El diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto de ley que busca exigir la presentación de certificados de libre de deudas para quienes asuman cargos políticos o de particular confianza.
La iniciativa, que abarca desde la administración central hasta los gobiernos departamentales, surge en un contexto marcado por recientes controversias vinculadas a la situación fiscal de figuras públicas, como la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim. El proyecto tiene como objetivo promover la transparencia y la responsabilidad fiscal en la gestión pública.
Cairo enfrentó cuestionamientos públicos tras revelarse que no tenía regularizado el terreno donde vive y en el que hay cuatro viviendas, además de no pagar el Impuesto de Primaria. Esto la llevó a tener que presentar su renuncia tras críticas no solo desde la oposición, sino también desde el propio Frente Amplio. En el caso de Arim, este reconoció que una casa que tiene en el balneario Solís (Maldonado) no tiene el final de obra desde hace varios años, lo cual lo exime de pagar el Impuesto de Primaria. El presidente Yamandú Orsi lo consideró “un caso cerrado”, ya que creyó válidas las explicaciones del director de la OPP.
Ambos hechos han reforzado la percepción de que los funcionarios públicos deben demostrar un historial fiscal impecable. Estos casos han alimentado la discusión sobre la ética en el ejercicio de cargos públicos y han dado impulso a la iniciativa de Schipani, que busca establecer requisitos claros para evitar situaciones similares en el futuro.
“El proyecto surge a partir de estos últimos casos que han tomado notoriedad y básicamente la expectativa es que el Parlamento pueda aprobarlo”, expresó Schipani a La Mañana. Según el diputado colorado, el objetivo es que los funcionarios presenten, en un plazo de 60 días tras asumir sus cargos, una declaración que incluya impuestos nacionales, aportes al BPS, el Impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad, este último si correspondiese. En caso de existir deudas, podrán realizar un convenio de pago dentro de ese período, lo que se considerará como estar al día con las obligaciones tributarias.
El diputado destacó la importancia de la responsabilidad fiscal de quienes gestionan recursos públicos. Al respecto sostuvo: “Quienes ejercemos responsabilidades políticas debemos tener un estándar de responsabilidad mayor que el de cualquier ciudadano. Desde el sistema político hay que dar señales, hay que inculcar con el ejemplo y esta ley justamente va en esa línea”.
Consultado sobre el apoyo que el proyecto podría recibir, el diputado indicó que ha conversado con su bancada y que fue analizado por el Comité Ejecutivo del Partido Colorado. “Creo que hay ambiente como para que el partido lo apoye”, afirmó, aunque señaló que aún no ha dialogado con otros partidos. “Seguramente en la comisión correspondiente se conversará y yo aspiro a que esto sea tratado y pueda ser aprobado”, añadió.
Sobre la ausencia de una normativa similar hasta el momento, Schipani comentó: “Quizás no prestamos atención a estos hechos y lo cierto es que tampoco habíamos tenido casos tan notorios como los que hemos tenido en estos últimos días”. Añadió que los casos recientes han servido para “prender las alarmas” y generar un aprendizaje que impulse legislación al respecto.
El diputado aclaró que el problema de las deudas tributarias no es exclusivo de los integrantes de un partido político: “Esto no es patrimonio de nadie, esto le puede pasar a cualquier partido político y por eso estamos planteándolo para que abarque todos los partidos”.
Sostiene que la iniciativa “se inspira en principios republicanos y éticos, y no implica discriminación ni exclusión, ya que contempla la posibilidad de regularizar deudas y seguir desempeñando el cargo con normalidad”.
En la exposición de motivos, el legislador manifiesta que con esta iniciativa “de lo que se trata es de afirmar una regla básica: quien administra los recursos de todos debe, al menos, estar al día con sus propias obligaciones con el Estado”. A esto agrega que “en un contexto de desconfianza hacia la política, esta medida contribuirá a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y sus representantes, elevando los estándares de integridad pública y reforzando la cultura del cumplimiento”.
El proyecto ingresó en el Parlamento, donde primero será analizado en una comisión antes de pasar al plenario de la Cámara de Diputados. De aprobarse en ambas cámaras, la normativa entraría en vigor de inmediato, obligando a los funcionarios mencionados a presentar las declaraciones correspondientes. “Es en el momento que entraría en vigor”, confirmó Schipani.
Los detalles del proyecto
El proyecto consta de siete artículos. El primero establece que toda persona que asuma un cargo político o de particular confianza en organismos del Estado, incluyendo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales y Personas Públicas No Estatales, deberá presentar, dentro de los 60 días corridos desde su asunción, certificados que acrediten no tener deudas exigibles con la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Impuesto de Enseñanza Primaria y el Fondo de Solidaridad.
El segundo artículo dispone que, en caso de no presentar los certificados requeridos en el plazo estipulado, el organismo correspondiente retendrá la totalidad de los haberes del funcionario hasta que se regularice la situación. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de la obligación mediante una sanción económica directa.
El tercer artículo establece que la presentación de los certificados es una responsabilidad personal e indelegable del funcionario. No se aceptarán justificaciones basadas en problemas administrativos o de gestión interna del organismo para excusar el incumplimiento.
El artículo cuatro permite que aquellos funcionarios que estén regularizando deudas mediante convenios vigentes y al día con los pagos presenten una constancia emitida por los organismos respectivos. Esta constancia será considerada equivalente al certificado de libre de deuda, ofreciendo flexibilidad para quienes cumplan con planes de pago.
El quinto artículo obliga a los organismos públicos a informar a la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el cumplimiento de esta disposición. La Junta será responsable de supervisar la aplicación de la ley, fortaleciendo los mecanismos de control.
En el artículo seis se establece que los funcionarios que ocupen cargos políticos o de particular confianza al momento de la entrada en vigor de la ley deberán presentar los certificados dentro de los 60 días corridos posteriores. En caso de incumplimiento, se aplicará la retención de haberes prevista en el artículo dos. El último artículo indica que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 90 días desde su promulgación, asegurando su correcta implementación y supervisión.
