La fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, doctora Mónica Ferrero, compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para exponer la solicitud presupuestal de la Fiscalía General de la Nación para el año 2025. En una intervención por momentos cargada de pasión, Ferrero detalló las limitaciones financieras que enfrenta la institución, las cuales son graves según relató.
El presupuesto base asignado a la Fiscalía para 2025 asciende a $ 2170 millones, equivalentes a unos US$ 54 millones. Este monto se distribuye en tres rubros principales: remuneraciones ($ 2098 millones, 96,7%), gastos de funcionamiento ($ 65 millones, 3%) e inversiones ($ 6,5 millones, 0,3%). Para la Fiscalía los $ 65 millones destinados a gastos de funcionamiento son “absolutamente insuficientes” para responder a las demandas impuestas por la reforma procesal penal implementada en 2017. Desde entonces, la institución ha solicitado incrementos presupuestales en cada Rendición de Cuentas, sin obtener respuestas satisfactorias. Se explicó que la Fiscalía está funcionando con el ahorro de los cargos que no se llenan, indicándose que “no podemos seguir así. Es imposible; es imposible seguir así”.
Ferrero destacó que, desde la descentralización de la Fiscalía, los incrementos presupuestales no han acompañado el crecimiento de las responsabilidades, lo que ha generado un déficit estructural. “Por favor, con la mano en el corazón: piensen en algo porque no podemos estar así”, imploró ante los legisladores, evidenciando la urgencia de una solución.
Cibercrimen: el delito del futuro
Uno de los pilares de la solicitud presupuestal es la creación de fiscalías especializadas en cibercrimen, un área que Ferrero calificó como “el delito del futuro”. La fiscal advirtió que los delitos informáticos están en auge en Uruguay, afectando a ciudadanos de todos los estratos. “Hoy la realidad del Uruguay es que la mayoría de los delitos se están dando por medios informáticos, y lo saben porque ha habido estafas utilizando nada más ni nada menos que la identificación y la cara del presidente de Uruguay –lo cual no es poca cosa– y no solo del presidente, sino también de legisladores, compañeros de ustedes”, señaló.
Ferrero propuso la creación de dos fiscalías de cibercrimen, aunque expresó su preocupación por la viabilidad de que se esté creando una sola. Al respecto alertó: “Si me van a dar una sola fiscalía de cibercrimen, recuerden que fue el poder político el que reclamó en el pasado que las denuncias que ingresaran a la fiscalía lo hicieran por el sistema de la aleatoriedad, que no se está dando. Esto conlleva a que el fiscal que sea designado en esa fiscalía va a atender los delitos económicos, pero también va a tener que atender todo el tema de la pornografía infantil y los delitos de género”. Sostuvo que una sola fiscalía de cibercrimen podría colapsar el sistema.
En este contexto también alertó sobre la vulnerabilidad de los menores en el entorno digital. “He tenido, en mi larga carrera, grandes casos, donde a través de las redes personas se hacen pasar por niños, interactúan con niños, porque hoy los niños a cierta edad acceden a celulares, y no solamente acceden a celulares, sino también a una computadora, y mentira que los padres están todo el día encima de sus hijos controlando lo que surge de esa computadora o de ese celular”, indicó.
Narcotráfico y crimen organizado
Con trayectoria en la persecución de organizaciones criminales, Ferrero compartió experiencias personales que ilustran los riesgos de la labor fiscal. “Yo, en el cumplimiento de mi función, he sufrido los ataques de organizaciones criminales, y fuertes. No solamente sacarme un brazo (en una falsa rapiña), estar con todo el cuerpo totalmente negro, y seguir adelante. Es la función, uno tiene que asumirla como ustedes la asumen, y seguir adelante”. También manifestó: “Nuestros fiscales de droga dan la cara. Van a las audiencias y dan la cara. Yo voy y doy la cara. Tengo los narcos al lado haciéndome todo tipo de señas de muerte y, sin embargo, sigo adelante”.
Por esto Ferrero insiste en la creación de una escuela de fiscales como una prioridad estratégica, lo cual está contemplado en la ley presupuestal. Dijo al respecto: “Sigo peleando. Quiero una escuela de fiscales para nuestro país, para vencer también el miedo de enfrentar ciertas causas que pueden amedrentar a los fiscales. La escuela fortalece, la escuela une, la escuela forma”. La falta de formación adecuada lleva a errores graves, como órdenes inapropiadas en casos de extorsión vinculados al narcotráfico. Ferrero relató casos en los que fiscales nuevos, sin experiencia, dieron instrucciones incorrectas a la Policía, como desalojar propiedades sin el aval de un juez, lo que pone en riesgo la validez de los procedimientos.
Estafas: un delito en explosión
Otro punto crítico de la solicitud presupuestal es la creación de dos fiscalías especializadas en estafas, en respuesta al aumento alarmante de este delito. Las denuncias por estafas pasaron de 6500 en 2018 a más de 31.000 en 2024, un incremento de casi cinco veces, que posiciona a las estafas como el tercer delito más frecuente en el país. La Encuesta Nacional de Victimización revela que solo el 12% de las estafas se denuncia, lo que sugiere que el problema es aún mayor. “Si han estafado a profesionales como puede ser un abogado, imagínense ustedes cómo será para la población común”.
Propuestas adicionales para fortalecer la Fiscalía
La solicitud presupuestal de la Fiscalía incluye otras medidas consideradas clave, como la creación de ocho cargos administrativos para mejorar la atención al público, diez fiscalías de refuerzo para las sedes de turno único en el interior, y la restitución del cargo de fiscal inspector para fortalecer el control interno.
Sobre las fiscalías de refuerzo, hay diez sedes del interior (Bella Unión, Young, Dolores, Rosario, Carmelo, Paso de los Toros, Flores, Toledo, Río Branco y Chuy) con un solo fiscal, un único turno. Cuando tiene que sacar licencia, quedan los adscriptos. La situación es tan caótica que fue descrita por Ferrero. Relató que “ha venido incluso un jefe de Policía recientemente a plantearme que cuando les piden a los fiscales para hacer procedimientos, ellos les dicen: ‘Deme un tiempo. Mire la agenda; mire los juicios’. Así no podemos atender la violencia. Si le estamos diciendo que lo hacemos con agenda, yo me pongo en la situación del jefe. Pero, yo le dije: ‘Póngase también en la mía. Tengo un fiscal que está con un solo adscripto. ¿Cómo va a hacer todos los procedimientos e ir a un juicio por homicidio? ¡Imposible!’. Esa es la crítica realidad que estamos padeciendo”.
También desde Fiscalía se solicita la habilitación legal para que los fiscales accedan al Registro Nacional de Antecedentes Judiciales y el destino de fondos incautados sea destinado a la capacitación de fiscales. Además, la Fiscal de Corte destacó la necesidad de traductores públicos y contadores especializados para agilizar investigaciones, especialmente en casos de narcotráfico y lavado de activos. En este punto relató: “He tenido un caso de montenegrinos, en el que la traductora fue una florista que tiene padres en Montenegro y fue la única que aceptó la sede para traducir. O sea, ¡todas esas dificultades tiene la Fiscalía! Y si no, tenemos que pagar, porque no vamos a dejar de ejercer justicia por ello. Ese es el flagelo, la debilidad que también ven las organizaciones”.
Desde la Fiscalía también se propone la creación de cuatro fiscalías de ejecución, que entre otras labores investigaría delitos en centros carcelarios, un ámbito donde el narcotráfico y el crimen organizado tienen un impacto significativo. “El narcotráfico capta jóvenes uruguayos que son primarios, […] les ofrecen un auto”, explicó, ilustrando cómo personas vulnerables, terminan involucradas en redes criminales. Según explicó estas fiscalías permitirían un control más efectivo de las actividades delictivas dentro de las cárceles para “también hacer investigaciones por el lado de los centros carcelarios. Eso no es menor. Con la mano en el corazón les digo: aunque sea una”, suplicó la fiscal.
Salud mental de los fiscales
Ferrero no ocultó el impacto humano de la falta de recursos: “Yo tengo cada vez más solicitudes de licencia por salud mental, por burnout; ese es el diagnóstico”. La sobrecarga de trabajo, con fiscales manejando hasta diez juicios simultáneamente, “está generando un desgaste insostenible”. La fiscal también lamentó la pérdida de profesionales capacitados. “Estamos perdiendo fiscales que capacitó el Estado, que ya tienen su trayectoria. Miren que ya se están yendo, no estoy inventando que se van a ir; ya se fueron algunos”, dijo Ferrero y otro punto que preocupa es la solicitud de funcionarios que pasan en Comisión a otras dependencias del Estado. “Me senté en mi cargo y al segundo día ya me sacaron dos funcionarios sin ni siquiera levantar el teléfono para decirme: ‘Fiscal, le vamos a sacar a dos’. Me hubiera encantado, porque yo hubiera entendido: si está la norma y tienen derecho a sacarla, saquemos, pero un mínimo respeto de levantar y decir: ‘Fiscal, lo necesitamos por esto’ hubiera sido muy bueno. Después, sacaron otra y otra: al final fueron siete, sabiendo cuál es la realidad de la Fiscalía”, relató.
Para finalizar, la fiscal dijo: “Todos podemos ser daño colateral y cada vez más lo estamos siendo. Sin dinero va a ser muy difícil que combatamos la delincuencia –créanme que va a ser muy difícil–, incluido el lavado de activos”.
