En diálogo con La Mañana, el abogado del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Andrés Ojeda, destacó modificaciones que introdujo la LUC en materia penal y profesional. Además, se refirió a cómo está el vínculo con el Pit-Cnt y abordó las principales preocupaciones que tiene el sindicato policial.
¿Qué cambios que introdujo la Ley de Urgente Consideración (LUC) entiende que fueron favorables para el accionar del funcionario policial?
Diría que, de la parte de seguridad de la LUC, en particular lo que tiene que ver con las modificaciones en legislación profesional policial y las modificaciones de penal sustantivo, por ejemplo, la creación de delitos. La parte de legítima defensa, en particular, no solamente coincido, sino que es una reivindicación histórica del sindicato de policías.
Positiva es la mayoría de la parte de seguridad, e incluso creo que viene en el marco de un discurso generalizado de respaldo. Yo creo que hay un foco de atención enorme del policía en este referéndum. Creo que, si la ciudadanía opta por derogar esos artículos de la LUC, el policía lo va a tomar como un retiro de la confianza. Como un voto de desconfianza de su accionar.
Ustedes fueron más allá e impulsaron una iniciativa para quitar la figura de abuso de funciones para los procedimientos policiales. ¿En qué quedó esa propuesta?
Los legisladores nos pidieron la posibilidad de que esto fuera después (del referéndum) de la LUC. Nos pareció bien. Más allá de que estamos convencidos de que evidentemente, como está redactado hoy, no debería aplicarse de esa manera. Pero en la medida que ocurre, nos obliga a pensar creativamente canales para que deje de ocurrir. Entonces, lo ideal es que se aplique correctamente y no tener que reformar nada. Ahora, como se aplica, a mi juicio, en forma incorrecta, merece que se reforme.
¿Qué le pareció el procedimiento policial, semanas atrás, en el puerto de Montevideo con el sindicato de transportistas de carga?
Con franqueza, fue un procedimiento ejemplar. Tan ejemplar fue, que el propio Pit-Cnt, en algún punto, terminó avalando el accionar policial. El video que publican los propios sindicalistas -que estaban ahí- como terribles, uno los mira y yo no le encuentro un pero. Básicamente, le dicen: ustedes no pueden estar acá, se tienen que mover. Ellos no se van, y básicamente los sacan, pero sin uso de mayor fuerza de nada. Los corren como corresponde. No hay un golpe, no hay una lesión. Violento fue el desalojo del Codicen, eso fue violento. Los videos de eso son violentos. Imaginate el desalojo del Codicen hoy. Olvidate, arde el mundo.
¿Cómo está la relación con la central sindical tras la moción de expulsión?
La enorme y aplastante mayoría del PIT-CNT entiende que el policía es un trabajador más. Lo dijeron en el Congreso (del pasado 6 de noviembre que terminó apoyando al Sifpom por 689 a 228 para que siga en el PIT-CNT) todos lo que tienen la espalda de los grupos de las actividades más importantes. Sí tenés un grupito minúsculo, reaccionario, extremo, que hace mucho ruido y parece que fueran más de lo que son.
Desde el ministerio han planteado su preocupación por la cantidad de funcionarios policiales con licencia médica ¿Cómo ve esa situación?
Es un tema bien complejo, de extrema preocupación del sindicato de policías y es un tema de extrema preocupación del ministerio. Hemos conversado mucho de esto y me consta la voluntad del ministerio de optimizar este tema lo mejor posible, en consonancia con los trabajadores.
El ministerio realizó un llamado para contratar a mil policías retirados, algo que despertó críticas de algunos sindicatos policiales ¿Cuál es su posición?
Es una decisión política del Gobierno. Me parece que en algún punto hay que entender que las decisiones las toman las personas que ganaron las elecciones, y esto claramente es una decisión que estaba hasta anunciada en el marco de la campaña electoral. Ya sabíamos que esto venía, entonces la gente que votó el cambio en el gobierno sabía que esto venía, que era parte de lo que se promovía electoralmente. La realidad es que tampoco hemos tenido grandes problemas con esto. Si me lo preguntás, si nosotros lo hubiéramos hecho, quizás no. Pero bueno, de ahí a tener una contra tan entusiasta, me parece que no corresponde.
En líneas generales, ¿cómo ve la gestión de Heber al frente del ministerio?
Yo creo que Luis Alberto está haciendo las cosas muy bien. Que a veces, quizás no ha tenido la mejor suerte con algunas cosas. No ha ligado con algunas cuestiones que no tienen tanto que ver con lo que él hace, digamos. Creo que es un tipo con mucha carpeta, mucho oficio, mucha experiencia y de mucho sentido de la toma decisiones. Yo francamente tengo una gran relación con él. Me parece un tipo bárbaro y ojalá quede él de ministro los cinco años, porque me parece un tipo muy valioso.
¿Cuáles son las principales demandas y desafíos para este período?
A nivel sindical, siempre las reivindicaciones son muy reiterativas. Nosotros estamos muy metidos en el tema de salario y vivienda. El tema de la vivienda es un gran tema para el sindicato, porque es un problema grande que tiene la policía en particular, por sobre otros sindicatos. Muchas veces el policía vive en el mismo espacio físico en el que vive la gente que tiene que perseguir. De repente tiene que convivir con lugares de extrema delincuencia en algunas zonas marginales, entonces es muy difícil que él persiga al delito en su zona, cuando queda su familia en su casa a la merced de las personas que tiene que perseguir. En algún punto, yo creo que el primer paso grande sería que el policía tuviese una vivienda, pudiera salir de contextos críticos. Hay un fondo de viviendas que se está armando y que hay que empezar a ejecutar.
La prisión domiciliaria de mayores y el principio de igualdad
Consultado sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para la prisión domiciliaria de mayores de 65 años, el abogado penalista reflexionó que «hay cuestiones para valorar propias del principio de igualdad». Desde su punto de vista, el Frente Amplio cuando sancionó la Ley de Humanización del Sistema Carcelario en 2005, «por recomendación enfática de los jueces», estableció la potestad de que los mayores de 70 años no estén recluidos en cárceles, sino al menos en prisión domiciliaria. «Eso tiene que ver con una concepción de la pena», remarcó.
«¿Castigamos si castigamos exclusivamente por un tema de retribución o si, en cambio, pretendemos algún objetivo de rehabilitación y reinserción social? Si vos me preguntás qué sentido de rehabilitación o reinserción puede tener la persona que tiene más de 70 años, que aparte están por delitos vinculados a la dictadura militar, es muy probable que nunca más tengan vínculo con un golpe de estado y tampoco tengan oportunidad de cometer ningún delito por el que están presos. O sea que no tienen ningún grado de peligrosidad. Esa gente evidentemente no está por ninguna razón que no sea la estricta retribución del castigo», indicó Ojeda. No obstante, sobre el proyecto de ley a estudio del Parlamento consideró que las reglas «deberían ser las mismas para todos, porque las funciones de la pena no son diferentes según quién comete los delitos».
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