Próximamente el Senado de la República tratará un proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Representantes, al que se le ha denominado Muerte Digna. En realidad, lo que se quiere es consagrar la eutanasia en nuestra legislación nacional, pero como sucede con cualquier producto de mala calidad, se pretende que el consumidor lo acepte con una etiqueta llamativa.
Como viene feneciendo este mes, en que se ha institucionalizado el cambalache inspirado y promovido por quienes, al decir del viejo dicho, confunden aserrín con pan rallado, rebajando las mejores virtudes humanas de la virilidad y femineidad para ponerlas al servicio de una colorinche plataforma de estériles desvíos de conducta que guían a una muchedumbre confundida a la más triste esterilidad, es necesario dar un nuevo golpe al privilegio de la vida.
Lo que viene sucediendo es mucho más importante que si se compró una estancia en un precio varias veces millonario o si el director de un ente debería tener dedicación exclusiva pero es dependiente de una empresa médica, o si dos legisladores se insultan. Este es el ruido estruendoso de polémicas superficiales, que por los decibeles en que son amplificadas por medios de comunicación cómplices pretenden ocultar la verdadera coincidencia que entre los aparentes contendores existe para destruir las bases culturales y sociales sobre las que se construyó el país y que hoy son atacadas con voces estentóreas, financiadas con fondos generosamente inyectados desde ámbitos foráneos y el apoyo de lo que se denominó en su tiempo la horda dorada de funcionarios de organismos internacionales que, solapadamente unas veces y de manera desembozada otras, pretenden modificar nuestra legislación nacional para adecuarla a sus ideas contrarias a la vida y la familia. El ejemplo más reciente es la modificación de la edad mínima para contraer matrimonio elevándola a los dieciocho años, que se aprobó en el Senado por la unanimidad de los partidos, respondiendo a una exigencia de organismos internacionales, con total divorcio de la realidad nacional, pero sobre todo ignorando la naturaleza de los seres humanos a los que no se puede prohibir por ley sus relaciones sexuales ni el concubinato. La consecuencia será la proliferación de relaciones de hecho y seguramente el nacimiento de niños que no tendrán la protección del matrimonio civil. Un verdadero absurdo, que demuestra la coincidencia de fondo del frentismo con la actual realidad de los llamados partidos tradicionales que sin ambages enarbolan la bandera de la ideología de género, hasta el absurdo de embanderarse con ella.
Aunque no se propone ninguna solución y se deshecha la propuesta de Cabildo en la materia, comienza a esbozarse una preocupación por el declive demográfico del país, también son numerosas las alertas por el aumento de la drogadicción y su relación con una delincuencia que azota a nuestra sociedad y comienza a mal acostumbrarnos a una secuencia de horrorosos homicidios. Todo esto tiene causas profundas que se fueron gestando en el seno de nuestra sociedad, en que tanto el Frente Amplio como importantes sectores de los partidos tradicionales se dejaron encandilar por la mal llamada agenda de derechos, o sea el aborto, la marihuana recreativa y el matrimonio homosexual. La citada agenda tenía en lo inmediato el propósito del frentismo de ganarse el voto de minorías decisivas para ganar la confrontación electoral, cuyo voto capitalizó en detrimento de los partidos tradicionales, que no advirtieron que su apoyo a dicha agenda no los favorecería electoralmente. Así se consagró una legislación, impulsada desde ámbitos foráneos, que fue catalogada por el mismísimo José Mujica como “una expresión de la estupidez humana”, a lo que agregó que el feminismo es “inútil”. Por cierto, que los colectivos interesados en dicha agenda, que hubieran levantado un griterío ensordecedor si quien efectuara dichas afirmaciones hubiera sido una persona ajena al frentismo imperante, hicieron un atronador silencio ante una afirmación que rezumaba sensatez y desnudaba la inconveniencia de la novelería consagrada.
Para continuar desbarrancándonos, en próximos días se intentará aprobar en el Senado la llamada “muerte digna”. Todo hace pensar que están los votos para aprobar la eutanasia y continuar empujando al país por la barranca de la disolución social. Es gravísimo que transformemos a los médicos, cuyo juramento hipocrático les prohíbe ocasionar la muerte, en homicidas legitimados por ley. La profesión médica, como ninguna, se ha construido sobre la base de preservar o defender la vida y evitar la muerte. La presencia del médico ha sido vista tradicionalmente como la de un profesional que hará lo técnicamente posible para mitigar el dolor y salvar la vida. De ahora en adelante esa imagen que ha prestigiado la profesión médica se desvirtuará porque el citado profesional puede convertirse en homicida. No se trata de negarle a una persona la posibilidad de ponerle fin a su vida, lo que tampoco alentamos, pero no puede impedirse, sino que entendemos inconveniente se autorice a un tercero a ponerle fin a la vida de un semejante, en definitiva, un homicidio por encargo autorizado por ley.
La eutanasia, como está regulada en el proyecto en trámite, no solo desmerece la profesión médica, sino que además genera un ámbito de sospecha sobre la decisión a adoptar que se procesa solo en el ámbito médico, sin participación del Poder Judicial, como sucede en trámites de menor importancia como los juicios de incapacidad. No le recomendaría a ningún profesional médico participar en un proceso semejante, que lo expone a reclamos de insospechadas consecuencias.
Extrañamente se excluye del proceso dirigido a aplicar la eutanasia, toda consideración a la consulta de la familia, normalmente heredera del sujeto a eutanasiar, presumiblemente herederos de este y por tanto sucesores de sus derechos y eventualmente contraria al proceso llevado a cabo, por lo que pueden reclamar las responsabilidades del caso. No extraña que esto suceda en un ambiente contemporáneo donde sobrevuela un desprecio por la institución familiar, pero es evidente que la regulación propuesta supone situaciones que pueden ser un semillero de juicios.
Bueno es de señalar que recién después de ocasionada la muerte se controlará por el MSP la regularidad del procedimiento y que en caso de constatarse irregularidades se comunicará a la Fiscalía General de la Nación. En buen castellano, digamos que el control de regularidad del procedimiento después de ocasionada la muerte, ya no puede evitar el mayor daño que se puede infringir a un ser vivo, pero además expone a los médicos que puedan haber intervenido en el procedimiento irregular a quedar legalmente desprotegidos y ser imputados de homicidio, sin perjuicio de las indemnizaciones que se les puedan reclamar por los herederos del occiso. Si fuera médico, pensaría dos veces antes de embarcarme en semejante procedimiento, que de la “muerte digna” puede llevar al profesional a la imputación penal y a la indemnización de daños y perjuicios.
Digamos, por último, que es absolutamente ilegítimo que la ley obligue a mentir y se pretenda imponer que la eutanasia es muerte natural. La ley y la voluntad humana no cambian la naturaleza de las cosas, como señala el dicho popular no se le pueden pedir peras al olmo, por lo que la disposición contraria a la naturaleza de las cosas será una nueva fuente de problemas, particularmente si la intención es cargarles el mochuelo a las poderosas empresas aseguradoras.
Lo que tenemos claro es que este proyecto no hace a la solución de los grandes problemas nacionales, verbi gracia, seguridad, educación, trabajo, etc. Por el contrario, con él se busca cubrir la incapacidad paralizante que impide cambiarle el rumbo al país para evitar seguir cayendo en el despeñadero social y económico en que nos encontramos.
