proteger la plata de los uruguayos”. En diálogo con La Mañana, el dirigente de Cabildo Abierto sostuvo que la prioridad debe ser que los buques lleguen lo más pronto posible al país, por una cuestión de seguridad en el mar.
¿Qué opinión le merece la polémica por la garantía en el caso Cardama?
Las garantías son dos y están dentro del contrato. Se debían cumplir antes de que el Estado realizara el primer pago. Una es por el fiel cumplimiento del contrato (5% del valor), que es de estilo y es obligatorio en cualquier contrato del Estado. Otra garantía se estableció por mi iniciativa, que era asegurando un reembolso de la primera entrega si no se cumplía lo establecido. Este era por 8,2 millones de euros, o sea el 10% del contrato total. En resumen, este contrato por las OPV tiene dos garantías por un 15% del total. Hay que tener en cuenta que la entrega de los recursos del Estado se hace en forma paulatina a medida que se da cumplimiento los avances de obra, que en este caso se llaman hitos. Y esos hitos son certificados por una sociedad de clasificación, Lloyds International, que tiene más de 200 años en el mercado haciendo este trabajo. En mi opinión es muy importante considerar el rol de esta sociedad de clasificación como certificadora del cumplimiento de lo que está establecido en el contrato, ya que abarca los requisitos de calidad de la construcción, sobre todo en el punto de vista de seguridad. O sea que no es un mero certificador de algún trabajo, sino que tiene una responsabilidad muy importante y por eso se eligió a Lloyds International.
¿En qué se encontraba todo el proceso del contrato para las OPV cuando usted se retiró del Ministerio de Defensa?
Renuncié el 8 de agosto del 2024 por la campaña política. Cuando me retiro estaba el Ministerio en la verificación de las garantías y en el momento de mi renuncia todavía no había sido aceptada ninguna por parte del Estado. Pero también hay que tener en cuenta que el proceso de compra de las patrulleras comenzó en diciembre de 2021 y recién en diciembre del 2023 se logró firmar el contrato. O sea que no fue un proceso rápido. Y si bien se habla de que fue un proceso desprolijo, quiero aclarar que todo el procedimiento de compra de estos buques, previo al contrato, fue auditado y aprobado en agosto de 2023 por el Tribunal de Cuentas sin observaciones al proceso de compra.
Dentro de las ofertas que se habían presentado, ¿la de Cardama era la más barata dentro de todos los oferentes?
Ahí creo que hay un error cuando se habla de los oferentes y todo el proceso. En enero de 2023 se definió que el Estado declaraba desierto el llamado a licitación para las compras de las OPV por ser inconveniente los precios que se presentaron. De las ofertas recibidas por parte de tres empresas, todas superaban la capacidad económica del Estado. A partir de ahí se buscaron otras alternativas. Una de ellas fueron buques noruegos, que hay que aclarar que eran usados. El director general de secretaría del Ministerio de Defensa y un oficial de la Armada fueron hasta Noruega para verificar el estado y las condiciones de los buques. Eso ocurrió entre febrero y marzo de 2023 y en abril yo recibo información del ministro de que hay una oferta de Cardama. Porque desde enero ya no estábamos en un proceso licitatorio, estábamos en una compra directa. Si los buques de Noruega hubiesen reunido las condiciones técnicas que la Armada establecía se hubiesen comprado.
¿Por qué no se compraron los buques noruegos?
Tenían distintos problemas. El principal era el calado, ya que era mayor al del dique de la Armada en el Puerto de Montevideo, o sea que ahí no podían entrar. Otro era que tenían motores antiguos, tenían que ser remotorizados y el gobierno de Noruega no garantizaba la remotorización. Y como antecedente habíamos tenido problemas con la remotorización del buque Artigas. El armamento de esos buques había sido desmontado en gran parte y el que les quedaba era antiguo. Eran naves que estaban siendo sacadas de servicio y que no estaban completas.
¿Cómo fue la participación de China en todo este proceso?
Se había presentado un astillero chino en la licitación. Era el que tenía el menor precio, dentro de la licitación, y fue recomendado técnicamente porque cumplía con los requisitos. Pero eso fue en la licitación, que debido a los altos precios (inclusive el de China) se desestimó. Después que pasamos a esta segunda modalidad de compra directa, la primera opción fue con Noruega y la segunda era Cardama. En paralelo la Armada invitó a otros siete artilleros, no solo a los tres que participaron en la licitación, sino también a los que habían comprado los pliegos, para que hicieran su mejor oferta para construir las lanchas.
Ahí se establecieron tres condiciones. Que la embarcación tuviera un desplazamiento igual o superior a 1500 toneladas, una plataforma de vuelo (helipuerto) y que tuvieran armas. Era una invitación a presentar ofertas, pero no estamos hablando de que era un procedimiento competitivo.
En referencia a temas estratégicos, ¿Uruguay no había puesto como condición que debían tener estos buques tecnología occidental?
En este momento, y como están dadas las condiciones, eso ya es un tema superado. Las OPV de Cardama tenían motores Caterpillar, o sea, son occidentales, están disponibles en plaza y, por lo tanto, hay repuestos. Ese es un tema que planteaba la Armada, la posibilidad de acceder a repuestos y no quedar atado a un solo proveedor. No tengo que defender a Cardama, ya que se tiene que defender él mismo. Pero sí entiendo que este proyecto no es solo de Cardama. También está involucrada una empresa dinamarquesa (Terma) dedicada a comunicaciones y radares y el armamento lo proporciona la empresa española Escribano, que es proveedora de la Armada de España y de la de Perú. O sea, son empresas reconocidas en el mundo naval que no se van a unir a un “proyecto oscuro” porque también afecta su reputación.
¿Cómo observó en el período legislativo anterior la actuación de la Comisión de Defensa del Senado en el seguimiento de este tema?
La Comisión realizó un seguimiento permanente a la compra de estas lanchas. El general Manini Ríos, en su calidad de senador, fue integrante de esa comisión durante todo el período. Independiente de eso, yo lo mantenía al tanto de todo este proceso.
Como exsubsecretario de Defensa e integrante de Cabildo Abierto, ¿qué opinión le merece todo lo que ha surgido con este tema, cuando se habla de hechos delictivos, terminar con el contrato y realizar una interpelación?
Hoy están todos de acuerdo en que lo más importante es la construcción de los buques y tenerlos lo antes posible. Eso es lo fundamental. No hay ninguna excusa para no hacerlo. Más bien hay una necesidad urgente de tener las patrulleras para que la Armada pueda cumplir su misión fundamental de un control efectivo sobre el mar. Lo he hablado con el general Manini Ríos y concordamos en que hay que buscar las acciones para que los buques estén muy pronto en Uruguay, lo antes posible. Hay que tener en cuenta que estas lanchas son militares, pero no tienen una construcción sofisticada como los buques de guerra, que son aquellos destinados a entrar en combate. Estas patrulleras se utilizan, por ejemplo, para combatir el crimen organizado o la pesca ilegal, y no es, por lo tanto, un enfrentamiento naval tradicional.
Finalmente, ¿considera que habrá que empezar de cero con la construcción de las lanchas o se puede continuar con Cardama?
Hay algunas declaraciones políticas, pero después hay que ver las acciones que toma el Estado. Lo que puedo asegurar es que el contrato le da las garantías al Estado para protegerse. El contrato tiene salvedades establecidas y cláusulas que permiten proteger la plata de los uruguayos. Ahora, también hay que considerar que en marzo comenzó la construcción de los buques y recién en septiembre fueron los observadores de la Armada. Si estos buques son tan importantes, no puede ser que no hubiera nadie en representación del Estado en la construcción. Y, además, pese a todas las críticas, este gobierno ha seguido pagando por la construcción de las lanchas.
