El Uruguay es un país profundamente estatista. José Batlle y Ordoñez, dos veces presidente, pero cuya influencia dura hasta el día de hoy, buscó crear institucionalidad luego de la Paz de 1904 y creía que algunos servicios deberían de ser monopólicos y estar bajo la conducción del Estado, suponiendo que de esa forma la riqueza generada por estos sería para los uruguayos. En la práctica, hoy tenemos una serie de empresas ineficientes, que muchas veces se utilizan como trampolín político y que hacen que paguemos los combustibles y la electricidad más cara de la región, por ejemplo.
Pero más allá de eso, el uruguayo, especialmente desde la década del 40, ve como un logro trabajar en el Estado: “una vez que entrás no te echan más”, hay una serie de beneficios y lo más importante es que al ser el Estado, “este nunca da quiebra, siempre vas a cobrar”.
Así nos fuimos acostumbrando a pedirle al Estado la luz, el agua, la jubilación, seguros de paro excepcionales, que nos perdone deudas, que se haga cargo de bancos fundidos, etcétera. “Es que el Estado es el que tiene plata y es su obligación”. Ya hemos citado antes a Margaret Thatcher en un discurso de 1983: “No hay tal cosa como ‘dinero público’, el Estado solo tiene el dinero de los contribuyentes”.
Cuando se pide que el Estado se haga cargo de un gasto, ese gasto lo vamos a pagar todos los uruguayos. El Estado puede conseguir dinero de tres formas: emitiendo papel moneda (ya vimos que eso es inflación y nos castiga a todos), pidiendo plata con base en la deuda pública (que pagaremos nosotros, nuestros hijos y nietos) o aumentando impuestos (que pagaremos los trabajadores, jubilados y pensionistas).
Distinto es cuando el Estado comete un error y debe de pagar. Por ejemplo, si una ambulancia de ASSE provoca un accidente de tránsito en el que hay heridos, el Estado debe resarcir el daño y luego ir contra el conductor, cosa que rara vez sucede.
Veamos qué sucede en el caso de Conexión Ganadera (CG), un sistema piramidal que prometía comprar ganado y compartir con el inversor la ganancia del engorde y nacimientos. La empresa ofrecía un “bono” que tenía un plazo e intereses. Era una opción de inversión financiera, claramente, pero no lo vio así el Banco Central del Uruguay. De hecho, hoy sabemos que el Dr. Jorge Fernández Reyes fue asesorado en una oficina del BCU para cambiar los contratos de CG de manera que no debiera de ser regulada por el Banco Central. Por funcionarios de carrera de la Superintendencia de Servicio Financieros (SSF), que no responden a este ni al interior gobierno. De hecho, su director es el mismo desde 2018.
La Dirección General Impositiva (DGI) es una unidad ejecutora que pertenece a la administración central y depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy es el principal organismo recaudador del Estado, obteniendo más del 80% de los impuestos recaudados. Todas las empresas deben de presentar un balance anual, estar al día en el pago de renta, IVA y adelantos. Desde el año 2022, CG no presentaba su balance anual. Cualquier empresa que no presente su balance tiene su certificado vencido, no puede emitir facturas, vender, comprar o exportar, por ejemplo. ¿Cómo hizo estos últimos tres años CG para poder operar sin tener el balance presentado en DGI? También sabemos que no paga el total de los aportes al BPS y nunca fue inspeccionada.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), creado en 1935, tiene entre otros cometidos: “Organizar y desarrollar la protección de la sanidad y calidad de los procesos de producción de productos de origen vegetal y animal” y “promover e inspeccionar el manejo y uso sostenible de los recursos naturales”. Hoy está claro que eso no sucedió con el rodeo de CG. Nunca se inspeccionaron los campos arrendados, no se controló la cantidad de ganado ni el estado sanitario durante casi 25 años. Uruguay vende al mundo la trazabilidad de todo su ganado, que no se basa en visitar establecimientos, si no en un sistema conocido como SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera), que es gestionado “por un consorcio contratado”. El MGAP no cuenta con recursos para inspeccionar in situ los animales. Quizás aquí tenemos una omisión, pero claramente es por falta de recursos. La trazabilidad en Uruguay se basa en declaraciones juradas.
¿Hubo responsabilidad, colaboración u omisión del Estado en estas estafas y particularmente en CG? Claramente, de haber sido una empresa regulada por el BCU, los controles, aunque no infalibles, hubiesen sido mayores y no se hubiese podido utilizar la empresa para ingresar dinero sin justificar su origen. Seguramente CG no hubiese durado 25 años, el esquema Ponzi habría caído antes. El permitir la entrada de dinero, muchas veces en efectivo, al sistema bancario uruguayo también trajo a los dueños de ese dinero a vivir a Uruguay, un tema que escribiremos en otra columna, pero de cuyas consecuencias ya se habló en el editorial de la edición pasada. El narcotráfico y la violencia que genera se ven todos los días en los noticieros: jóvenes asesinados, ajustes de cuentas, balas perdidas que matan niños, mujeres y hombres.
De haberle exigido la DGI los balances al día y si los hubiese auditado, seguramente la estafa Ponzi habría caído antes. Claramente CG no era una empresa rentable y pagaba rentas y capitales a sus inversores con base en el esquema piramidal o con dinero que ingresaba Basso.
En cuanto al MGAP, sin duda hay muchos cambios para hacer, somos un país agroexportador, vendemos una trazabilidad que no existe. Puedo decir que tengo 200 vacas de cría y declaro que nacieron 100 terneros, el MGAP me da 100 caravanas para los animales recién nacidos, pero quizás yo solo tuve 70 terneros. Las otras 30 caravanas figuran en mi número de Dicose como animales. Esas mismas caravanas se pueden usar para comprar ganado robado, por ejemplo. Recientemente Emilio Mangarelli, vicepresidente de la Federación Rural, dijo que en Uruguay hay 10 millones de animales y 12 millones de caravanas. Al basarse solo en declaraciones juradas y no hacer controles de campo, la trazabilidad no es segura. Aquí la omisión de control es a todos los establecimientos del país, no solo los de CG.
Se está armando una demanda por US$ 1000 millones contra el MGAP por parte de algunos damnificados de CG. Realmente no creo que prospere, no veo una responsabilidad de la institución en la estafa, como sí creo en las otras instituciones del Estado que nombré antes.
Hay otros grupos de damnificados que están haciendo reuniones de trabajo donde profesionales de todas las ramas aportan su tiempo y su conocimiento a la búsqueda del dinero perdido. Creo que, por ese camino, dando información a Fiscalía y presionando a los involucrados va a aparecer el dinero que han robado a los uruguayos que confiaron en CG.
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