El Poder Judicial dio lugar a un recurso de amparo contra la construcción de la segunda planta por falta de permisos ambientales. Mientras el diputado Eduardo Lust afirma que “el proyecto ya cayó”, desde una de las empresas constructoras aseguran que las obras no peligran su continuidad.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentó un recurso de amparo para frenar la segunda planta de UPM por falta de permisos ambientales. Movus apunta que UPM no presentó el Plan de Monitoreo Ambiental, que debía determinar la situación anterior al proyecto de la planta en su área de influencia, que permita el posterior seguimiento de las distintas fases del mismo. La falta de este estudio haría que no se puedan evaluar después sus impactos reales.
El representante por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, explicó a La Mañana que el recurso presentado el jueves por el movimiento -al cual pertenece- fue en virtud de que el 14 de noviembre de 2019 venció el plazo para que UPM presente los informes relativos a las “cinco condiciones ambientales” que tenía que cumplir. Para el diputado cabildante, la no presentación de estos informes técnicos y ambientales constituye un “riesgo de violación a los derechos humanos”.
Otro de los requisitos omitidos por la empresa finlandesa que señalan los ambientalistas es un informe técnico que dé garantías respecto a la dilución de los 107 millones de litros de efluentes que la planta de celulosa volcará a diario en el Río Negro. La Dirección Nacional de Medio Ambiente había establecido -siendo bastante tolerante según Lust- que la zona de mezcla “no puede tener más de 1.000 metros de largo, y que no debe llegar a las márgenes del Río Negro”.
El Movus advirtió que “apremiado por cumplir los plazos acordados en el contrato (cuando UPM no había confirmado aún su decisión de inversión), el gobierno anterior autorizó la planta de celulosa a condición de que la empresa completara después elementos clave del proyecto. Sin embargo, UPM inició la construcción de su se segunda planta sin cumplir esos requisitos, algunos de los cuales “definen la viabilidad o no del proyecto”, por lo que “no puede seguir adelante si no se cumplen esas condiciones fundamentales”, sostienen. Lust afirmó que la semana que viene habrá una audiencia y, “si UPM no presenta los permisos -que no los tiene- el juez va a ordenar parar la obra”, afirmó.
Este martes, según informó el diario El País, la Justicia hizo lugar al recurso de amparo presentado por Movus. De acuerdo a la información al mediodía un alguacil le entregó una citación a UPM para que la compañía se presente a la audiencia que se llevará adelante el próximo jueves de tarde, momento en que la jueza puede dar la orden de detener las obras de UPM2 o postergar la decisión.
Este amparo se suma a la denuncia penal presentada por el diputado Eduardo Lust, por la que exjerarcas declararon esta semana en fiscalía por cambiar en el contrato el canon por el uso del ferrocarril central. Lust también presentará una denuncia por el derrumbe en una casa de Paso Molino y confía en que estas acciones desembocarán que la justicia ordene el cese de las obras, de un proyecto que para el diputado “ya se cayó”.
Multas, atrasos y sobrecostos
Por su parte, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, señaló hace dos semanas en rueda de prensa, que estaban “por aprobarse” una autorización ambiental de todo el proyecto, y un par de proyectos dentro del macro proyecto de Paso de los Toros”.
El ministro Peña también informó que el gobierno aplicará a la empresa una cuarta multa vinculada a la construcción de la segunda planta de celulosa, aunque precisó que “ninguna tiene que ver con cuestiones ambientales”. Explicó que los “apercibimientos” fueron por unas piletas construidas en Paso de los Toros, por utilizar un camino que no era el indicado, y otro por el exceso de polvo que perjudicó a vecinos de la zona donde se construye la planta.
No obstante, Peña sostuvo que está en trámite una sanción por no haber presentado a tiempo la evaluación de impacto ambiental de uno de los proyectos, relativo al transporte de la maquinaria desde Fray Bentos a Paso de los Toros”.
Otro de los ministerios que debe lidiar con las contingencias y los imprevistos del proyecto UPM 2, es el de Transporte y Obras Públicas. Su titular, Luis Alberto Heber, informó al Parlamento que deben hacerse un total de 1.040 expropiaciones en vez de las 255 que había calculado erróneamente una consultora escandinava contratada por UPM en su momento.
Ese mal cálculo, sumado a varias obras adyacentes que tampoco advirtieron de antemano (se preveía que serían 187 intervenciones y al final resultaron ser unas 1.500), repercutirán en un atraso de las obras de entre 6 y 8 meses, y un sobrecosto que las empresas constructoras que conforman el consorcio Grupo Vía Central todavía no cuantificaron. Tampoco se está definido quien se encargará de asumir esos sobrecostos.
Además, Heber manifestó en la Comisión de Presupuesto que están haciendo “un gran esfuerzo para que las intermediaciones -entre los dueños de los predios y el gobierno- y los movimientos de tierra no nos hagan alargar el período de entrega, y poder llegar en fecha a setiembre de 2022”. El ministro manifestó que la “situación nos preocupa mucho, porque tenemos problemas de multas y no quiero terminar con juicios”, señaló. Asimismo desde el gobierno se busca detectar cómo la administración anterior no pudo advertir esos errores.
Exjerarcas de Presidencia y la OPP declararon por cambios en el contrato
A raíz de la denuncia penal presentada en julio por Lust, la semana pasada el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez, indagó al exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, al exprosecretario, Juan Andrés Roballo y al exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, que son investigados por la presunta conjunción de interés público y privado, abuso de funciones y fraude, delitos contemplados en el Código Penal.
La denuncia fue por el cambio de canon en el pago de la utilización de las vías férreas. Lust entiende que esa modificación por el cual se bajó por 100 la cantidad que le pagaban a Uruguay por el traslado del material de la empresa por kilómetro y tonelada en el Ferrocarril Central “viola el propio contrato”; lo que generó un “perjuicio económico para la administración”, aseguró el diputado.
El documento en español establecía que el precio que iba a pagar UPM por tonelada y por kilómetro, en el tren desde Fray Bentos a Montevideo, sería de medio dólar, pero luego ese canon se modificó a medio centavo de dólar.
Según informó El País, los exjerarcas indagados adujeron que hubo “errores de tipeo” en el contrato, cuando se tradujo el documento del inglés al español. Señalaron que “fuimos denunciados penalmente por no hacerle trampas a UPM”. Aseguraron que el precio acordado con UPM “es superior al del Plan Estratégico de AFE y más elevado que el que se paga en países europeos”, y que presentarán al fiscal la documentación probatoria. Lust, explicó que si no logran probar que para tomar esa decisión tuvieron un informe jurídico, incurren en la figura penal.
En las próximas semanas serán citados a declarar otros exgobernantes involucrados como el exministro Transporte, Víctor Rossi, exministro de economía, Danilo Astori y la exministra de Vivienda, Eneida De león. Además, el fiscal Rodríguez citará dos ejecutivos de la empresa finlandesa.
Por otra parte, en una entrevista en TNU, el senador colorado, Tabaré Viera, se preguntó si algunas de las decisiones tomadas por los exjerarcas como las vinculadas al contrato de UPM, no tienen que terminar con un juicio civil al expresidente Vázquez y a los otros exjerarcas de Presidencia, ya que “está previsto por la Constitución que los funcionarios públicos tenemos responsabilidad civil”, y puso como ejemplo los sobrecostos de las obras. “Hubo decisiones que nos van a costar más y de pronto ameritarían una denuncia civil para que quien tomó decisiones equivocadas o gestionó mal, sea responsable”, indicó el senador.
Saceem: “no hay ningún riesgo de continuidad de las obras”
Desde la empresa de construcción Saceem, integrante del Consorcio Vía Central, se indica que el proyecto del Ferrocarril Central “sigue en marcha y a buen ritmo”. Consultados por La Mañana, señalan que se construyeron todos los obradores y ya se está produciendo en las plantas de soldadura y fabricación de durmientes. Los principales suministros y equipos están comprados y están empezando a llegar. Además, se están resolviendo interferencias con los servicios públicos y se han comenzado los movimientos de suelos para construir la plataforma de apoyo, con la construcción ya iniciada de puentes.
Respecto al atraso, desde la empresa apuntan que “no se puede cuantificar aun porque justamente están buscando modificaciones en el proyecto y formas de mitigar eso”. “Quedan dos años de trabajo y es muy prematuro decir esto”, añaden. Además, advierten que “lo más crítico son las expropiaciones que pueden dificultar los trabajos sin contar con la liberación del 100% de la traza”.
Sobre los recursos judiciales, aseguran que “no hay ningún riego con la continuidad de las obras” y aclaran que “siempre se puede cambiar el trazado” del ferrocarril pero “hay que medir los impactos en plazos y costos”.
Derrumbe en una vivienda de Paso Molino por obras de acceso al puerto
En el marco de las obras del Ferrocarril Central en los accesos al Puerto De Montevideo, el jueves pasado dos personas (un niño y su madre) resultaron heridas tras el desplome de una pared que cayó sobre una casa de Paso Molino.
“Están escavando a 14 metros de profundidad a 4 metros de las viviendas y no hay edificio que pueda aguantar eso” sostuvo Lust, y advirtió que “muchos edificios ya están rajados y muchos se van a derrumbar”. El diputado cabildante dijo que presentará una nueva denuncia penal por el derrumbe, “porque hay una infracción gravísima, un niño de 12 años quedó atrapado en los escombros”.
Desde Saceem, en tanto, declaran que el derrumbe “se debió a que se están haciendo demoliciones con propiedades linderas que ya deberían estar expropiadas hace tiempo, lo que no justifica que no haya que tomar siempre todos los recaudos para minimizar los riesgos”.
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