En una columna titulada “El decálogo del perfecto astoribergarista”, el 2 de marzo pasado intentamos caracterizar una política económica que había dejado a la economía uruguaya en estado de postración. Se cumplían dos años de gobierno que habían transcurrido enteramente en pandemia. Cuando un mes después el Poder Ejecutivo decretó el fin de la emergencia sanitaria, pensamos que a partir de ese momento empezarían a aplicarse las medidas necesarias para colocar nuevamente a la economía en una trayectoria de crecimiento.
Dado que el pilar fundamental del andamiaje astoribergarista fue el sostenido aumento en la carga del gasto público, era natural y esperable que la actual conducción económica apuntara todas sus baterías a reducirlo. Se puede discutir el cómo, el cuánto y el dónde; pero es de destacar que el gobierno logró bajar el déficit fiscal de los peligrosos guarismos en que lo había dejado el ministro Astori.
Pero si se dio un giro en materia fiscal, no se puede decir lo mismo con respecto a la política monetaria, que pareció seguir por la misma trocha anterior. Se continuó con una concepción equivocada de la “agenda de desdolarización”, como si subiendo las tasas de interés en los pasivos remunerados del BCU se lograra convencer a los agentes a tranzar más en moneda local. La inflación no se enteró de la suba de tasas de interés, pero el resultado visible es una caída estrepitosa del dólar y una nueva pérdida para el balance del BCU, la otra cara de la moneda del vergel de ganancias para los especuladores cambiarios. El dólar terminará el año con una caída en el entorno del 13%, quedando como una de las monedas en el mundo con mayor apreciación respecto al dólar y dejando al tipo de cambio real en niveles similares a los previos al 2002.
Ahora, cuando se repasa la gestión microeconómica, la situación es preocupante. En primer lugar, el régimen fiscal penaliza relativamente a las pymes, ya que les resulta difícil acceder al nivel de exenciones que benefician a las empresas más grandes. Como las pymes tienden a ser más intensivas en la contratación de mano de obra, esta asimetría en el régimen de exenciones perjudica al empleo, sobre todo el de trabajadores menos calificados. Se da la contradicción de un régimen de exenciones que, al favorecer la incorporación de capital, termina perjudicando la generación de empleo no calificado. Esto no significa que el Estado intente detener el inexorable progreso tecnológico, solo que no destine asimétricamente sus recursos escasos para asistir a los mejor preparados, dejando a la gran mayoría de empresas en estado natural.
En segundo lugar, cuando en abril se anunciaron “medidas estructurales” para bajar los precios de los alimentos, estas se limitaron a eliminar protecciones a sectores importantes de nuestra industria alimenticia, exponiéndolos a la importación de productos fuertemente subsidiados. Paradojalmente, en una coyuntura histórica en la que hasta Estados Unidos promueve políticas industriales y subsidios para proteger a su producción nacional, parecería que lo único intocable en nuestro país fueran los oligopolios de importadores.
Tercero, el conflicto en Ucrania ofrece una señal clara de la importancia de contar con fuentes de combustibles fósiles estables, cercanas y a buen precio. Al mismo tiempo que la industria europea recurre a costosos embarques de gas licuado para poder seguir funcionando, sus competidores estadounidenses presencian un resurgimiento basado en políticas industriales, subsidios y gas natural a costos muy competitivos. Pero mientras esto ocurre en el mundo desarrollado, nosotros seguimos pavoneándonos con el “hidrógeno verde”, haciendo caso omiso al hecho que el gas proveniente de Neuquén se acerca cada vez más a Buenos Aires. También pasó desapercibido para nuestra prensa que hace unas semanas Brasil comprometió financiamiento para el gasoducto argentino. ¿Será que contamos con información no disponible para ExxonMobil, Shell o Total, por nombrar solo a algunas? Esperamos equivocarnos, pero esto de las finanzas verdes, los criterios ESG y las COP nos revive el apremio astoribergarista por convertirnos en párvulo dilecto de la OCDE.
Cuarto, no nos queda más remedio que advertir sobre una política de descentralización territorial que brilla por su ausencia. En concreto, gran parte de las exenciones fiscales son otorgadas a emprendimientos en Montevideo y en la franja costera; son mayormente capturados por grandes superficies y emprendimientos inmobiliarios. En contrapartida, la búsqueda de apoyos para que las pymes del litoral puedan transitar algo mejor la compleja coyuntura actual se ha convertido en un ejercicio frustrante. Sin embargo, sí hay “espacio fiscal” para financiar los excesos del cada vez más notorio aparato clientelar de la CTM de Salto Grande, ente que se va pareciendo cada vez más a un sultanato que al administrador de una hidroeléctrica.
En quinto lugar, es desconcertante constatar la indiferencia con la que se trata el problema del endeudamiento, opera prima del astoribergarismo en su apertura regulatoria a la usura generalizada, proceso que intentó ser travestido como “inclusión financiera”. Daría la impresión que no existe mucho interés por parte de las autoridades económicas en resolver un problema que aqueja a un millón de uruguayos y que podría convertirse en un bumerang para esa estabilidad financiera que tanto presume de proteger el BCU. En efecto, el agotado discursete sobre las “reglas de juego” termina actuando de efectivo paraguas legal y reputacional para ese ruin abuso qué León XIII denunció en la Rerum Novarum.
Sexto, no podemos olvidar el régimen de excepción que favorece hasta el día de hoy al complejo forestal, regado todos los años con alguna nueva autorización “exprés”, como ocurrió hace relativamente poco con un decreto –y un ministro correteando detrás de él– que permitía la aplicación de agroquímicos prohibidos.
Finalmente, corresponde anotar que los tres proyectos presentados para atacar el problema de los precios de frontera han sido efectivamente bloqueados en el Parlamento, probablemente ante las resistencias ideológicas de Colonia y Paraguay. Tampoco –ya transcurrido más de la mitad del período– se ha logrado resolver la ausencia de un scanner que funcione en el puerto de Montevideo. Es cierto que esto no debería sorprendernos cuando comprobamos que los sucesores de Canon siguen al frente de la Aduana en un singular gesto de amplitud republicana. Podríamos también hablar de los cangrejos que parecen esconderse detrás del proyecto de juego online, de las discrecionalidades y arbitrariedades en la administración de la economía del sistema de salud, de la impaciencia por favorecer a los grandes medios, y ainda mais.
Lo absolutamente cierto es que, con la notable excepción de la política fiscal, resulta difícil distinguir la política económica actual del credo astoribergarista. No debería sorprendernos entonces que algunos ciudadanos prefieran en el futuro inclinarse por la pintura original, dejando de lado la serigrafía.
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