Ya hemos dicho más de una vez que desde 2018 hasta la fecha al menos hubo US$ 1100 millones perdidos en estafas financieras en nuestro país. En algunos casos la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central llegó tarde y en otros directamente no reguló. Por ejemplo, tenemos que Sara Goldring (corredora de bolsa) estafó a 300 clientes en más de US$ 100 millones, haciendo una “calesita” durante 10 años a la vista y regulación del BCU. En 25 años, Conexión Ganadera se mantuvo sin la regulación del BCU con un sistema Ponzi sustentado en lavado de activos, en este caso incluso fue asesorado desde la SSF. Esta última estafa podría llegar a US$ 350 millones.
El creciente aumento de las estafas en Uruguay, ya sea en la modalidad digital –o ciberestafas– y las presenciales, ya no es una preocupación nacional. Inversores de la región que colocaban sus ahorros en nuestro país hoy están optando por colocar su dinero en Estados Unidos, Brasil e incluso Paraguay. La estafa de Conexión Ganadera ha sido tomada por cadenas internacionales de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Polonia y Reino Unido.
El 28 de abril, frente a la Comisión de Seguridad del Senado de la República, el ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, afirmó: “Asistimos a nuevas modalidades delictivas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la tecnología; estábamos acostumbrados a los delitos que ocurrían en los ámbitos públicos mayormente, en la calle, en la vía pública, en los eventos, pero ahora tenemos delitos que ocurren dentro del hogar e, incluso, en forma solitaria, es decir el individuo y su celular, el individuo y su computadora ya es una potencial víctima de un delito”.
Solo el Banco República, entre los años 2019 y 2023, recibió un total de 2653 denuncias de estafas o fraudes. Especialmente en la modalidad de pishing (correos falsos pidiendo contraseñas o que se ingrese al banco utilizando otro enlace). A las ciberestafas hay que sumar el avance tecnológico constante, como ser el de la inteligencia artificial. Esta puede generar voces artificiales prácticamente iguales a las reales.
El artículo 347 del Código Penal tipifica el delito de estafa cuando “el que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto, en daño de otro”. Es castigado con una pena mínima de seis meses de prisión y una máxima de cuatro años de penitenciaría. Lo que evidentemente lo convierte en una opción atractiva para delinquir.
En febrero de 2025 el diputado del Partido Colorado Adrián Juri presentó un proyecto de ley para duplicar la pena máxima por estafa. Estuvimos reunidos con él, con Conrado Rodríguez (PC) y Pablo Inthamoussu (FA) para ver si se puede mejorar y aprobar el proyecto a la brevedad, la idea es que todas las bancadas de la cámara bajan aporten.
En las últimas estafas de bonos ganaderos tenemos que Jairo Larrarte fue formalizado por los delitos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondo. Una estafa de US$ 12 millones, se calcula que estará en prisión unos 18 meses.
En el Caso de Conexión Ganadera, tenemos a Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, la Justicia aprobó que su domicilio sea un lujoso apartamento de Punta del Este para cumplir prisión domiciliaria preventiva por estafa. Ana Iewdiukow está en su domicilio de la calle Llambí con tobillera también. Su esposo, Pablo Carrasco, imputado por estafa y lavado de activos, se encuentra recluido en la cárcel de Punta de Rieles a 14 kilómetros de Montevideo.
El matrimonio Carrasco-Iewdiukow entregó dos propiedades y dinero al fondo de acreedores. Ofrecieron brindar información de manejos del matrimonio Basso-Cabral y posible lugar donde habría activos. Con esto su defensa espera que la pena no sea mayor a 18 meses, igual que Larrarte.
Por su parte la defensa de Daniela Cabral sigue negando los cargos, diciendo que su defendida es inocente y sin brindar información o bienes.
Esta semana el fiscal Dr. Enrique Rodríguez volverá a citar a Ana Iewdiukow al encontrar indicios y nueva información financiera superveniente a la audiencia de formalización en julio. Es posible que la esposa de Carrasco sea imputada también por lavado de activos.
Mientras más de 2300 familias esperan hace casi 10 meses respuestas sobre el monto a recibir y la fecha de este, han visto subir y bajar tanto activo como pasivo. La indignación, impotencia y descreimiento en las instituciones es una bola de nieve que pocos parecen ver.<
