El proyecto de hidrógeno verde en Paysandú define qué modelo de desarrollo y transición energética elegirá Uruguay. Una apuesta billonaria que divide aguas entre la oportunidad histórica y el riesgo ambiental.
Un proyecto que podría convertirse en la mayor inversión privada de la historia de Uruguay, con un monto estimado de 6000 millones de dólares, se encuentra en el centro de una intensa polémica. La iniciativa de HIF Global para instalar una planta de combustibles sintéticos (e-fuels) en el departamento de Paysandú es alabada por el gobierno y sectores económicos como un salto estratégico hacia la soberanía energética y el desarrollo industrial, mientras que es cuestionada por movimientos sociales y ambientales por su impacto ecológico y viabilidad técnica.
El debate trasciende fronteras, reavivando tensiones diplomáticas con Argentina, y divide aguas entre la visión de un futuro energético innovador y la defensa del ambiente y las comunidades locales.
El proyecto: una “refinería” de nueva generación
En el corazón de la discusión está la naturaleza misma del emprendimiento. Para HIF Global y sus defensores, se trata de una planta pionera a escala comercial que producirá aproximadamente 700.000 toneladas anuales de e-combustibles. Estos combustibles sintéticos, fabricados a partir de hidrógeno verde (obtenido con energías renovables) y CO₂ reciclado, son químicamente idénticos a los fósiles y pueden usarse en motores existentes, ofreciendo una ruta para descarbonizar sectores como la aviación y el transporte marítimo.
Sin embargo, para sus críticos, el término “planta de hidrógeno verde” es engañoso. “En realidad se trata de una planta para la producción de combustibles sintéticos […]. Básicamente, es una refinería de combustibles”, afirma Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus). Según el análisis del expediente del proyecto por parte de Movus, la planta apunta a producir 1,2 millones de toneladas anuales de metanol, nafta, gas licuado y aceites pesados.
Los pilares del debate crítico
Las objeciones al proyecto, expuestas por Viñas, se articulan en varios ejes técnicos y ambientales:
- La ecuación energética: el proyecto requeriría unos 2700 megavatios (MW) de energía de forma continua, una cifra superior al pico máximo de consumo de todo Uruguay (2300 MW). Aunque HIF planea construir una gran planta solar de 1162 MW y un parque eólico, los críticos argumentan que la intermitencia de estas fuentes hará imposible cubrir la demanda constante sin recurrir a la compra masiva de energía a UTE, la cual no siempre es 100% renovable. Esto, sostienen, comprometería la certificación “verde” final del producto.
- La fuente del CO₂: este es uno de los puntos más controvertidos. HIF necesita alrededor de 900.000 toneladas anuales de CO₂ como insumo. Solo el 12% (150.000 toneladas) provendría de la planta de etanol de ALUR. El 88% restante, según Movus, se generaría quemando biomasa forestal (restos de aserraderos y plantaciones) en cuatro calderas, para luego capturar ese CO₂ liberado. Viñas cuestiona la neutralidad de este proceso: “Esa biomasa, de no utilizarse, se reintegra al suelo en un plazo que no supera los cuatro años… Si se retira, debería revisarse el impacto ambiental previamente evaluado para dichas plantaciones”. Afirma que se estaría quemando un recurso que naturalmente se recicla, creando una nueva fuente de emisiones para luego capturarla, en un ciclo que considera “altamente contaminante”.
- La demanda de agua y el impacto local: se estima un consumo de agua del río Uruguay de 514 m³/hora (equivalente a unos 4,5 millones de m³ anuales). Para HIF y el gobierno, este volumen es manejable para el caudal del río. No obstante, las comunidades locales y argentinas de Colón, ubicada frente al sitio planeado, temen impactos ambientales y visuales. La empresa anunció una reducción del 35% en la superficie de la planta para alejarse del río, pero esto generó más dudas: “No conozco a ningún ingeniero que me pueda justificar que […] la reduzco a casi 100 [hectáreas] y voy a producir más”, señala Viñas.
- Viabilidad económica y mercado: los críticos también ponen en duda la solvencia de HIF, a la que califican como una “empresa de papel” con solo una pequeña planta piloto en Chile. También se preguntan por la existencia de un mercado real, especialmente tras los cambios en las políticas de combustibles fósiles de la Unión Europea.
La defensa: transparencia, oportunidad y regulación
Frente a estas críticas, emerge una defensa sólida del proyecto, basada en documentos públicos y la visión estratégica del país.
- Fin del “secreto”: contrario a la narrativa de opacidad, el Acuerdo Final de Implementación firmado entre HIF Global y Ancap (del cual ALUR es parte) es público y está disponible en el portal de la empresa estatal. Un editorial nuestro reciente señala la “paradoja del secreto que no era secreto”, criticando que se haya difundido la idea de un contrato oculto cuando no lo estaba.
- Impacto económico y desarrollo: los defensores subrayan el impacto transformador de una inversión de esta magnitud. Durante la construcción se generarían unos 3500 puestos de trabajo, con una red de proveedores locales de las industrias metalúrgica, plástica y de construcción de Paysandú. En fase operativa, se crearían entre 300 y 400 empleos calificados permanentes. Además, posicionaría a Uruguay como un hub global de combustibles sostenibles.
- Sustentabilidad y cumplimiento legal: se destaca que el complejo industrial no se instalará en una zona franca, sino que estará sujeto a la totalidad de las leyes nacionales (ambientales, laborales, tributarias), un aspecto considerado positivo para la soberanía y el control. Respecto al agua, se insiste en que el volumen requerido es bajo en comparación con el caudal del río Uruguay y otros usos industriales.
- Trayectoria y mercado: HIF Global se presenta como líder mundial en e-combustibles, con proyectos en desarrollo en Estados Unidos, Chile, Brasil y Australia. Su planta piloto en Magallanes, Chile, ya exporta e-combustibles a Porsche, demostrando la existencia de un mercado premium dispuesto a pagar por estos productos para acelerar la descarbonización de sus flotas.
El escenario internacional y los próximos pasos
La controversia ha desbordado el ámbito nacional. En Argentina, especialmente en la ciudad de Colón, han surgido protestas por los potenciales impactos ambientales y paisajísticos sobre la costa turística, reavivando sensibilidades históricas por conflictos binacionales previos.
Mientras tanto, en Uruguay, el proyecto ya obtuvo la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) del Ministerio de Ambiente, un primer paso administrativo clave. El camino sigue: debe obtener la Autorización Ambiental Previa (AAP), proceso que estará sujeto a un escrupuloso control social.
Movus y organizaciones locales de Paysandú no se detienen. Planean llevar sus argumentos a las comisiones de Ambiente e Industria del Parlamento cuando se reinicie el período legislativo en febrero. Paralelamente, en el departamento, se está organizando una campaña de recolección de 15.000 firmas para presentar una moción ante la Junta Departamental de Paysandú. De no prosperar, el mecanismo habilita la posibilidad de un plebiscito local que podría decidir el destino del proyecto.
El proyecto de HIF Global en Paysandú ha logrado lo improbable: poner en el mismo plano de discusión nacional la macroeconomía del futuro, la soberanía energética, la ética ambiental y la democracia participativa. El desenlace definirá no solo el futuro energético de Uruguay, sino también el modelo de desarrollo que el país está dispuesto a abrazar en el siglo XXI.
