En la calurosa tarde del último día del 2025, en plena feria judicial y cuando casi todos los uruguayos tenían su mente en la celebración que pocas horas después daría la bienvenida al nuevo año, un tribunal de apelaciones se reunía para disponer la inmediata encarcelación de media docena de militares por supuestos ilícitos cometidos hace más de cuatro décadas. No importó la fecha, ni las características de los acusados, ni su conducta. Ni tampoco importó la veracidad de las acusaciones ni que el hecho que generó el proceso ya haya sido juzgado en su momento por la Justicia competente. Lo único que importó fue dar un paso más en el proceso de venganza que impulsan ciertos grupos, que viven y lucran manteniendo viva la llama del odio y el enfrentamiento. Y que en su camino usan a un sistema de Justicia que cada día da más señales de corrupción y sesgo militante ideológico.
En abril 2022 presentamos un proyecto de ley que tipificaba el delito de prevaricato para aquellos jueces o fiscales que, a sabiendas, violasen los principios del derecho disponiendo la prisión de un inocente o la libertad de un criminal. Así dicho, ¿quién podría estar en desacuerdo? Si un magistrado viola a sabiendas el derecho y juega con lo más sagrado que tiene un ser humano además de su vida: su libertad, ¿no parece lógico que sea por ello responsable penalmente? Sin embargo, la desaforada reacción del gremio de los fiscales nos indicó que había una suerte de cola de paja. “¿Cómo van a dudar de nosotros?”, “Se trata de una presión indebida sobre la Justicia”, “Es un verdadero disparate”, etcétera, fueron solo algunas de las declaraciones en aquellos días de quienes saben perfectamente que prevaricato es justamente lo que cometen muchos de sus colegas, sobre todo en temas relacionados al pasado reciente o a la ideología de género. Anunciaron además que denunciarían el proyecto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Capítulo aparte merece la reacción de todos los partidos políticos, oficialismo y oposición, que hicieron causa común con los fiscales y decidieron encajonar nuestro proyecto. Nadie quería enemistarse con quienes tal vez algún día podían tener su destino en sus manos. Recién algunos “descubrieron” que había prevaricato en nuestra Justicia cuando saltó el caso Besozzi poco antes de las elecciones departamentales. Tarde.
Hace unos años un tribunal de apelaciones determinó la libertad del coronel Walter Gulla y estableció en su sentencia que la fiscal actuante, Dra. Mirtha Guianze, “creó hechos para imputar al acusado”. Gulla había pasado más de tres años preso, a sus 80 años, y la señora fiscal continuó actuando como si nada. El también octogenario coronel Juan Carlos Gómez debió cumplir varios años de cárcel debido a sus ojos azules. Cuando se probó su inocencia, sabida desde el primer día, nadie se hizo cargo. Fiscales que declaran que a falta de pruebas ellos acusan por convicción. Una jueza que pidió que el acusado demostrara su inocencia. Leyes que entraron en vigor en 2006 y se aplican retroactivas a los años 70. Inexistencia de tiempos de prescripción. Testimonios falsos, reconocidos por ellos mismos…
Aceptar condenas sin pruebas suficientes implica consagrar la lógica de un derecho penal para el enemigo. Hoy alcanza a los militares, policías y civiles de la dictadura; mañana puede alcanzar a cualquier otro colectivo. La erosión del debido proceso nunca se detiene en su primer objetivo.
Reclamar que se respeten los principios del derecho y que por ende se den verdaderas garantías a los acusados no es justificar crímenes. Señalar desviaciones judiciales no es atacar la democracia. Por el contrario, es defenderla.
La Justicia que actúa sin pruebas, con base en testimonios falsos o claramente dudosos y contradictorios, con jueces y fiscales militantes de ideologías afines a quienes hace más de medio siglo empuñaron las armas contra la democracia, deja de ser Justicia para transformarse en una caricatura de sí misma.
Para el común de los uruguayos no hay dudas de que según quién sea el acusado la Justicia actuará en un sentido o en otro y lo hará con mayor o menor celeridad. Los ejemplos abundan y hay casos que han acaparado los titulares durante mucho tiempo. Y esa convicción de los uruguayos solo conduce al desprestigio de la Justicia, socavando así a uno de los pilares en los que se asienta el sistema democrático.
La solidez de nuestras instituciones no se defiende dando rienda suelta a las mezquinas pasiones que nos llevan por el camino de la revancha y la venganza.
Es hora de romper las cadenas que nos atan a un pasado de fractura y enfrentamiento. Es hora de pensar en el porvenir de todos los uruguayos que no pueden quedar de rehenes de una minoría enferma de odio y con el alma envenenada. Se requiere la grandeza que en tantas oportunidades en nuestra historia mostraron los orientales para enfrentar todos juntos, en clave de país, un futuro cada vez más desafiante. Solo así podremos superar los grandes problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad.
