El proyecto de reforma de la seguridad social que está en tratamiento parlamentario, afecta a millones de uruguayos, ya sea por su futura jubilación u otro tipo de prestaciones que se realiza desde el Banco de Previsión Social.
Pero hay un capítulo que casi pasa desapercibido y que tiene relación inclusive con hechos que sucedieron en las últimas horas.
Hace pocos días se conoció que Ta-Ta, cuyo director es el empresario argentino Francisco de Narváez, comunicó al Banco Central que se había solicitado por parte de la empresa a los tenedores de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 100 millones, un «waiver» (una dispensación) porque tendría «un posible incumplimiento» de su ratio de endeudamiento, o sea la deuda sobre su patrimonio. Este tema fue tratado en una asamblea con los tenedores de las ON y tal dispensación fue aceptada por estos.
Este 28 de diciembre El Observador informó que la empresa alega que este incumplimiento es porque sus ventas han caído 2% durante este año y recordó que el 30% de sus ingresos provienen de locales ubicados en zonas fronterizas, y ya se ha comentado lo que sucede con el comercio en el litoral.
No significa esto que Ta-Ta no cumpla con sus compromisos de repago. Si significa, que sus finanzas se han deteriorado.
El detalle en todo esto es quien colocó U$S 100 millones en ON de Ta-Ta. Se trata de República Afap. En el balance de 2021, la empresa paraestatal (propiedad del BROU, BCU y BPS) indica que en su cartera tiene U$S 106 millones en obligaciones negociables de la cadena de supermercados.
Ta-Ta en setiembre de 2021 realizó esta colocación y en octubre, el presidente del grupo, Francisco de Narváez se reunió con el presidente Lacalle Pou para anunciar que la empresa se expandiría abriendo nuevos locales y creando 1.500 puestos de trabajo. No se mencionó en la ocasión que la promocionada expansión era con los US$ 100 millones de República Afap, o sea con el ahorro de los trabajadores uruguayos (De Narváez aclaró en esa ocasión que sus inversores colocaban U$S 5 millones, o sea el 5% del riesgo).
El líder de Cabildo Abierto, senador Guido Manini Ríos, ya advertía en ese momento que «está bien lo de los 1.500 puestos de trabajo, pero también es cierto que el aumento de las grandes superficies, cadenas de farmacias, etc, significa el cierre de muchas micro, pequeñas y medianas empresas, a veces emprendimientos familiares que se mantuvieron durante generaciones».
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La reforma de la seguridad social propuesta desde el Poder Ejecutivo, amplía la posibilidad de que las Afaps inviertan en este tipo de negocios, que como ya se ve, en algunas ocasiones parecen muy riesgosos. Todo está contenido en el artículo 117 del proyecto y sus literales.
Por ejemplo se levanta la restricción de que los títulos dónde pueden invertir las Afaps coticen en un mercado formal, lo que es una garantía de transparencia en el mercado de capitales. Tal la redacción propuesta se podría invertir en cualquier estructura financiera no listada, ni acá ni en el exterior. Además, habla de “patrimonios de afectación de análoga naturaleza”, o sea permite que mañana se compren cuota partes de trusts u otras figuras jurídicas ajenas a nuestro marco jurídico continental. Asimismo, el proyecto plantea cambios a la hora de invertir en fideicomisos financieros. Antes las condiciones las fijaba el BCU, ahora será una Agencia Reguladora de la Seguridad Social.
Eso fue destacado durante la discusión del proyecto por el senador Marcos Methol (Cabildo Abierto) quién indicó que estos artículos «generaban dudas, porque sacaban ciertas limitaciones» que tienen las Afaps a la hora de invertir y le quita al BCU potestades de control y autorización a la hora de invertir las administradoras. Methol destacó lo acontecido con Ta-Ta y adelantó que se votaba en el Senado por parte de CA el articulado que hace mención a estos puntos, pero que será analizado en detalle cuando pase a la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el senador Mario Bergara dijo con respecto a estos artículos que existía un error conceptual y destacó lo señalado por Methol en el sentido de que se quiere trasladar los controles de actividades financiera de las Afaps, del BCU a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social. «Son dos animales completamente diferentes» ejemplificó Bergara.
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