La pasada semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó un estudio en el que prevé que la población caerá a 3,4 millones en 2045 y a 3 millones hacia 2070, cifra similar a la de 1985. Se trata de una tendencia estructural y persistente. Algunos dirán que simplemente nos seguimos achicando. Otros que estamos desapareciendo lentamente.
La natalidad se desplomó. La fecundidad actual se sitúa por debajo del umbral de reemplazo y se espera que llegue a un mínimo de 1,2 hijos por mujer en 2025-2026. Por otro lado, la mortalidad aumenta, especialmente por el envejecimiento progresivo de la población.
En 2024, el 15,8% de los uruguayos tiene 65 años o más; en 2070, serán el 32,5%. Mientras tanto, los menores de 15 años pasarán de representar el 18% a apenas el 11,5% del total. La población en edad laboral también se reducirá, generando un aumento drástico de la relación de dependencia. En 2070, se proyecta que habrá 79 personas en edad no laboral por cada 100 en edad de trabajar. Lógicamente, como se advierte, esta transformación afecta la sostenibilidad de los sistemas de salud, protección social y cuidados y plantea interrogantes sobre el modelo económico y productivo.
Tanto el director de OPP, Rodrigo Arim, como la directora de BPS, Jimena Pardo, dieron a entender que estas tendencias son irreversibles y apuntaron a que la necesidad está en buscar incrementar la productividad en la economía. “Es la única fuente sustentable a mediano y largo plazo”, dijo Arim. “Es necesario que cada una de las personas en edad de trabajar genere más valor”, sostuvo Pardo.
Casi simultáneamente a la presentación de ese estudio del INE, el Ministerio de Salud Pública (MSP) daba a conocer otro dato que no por conocido deja de ser alarmante. La persistencia de una alta tasa de suicidios, que en 2024 alcanzó los 21,35 por cada 100.000 habitantes. Los grupos más afectados son los jóvenes de 20 a 24 años y los mayores de 80. Indudablemente señales de los problemas de salud mental, falta de prevención y ruptura del tejido comunitario.
También hay un fenómeno territorial que es necesario atender. Tanto el despoblamiento como en casos de suicidios e intentos de autoeliminación, hay algunos departamentos del interior del país que están por encima de la media nacional y necesitan especial atención para focalizar las políticas.
Por otra parte, en el año 2024 se registró la cifra más alta de abortos legales desde la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según datos oficiales del MSP, se realizaron 11.232 abortos ratificados, superando los 10.898 de 2023. La gran mayoría de estas interrupciones (11.222) fueron por decisión voluntaria, solo seis se realizaron por violación, cuatro por anomalías fetales incompatibles con la vida y ninguna por riesgo para la salud de la mujer. Evidencia que demuestra lo falaz de algunos discursos de campaña que procuraban sensibilizar generalizando con casos extremos de abusos o riesgo de vida. Desde la entrada en vigencia de la ley en 2013 hasta fines de 2024, se realizaron más de 117.800 abortos.
Para agregar otro elemento de intranquilidad, también en la semana se dio a conocer por el MSP que se experimenta un aumento preocupante de los casos de sífilis, una infección de transmisión sexual que, aunque suele ser tratable y poco riesgosa en adultos, representa un grave peligro para embarazadas y recién nacidos. Entre 2020 y 2024, los casos diagnosticados se duplicaron, pasando de 3570 a 7091 y se estima que hay un subregistro importante, ya que muchas personas infectadas no son diagnosticadas. Para la infectóloga Susana Cabrera, se trata de datos “escandalosos”. En los últimos años también se ha alertado sobre un aumento de la incidencia del virus del papiloma humano, que tiene relación con el incremento de casos de cáncer de cuello uterino, entre otros problemas.
Pero hay más. No pasó ni un mes desde que se publicó el Informe Mundial sobre Drogas 2024 presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que señaló que Uruguay se posiciona entre el primer y segundo lugar en consumo de casi todos los tipos de drogas relevados en América Latina, liderando el consumo de cannabis, éxtasis y opioides en América Latina, y ubicándose segundo en consumo de cocaína y opiáceos. En 2013 fuimos el primer país en legalizar y regular la producción y consumo de cannabis, se inició la venta estatal en farmacias en julio de 2017 y en octubre de 2024 comenzó a venderse una nueva variedad con mayor concentración de THC, el principal componente psicoactivo de la planta.
Parece mentira que, en este contexto, el Parlamento uruguayo se apresta a habilitar la eutanasia o incluso el suicidio asistido, lo que se puede entender como un verdadero sabotaje a la ley de cuidados paliativos aprobada en el año 2023, norma que no ha sido reglamentada ni implementada. Resulta macabro solo pensarlo, pero es razonable sospechar que también hay sectores con intereses económicos que están promoviendo esta agenda para hacer frente a problemas financieros.
Todo parece confluir hacia el mismo lugar. Es duro decirlo, pero parecería que hubiera una política de Estado orientada a terminar con la vida humana en este país.
¿A alguien puede sorprenderle entonces que prolifere el sicariato como forma de vida? Es la triste constatación que a diario nos impacta con las noticias de ajustes de cuentas, primero entre criminales, luego con daños colaterales, después con la eliminación de policías… Después, mejor ni imaginar a los niveles a que puede llegar.
Los factores económicos y culturales
Se dice que la crisis demográfica responde a tendencias globales, imposibles de frenar. Si bien respecto a la caída de la natalidad no se indican con certeza cuáles son las causas principales, suele asociarse a fenómenos como la urbanización, el aumento del nivel educativo, el cambio en los estilos de vida y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Se comenta que en algunas cadenas comerciales de Montevideo dos de los artículos más demandados son los pañales para adultos y la comida para mascotas. Todo un signo de estos tiempos.
Según se difundió recientemente a través de un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas, una de cada cinco personas no tendrá el número de hijos que desea. Se agrega que la disminución de las tasas de fecundidad en estos países no refleja una pérdida de interés en la maternidad o paternidad, sino una crisis de acceso y oportunidades que constriñe la elección libre en materia de familia.
Según datos del informe, más del 50% de los encuestados identificaron las razones económicas como el principal obstáculo para tener hijos. La carga financiera que implica la crianza y el mantenimiento de una familia, combinada con la inseguridad laboral y la falta de vivienda adecuada, imposibilitan en muchas ocasiones cumplir con la intención de ampliar su descendencia.
Es indudable que hay un auge de la sociedad de consumo que ha ido estableciendo nuevas aspiraciones vinculadas al confort, que van cambiando la cultura y las costumbres. Y que, además, impone un sistema que promueve el endeudamiento en lugar del ahorro y las inversiones especulativas en lugar del micro emprendedurismo, en donde las ofertas de alquileres se imponen ante las dificultades –por no decir casi imposibilidad– de acceder a los créditos hipotecarios para ser dueños de la casa propia.
En estas dimensiones también podemos ver cómo las políticas económicas también están absolutamente alineadas. Las pruebas están a la vista, en una sociedad donde los jóvenes tienen un endeudamiento crónico por temas de consumo, con cientos de miles como deudores irrecuperables, víctimas de la usura legalizada. Una sociedad donde van en aumento los problemas vinculados al juego y la ludopatía, en todas las edades.
Un sistema que castiga al que más trabaja y al emprendedor, con cargas gigantescas que terminan haciendo frente a las grandes exoneraciones para atraer inversión y a las políticas asistencialistas para las emergencias sociales.
En una reciente columna publicada en el diario El País, titulada “Desafío demográfico”, el economista Agustín Iturralde plantea que la caída de la natalidad en Uruguay –y en muchos países de renta media alta y alta– es un fenómeno global y que no tiene sentido insistir en políticas pronatalistas, que según dice han fracasado en todo el mundo y son extremadamente costosas, como muestran los casos de Francia y Polonia. “Más útil que seguir horrorizándonos por la baja natalidad es adaptarnos al mundo que viene”, sostiene. No obstante, deja una puerta entornada cuando señala que “parece” ser una tendencia irreversible o que los “instintos” pueden ser equivocados.
Es curioso como en esta cuestión casi todos los medios hegemónicos dan por cerrado el debate de las políticas de fomento de la natalidad, como no pasa en casi ningún otro asunto. Se ridiculiza y se acusa de un cierto “terraplanismo” a aquellos que se atreven a plantear una alternativa para su nación.
Esperemos que nuestro país habilite una discusión seria sobre estos asuntos. A lo mejor la solución no es necesariamente el pago o exoneración por hijos y hay otras formas. Hemos enumerado en esta columna varias situaciones que merecerían una revisión profunda, tanto en aspectos de salud como de economía que de cambiar podrían impactar positivamente no solo en el crecimiento sino en la estructura demográfica.
