Importantes grupos de poder, que prácticamente han copado los organismos internacionales, se encuentran en una campaña dirigida a destruir las bases de la sociedad occidental y cristiana. En esa tesitura se controvierten las bases morales sobre las que se construyó apelando a las clásicas debilidades del ser humano, así se pretende legitimar las conductas sexuales desviadas del orden natural, la normalización del consumo y tráfico de sustancia nocivas para la salud humana, etc. Pero en posiciones aún mas agresivas, hay quienes propenden a obstaculizar el nacimiento de la vida humana o a acelerar su muerte.
No nos vamos a referir hoy al aborto, ya instalado en la legislación nacional, cuyos efectos observamos en una progresiva disminución en los nacimientos en el territorio nacional que amenaza gravemente nuestra demografía y cierne nubarrones sobre la subsistencia de nuestra patria. En un mundo de paradojas, vemos a mascotas paseadas en cochecitos que antes se utilizaban para bebes y escuchamos a quienes dicen que prefieren la compañía de un animal a la de un ser humano y algunos sesudos juristas ya nos hablan de darle a los animales la calidad de sujetos de derechos, equiparándolos a los seres humanos. Afortunadamente, el orden natural impulsa a los seres humanos a procrear y formar familia, como ha sucedido desde el comienzo de los tiempos, no obstante sentimos el deber de estar atentos a los esfuerzos, que por diversos intereses, propenden a conductas destructivas.
Como no podía ser de otra manera, desde organismos internacionales siempre afectos a destruir las identidades culturales y nacionales de los pueblos y a alentar la destrucción de la familia, que es su objetivo inmediato, se impulsa en nuestro país un absurdo proyecto para continuar elevando la edad de matrimonio. Nuestro Código Civil establecía que la edad mínima para contraer matrimonio era de doce años para la mujer y catorce años para el hombre, quienes debían obtener el consentimiento de sus padres si pretendían celebrar la unión antes de cumplir la mayoría de edad y en caso de negativa de estos podían recurrir a requerir el consentimiento judicial. Lo cierto es que la ley, con buen criterio, permitía el matrimonio a quienes en promedio habían adquirido la madurez sexual, lo que no significa promover el matrimonio temprano, sino reconocer un hecho biológico que puede generar un relacionamiento humano que es mejor tutelar jurídicamente. Como se parece querer hacer costumbre, el legislador nacional a impulso de la burocracia internacional siempre proclive a atacar a la institución familiar y, por cierto, al matrimonio, elevó dicha edad a los dieciséis años por Ley 19.075 del año 2013. No obstante, desde hace unos dos años y a requerimiento de funcionarios de dicha burocracia apátrida, sin el menor conocimiento de nuestra realidad social nacional y totalmente reñidos con el sentido común, se pretende elevar dicha edad a los dieciocho años, con el absurdo pretexto de querer evitar el matrimonio infantil. La ridícula propuesta reñida con un elemental conocimiento de la biología humana, pero sobre todo del sentido común, no tiene en cuenta que la madurez sexual no se rige por el derecho positivo sino por las leyes de la naturaleza. Además, se pretende ignorar que los jóvenes en nuestra sociedad se inician sexualmente mucho antes que hace unos años, cualquiera sea el juicio de valor que sobre ese hecho elaboremos, y podemos prohibir el matrimonio, pero es imposible hacer lo propio con el concubinato y mucho menos prohibir a cualquier púber mantener relaciones sexuales.
En definitiva, si no es posible legalmente el matrimonio, los menores púberes vivirán en concubinato, o sea en una relación de hecho menos favorable que la del matrimonio y ni que decir los eventuales hijos que no tendrán la misma protección legal que los nacidos del vínculo matrimonial tutelado por la ley.
Este absurdo proyecto, o uno similar, se discutió hace unos dos años en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde manifesté mi opinión contraria, puesto que además cabe preguntarse en qué situación quedarán los hijos de menores púberes que no pueden contraer matrimonio, ¿es que acaso se les obligará a abortar incluso contra su voluntad? En realidad, no hay ninguna razón válida para privar a los jóvenes del derecho a unirse en matrimonio y formar familia, particularmente si cuentan con la aprobación de sus padres y en su caso de la Justicia, salvo los designios autoritarios de quienes se consideran iluminados por caprichos que contradicen la naturaleza y por tanto el sentido común. Afortunadamente, docentes de derecho civil de la facultad respectiva han opinado en contra, lo que nos reconforta, ya que es una muestra de que el sentido común prima en importantes sectores de nuestra intelectualidad, resultando decepcionante que este tipo de iniciativas tome estado legislativo, aunque más no sea para arrumbarla en un archivo.
