Durante la sesión, el interpelante y los demás diputados expusieron sus posiciones, y los interpelados explicaron los puntos negativos del acuerdo negociado por sus antecesores e hicieron público los detalles del mismo.
El diputado Eduardo Lust convocó a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira; a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; y al ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber.
El llamado fue impulsado por el representante para recibir información actualizada sobre el proyecto UPM2, respecto a la afectación en materia de ordenamiento territorial y medio ambiente y sobre los costos que Uruguay debe afrontar para la instalación de la planta. También se apuntó al tema de la financiación, las autorizaciones y la regularidad de las franquicias y beneficios tributarios otorgados, en virtud del ordenamiento jurídico que lo habilitaría; y los contratos anexos relativos a suministro, compra, distribución de energía eléctrica; obras viales, ferroviarias y portuarias que Uruguay se obliga a hacer en beneficio de dicho emprendimiento.
Los cuestionamientos que hizo el diputado interpelante
La sesión en la que se interpeló a los cuatro ministros se extendió desde las tres de la tarde del miércoles 3 hasta casi las siete de la mañana del jueves 4, y comenzó con una exposición de alrededor de tres horas el diputado interpelante. En la misma Lust cuestionó que el anterior gobierno firmó el contrato con UPM en noviembre de 2017 sin informes jurídicos. El diputado aseguró que “no hay informes, porque cuando el anterior Parlamento los solicitó al gobierno pasado, Presidencia de la República contestó que no tenía obligación de responder”.
A su vez, señaló que en abril de 2018 “los secretarios de Presidencia del gobierno de Vázquez y los ejecutivos de UPM cambiaron el contrato, lo que implicó que el Estado uruguayo perdiera 700 millones de dólares”. El diputado advirtió que ello se pondrá en conocimiento del Poder Judicial, por lo que al final de la sesión se decidió pasar la versión taquigráfica a la Fiscalía debido a que en sus afirmaciones Lust esgrime presuntas irregularidades cometidas por funcionarios públicos.
En su discurso, Lust manifestó que el contrato firmado por la administración anterior “genera beneficios para la empresa pero no para Uruguay”; y dijo que desde la empresa finlandesa se desconoce la realidad del interior de nuestro país. El diputado alertó que las grandes multinacionales solo vienen por lo material. Sobre UPM señaló que “nos desprecian, vienen solo por nuestros recursos”.
Lust fue muy crítico con las concesiones que se le hacen a la empresa respecto a los recursos como el agua y la electricidad, y otras particularidades como la exoneración de pagar multas de tránsito a sus camiones, entre otros beneficios. “A la planta de celulosa le interesa el agua dulce gratis”, dijo el legislador; y aseguró que la nueva planta consumirá, para diluir sus ácidos, la misma cantidad de agua dulce que por día consumen Uruguay, Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. El diputado también indicó que la empresa finlandesa debería pagar 1,5 millones de dólares por día de tasa de saneamiento, “pero es claro que no pagará”.
Otra preocupación que puso sobre la mesa el diputado de Cabildo Abierto (CA) fue sobre el trazado del tren que conectará a la nueva planta con la capital del país, la que “afectará a alrededor de 38 mil personas” y generará divisiones en centros urbanos, mencionó Lust, por lo que presentó una propuesta alternativa. Semanas atrás el senador Guido Manini Ríos, en una entrevista concedida a Nelson Fernández en Séptimo Día, expresó que el trazado ferroviario debió haberse hecho hacía el Río Uruguay, sobre Nueva Palmira puntualmente; pero esta se hace hacia Montevideo “porque la empresa lo exigió, ya que acá puede llenar totalmente los barcos -de celulosa- y en Nueva Palmira no”, explicó.
La palabra de los ministros interpelados
Primero, Arbeleche se desmarcó de lo dicho por Lust porque “muchos de los cuestionamientos que nos hacía el diputado refieren al desempeño del gobierno anterior”. No obstante, la ministra compartió con Lust ser “muy críticos con la forma en que el gobierno anterior manejó las negociaciones”. Entiende que “faltó transparencia” en las distintas etapas de las mismas y “faltó un análisis exhaustivo de los distintos costos y beneficios que esta inversión trae para el país”.
Arbeleche indicó que la administración anterior “tuvo como única agenda de desarrollo a la empresa UPM, lo que terminó que al final de la administración tuviéramos resultados muy malos en materia de crecimiento de inversión, de empleo y de desarrollo social”. Agregó que el anterior gobierno “fue rehén de su incapacidad para generar condiciones que hicieran posible un verdadero proceso virtuoso de crecimiento económico” y aseguró que negoció el contrato con UPM “desde esa posición de debilidad».
La economista también manifestó sus discrepancias sobre algunas concesiones del gobierno de Tabaré Vázquez. Por ejemplo, respecto a la exoneración que se le otorgó a la empresa Forestal Oriental por 16o millones de dólares, por concepto de IVA compras, además de 120 millones de exoneración de tributación de IRAE.
La ministra dejó en claro que “el gobierno respeta las obligaciones asumidas por las administraciones pasadas” porque «somos coherentes con nuestra visión de país que tiene como premisa fundamental la estabilidad y la fortaleza institucional. El mantenimiento de las reglas del juego y la previsibilidad en cuanto al accionar del Estado para que todas las personas puedan trabajar e invertir con certeza y confianza», sostuvo. Arbeleche agregó que “será clave para recuperar nuestra economía luego de la crisis” generada por la pandemia, mostrarnos como un país donde se respetan los contratos y los derechos”.
Cifras del contrato
Arbeleche informó que la segunda planta de UPM empleará a unas 6 mil personas en el pico de la construcción y a unos 3 mil doscientos en obras de infraestructura, además de 10 mil puestos de manera permanente, señaló. La titular del MEC informó que la cifra total de la inversión del proyecto UPM2 es de 3.070 millones de dólares. Indicó que el costo del Ferrocarril Central para Uruguay será de 839 millones, pero como se pagará por el régimen de Proyecto Público Privado el mismo ascenderá a 2.135 millones en un lapso de 14 años. Según algunas estimaciones de la empresa finlandesa señaladas por Arbeleche, la industria generará 1.000 millones de exportaciones y un 2,5% de suba del PIB.
Por su parte, Paganini describió algunos detalles del contrato entre la empresa finlandesa y UTE que se suscribió en 2018. Si bien destacó la política energética del anterior gobierno que incorporó fuentes renovables, criticó que el acuerdo anterior se hizo “comprometiendo más compras que la demanda requería”.
El ministro señaló que en el contrato de inversión firmado en 2017 se obliga a UTE a comprarle el excedente de energía generado por la planta de UPM a un precio de 72,5 dólares el MW por hora, por un volumen anual de un teravatio por hora. Por eso Paganini advirtió que “tenemos una central en Punta del Tigre que costó 800 millones de dólares y la usamos el 8% del tiempo en promedio y esa central hoy generaría energía más barata que la que está en la compra de UPM”.
Estudios medioambientales y expropiaciones
En tanto Moreira indicó que “en esta interpelación deberían estar otros cuatro ministros”, en referencia a Danilo Astori, Víctor Rossi, Carolina Cosse y Eneida de León. “Nosotros tomamos esta criatura ya nacida”, dijo la ministra y manifestó su compromiso con el cuidado de los recursos naturales del país, además de detallar los estudios ambientales realizados por el MVOTMA y la DINAMA para la instalación de la nueva planta de celulosa de la empresa UPM.
Moreira destacó el énfasis puesto en la defensa del medio ambiente y en particular de los recursos hídricos. Por ejemplo, sobre el sistema acuífero guaraní, mencionó que solicitó un dictamen al Centro regional para la gestión de aguas subterráneas de América Latina y el Caribe, organización de Naciones Unidas.
La ministra añadió que el informe del geólogo Alberto Mangarelli concluye que la nueva planta “no causará ninguna afectación”. Al mismo tiempo, comunicó que en acuerdo con el presidente Luis Lacalle Pou, se aprobó un decreto que deroga la “ley mordaza” para “liberar” los resultados de investigación científica en el medio acuático.
Por último, hizo uso de la palabra el ministro de Trasporte y Obras Públicas. Heber dijo que su cartera asume la responsabilidad de culminar la obra del ferrocarril central en tiempo y forma, a principios del 2022. El ministro manifestó que no está en contra de la construcción del tren, “sino de lo que sale”, explicó.
Además fue muy duro respecto a los elevados costos que representan las expropiaciones necesarias para construir el trazado de 273 kilómetros de vía férrea entre Montevideo y Paso de los Toros, que es “más del doble de lo estipulado”, dijo Heber. Señaló que los predios a expropiar son muchos más que lo 250 estimados por la administración anterior. Hasta ahora se llevan concretadas 700 expropiaciones informó el ministro que tuvieron un costo de 50 millones de dólares, pero advirtió que será necesario expropiar otros 400 terrenos, lo que conllevará otros 35 millones de gastos extras, aseguró Heber.
Arbeleche indicó que la administración anterior “tuvo como única agenda de desarrollo a la empresa UPM
En el momento más tenso de la sesión Heber denunció que muchas de las cláusulas del contrato firmadas por el gobierno anterior “son inaceptables e indignas”. Además mencionó que “la adjudicación definitiva de la obra se otorgó el 30 de abril de 2019”, pero en una interpelación que Luis Lacalle Pou realizó a cinco ministros en noviembre de 2017 ya se hablaba de expropiaciones. Por lo que Heber cuestionó: “¿Ahí ya estaban en condiciones el ministro Rossi y Astori de decir que había 250 expropiaciones? ¿Cómo sabían si no había estudio?”.
Mociones y conclusiones finales
Finalmente, los representantes votaron las mociones presentadas por el Partido Nacional y el Frente Amplio, en respaldo de las explicaciones de los ministros, la primera siendo aprobada por un total de 56 votos afirmativos de los 91 presentes. La moción de la oposición acompañó el respaldo a los ministros, pero también se refirió a lo hecho por la administración del anterior gobierno que “confirman el rumbo correcto de lo actuado por el gobierno anterior”, indicaba el texto.
Luego de la interpelación, el diputado Lust manifestó estar satisfecho con los ministros porque informaron, “pero no sobre lo que informaron”. Aseguró que si bien el sistema político ya no va a poder parar la construcción de la nueva planta de UPM, posiblemente en el futuro “la va a parar la naturaleza, el ser humano informado y los jóvenes ambientalistas”. Agregó que “el Poder Judicial tiene la posibilidad de hacerlo porque es la reserva moral y ética de una República”. Lust dijo estar a disposición por si lo cita la Fiscalía por las irregularidades jurídicas que denunció del anterior gobierno durante su exposición en el Parlamento.
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