Preocupados por el crecimiento de las ocupaciones ilegales de terrenos y una laxa actuación judicial, dos representantes del Partido Nacional impulsan cambios en la legislación para generar herramientas que agilicen las desocupaciones y evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.
El representante de Maldonado por el Partido Nacional (PN), Rodrigo Blás, presentó un proyecto de ley que prevé “generar un proceso civil breve y ejecutivo para facilitar el real cumplimiento de los cometidos de policía de la edificación y territorial que incumbe a las intendencias departamentales”.
La iniciativa denominada Sistema abreviado y ejecutivo de desalojo de predios públicos y privados por acción legítima de los gobiernos departamentales –elevada a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, el pasado 11 de mayo– pretende “evitar la ocupación de terrenos o viviendas públicas o privadas más allá de la consideración penal cubierta por la ley de usurpación”, debido a que la legislación vigente “no alcanza” para cubrir muchas otras formas de ocupación de propiedades públicas y privadas y “no permite” asegurar a las intendencias el cumplimiento de su tarea de “policía del territorio”.
Por tal motivo, el diputado Blás estipula en este proyecto de ley la generación de “elementos rápidos y de fácil aplicación que protejan a públicos y privados del desapoderamiento de sus bienes”, lo que en muchos casos ocasiona “dificultades en el ordenamiento territorial y planificación urbanística” en sus territorios. En este sentido, el proyecto modifica el artículo 69 de la ley de Ordenamiento Territorial (N° 18.308) para solucionar “problemas de aplicación” de esta norma.
La iniciativa pretende eliminar “contradicciones” de una ley que se presenta “rígida y de difícil aplicación, enunciativa y con poca efectividad” y, a su vez, pretende crear un “procedimiento específico” para hacer factible lo dispuesto legalmente con “celeridad y eficacia”. Además, el texto hace hincapié en la necesidad de “evitar la constitución de asentamientos irregulares”, regulando el procedimiento por el cual las intendencias se dirigen al Poder Judicial, a efectos de poder detener la ejecución de obras, demolerlas o desocupar los inmuebles.
Otro proyecto en puerta que busca coordinación de organismos públicos
Por su parte, el también diputado fernandino por el PN, Diego Echeverría, prepara un proyecto de ley “complementario” al presentado por Blás, que facilite herramientas civiles para que las intendencias puedan evitar las ocupaciones ilegales y, al mismo tiempo, lograr una articulación estatal para actuar a tiempo.
En diálogo con La Mañana, Echeverría manifestó que “cuantas más herramientas tengamos y más actores tengan legitimidad activa para iniciar acciones, mejor”. Para el legislador lo que falta en el Estado es más “coordinación y cooperación”.
En ese sentido, Echeverría se reunió días atrás con jerarcas del Ministerio del Interior (MI), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y el Ministerio de Ambiente (MA) para acercar visiones sobre esta problemática. El diputado nacionalista manifestó que si bien se han ido construyendo las herramientas civiles necesarias, no presentará el proyecto de ley hasta que el mismo tenga “el aval y la legitimidad de varios actores fundamentales”.
Para lograr esos consensos y realizar coordinaciones operativas, Echeverría se reunió con el ministro Jorge Larrañaga el lunes (17), “porque en esto es importante la opinión y hasta donde puede ir el MI”; y el martes (18) con la ministra de Vivienda, Irene Moreira, “porque obviamente su rol es fundamental desde el punto de vista del ordenamiento territorial”. El diputado entiende que esta articulación es clave, porque a veces las ocupaciones “terminan convirtiéndose en asentamientos, y eso es, sin lugar a dudas, una competencia también del MVOT”, aseveró.
Asimismo, Echeverría entabló conversaciones con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, para abordar el tema desde la óptica ambiental, ya que “en muchos casos las usurpaciones significan un impacto al medio ambiente”. Además, el diputado remarcó el rol activo que deben tener los gobiernos departamentales como “policía territorial”, en sus facultades de “control edilicio”.
Exigen que Fiscalía tenga un criterio estricto para penalizar la usurpación
Echeverría recordó que el año pasado recorrió juntó al fiscal de corte, Jorge Díaz, distintos asentamientos, en zonas del departamento de Maldonado que estaban (y están) siendo “vulneradas” por usurpaciones. “Le planteamos la necesidad de que Fiscalía General de la Nación tomara un criterio estricto en la aplicación y contemplación del art. 354 del Código Penal que tipifica el delito de usurpación”.
Desde ese momento, “la situación se ha ido agravando y hoy por hoy tenemos situaciones de usurpaciones en distintos puntos del departamento y del país”. En Maldonado, “tenemos problemas en Playa Verde, Punta Negra, Punta Colorada, Sauce de Portezuelo, Balneario Buenos Aires y Santa Mónica”, motivo por el cual emitió un pedido de informe a la Fiscalía (que aún no fue respondido) “para tener datos de cantidad de denuncias y procesamientos efectivos” en esas localidades.
El parlamentario subrayó que este gobierno “sistemáticamente” ha denunciado estos casos “pero vemos que muchas de las denuncias no terminan caminando”. Echeverría entiende primordial que exista “una postura -desde el punto de vista penal- bien firme de la Fiscalía, para que existan formalizaciones a quienes usurpan, ante la denuncia que hacen particulares u organismos públicos”.
Buscan una rápida respuesta del Estado para evitar caer en “zonas grises”
Echeverría interpreta que “una cosa es quien llega a ocupar una tierra, y otra quien usufructúa con medios materiales, profesionales, económicos, haciendo de esto realmente una industria de la usurpación”. Aunque “ambas son conductas reprochables desde el punto de vista penal, en un caso es mucho más grave, porque terminan sacando un rédito económico”, aseveró el también abogado.
Consultado por las contradicciones legales que plantea el art. 65 de la Ley de Ordenamiento Territorial respecto a la prescripción adquisitiva, el diputado entiende que si no hay una reacción rápida del Estado, con el paso del tiempo “ya entramos en zonas grises, donde se empieza a discutir sobre derechos adquiridos”. Pero Echeverría sostiene que “bajo la excusa de generar derechos posesorios o generar una acción de prescripción, no se puede estar cometiendo un delito”. El representante nacional cree que “una cosa son los derechos civiles y otra cosa es una actitud con intención de violar una norma”. Entiende que en muchas de estas circunstancias “si el Estado actúa rápidamente, cuadran perfectamente en situaciones que el Código Penal tipifica como delito” de usurpación.
Según publicó en su cuenta de Twitter el abogado Andrés Ojeda (en base a un pedido de acceso a la información pública que realizó a la Fiscalía General de la Nación), entre el 2018 y el 2020 las denuncias por usurpación aumentaron 21,9%, sin embargo muy pocas terminaron con la imputación de los responsables. Desde 2018 al 26 de abril de 2021, se presentaron 4.706 denuncias por usurpación y en 1,67% de ellas (79 casos) terminaron con al menos un imputado por la Justicia.
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