En una columna anterior, del 4 de junio, “Conexión Ganadera y el debe de la clase política”, yo decía: “En una democracia como la nuestra, los ciudadanos elegimos nuestros representantes en el gobierno –o Poder Ejecutivo– y en el Parlamento”. Y luego me preguntaba frente a la sucesión de estafas en bonos ganaderos y empresas corredoras de bolsa: “¿Qué pasa con la clase política?, ¿con los legisladores?, ¿con los ministros?”.
A medida que pasa el tiempo las ramificaciones de Conexión Ganadera son mayores y también las consecuencias de lo que sale a la luz: la ausencia de controles para empresas que estafan a ahorristas, controles que, por ejemplo, sí se aplican a pequeñas empresas familiares que muchas veces tienen que cerrar por no poder con la carga impositiva. Conexión Ganadera no presentó balances de sus últimos dos años y no pasó nada, debían al BPS y tampoco pasó nada. Luego nos encontramos que debían US$ 400 millones de ahorristas y tampoco pasó nada.
Había un murmullo cada vez más fuerte que decía que “hay una justicia para ricos y otra para pobres”, “es más fácil robar, que emprender honradamente en Uruguay”, “robás una gallina y vas preso, ahora te robás cuatrocientos millones y vas seis meses a una chacra, con suerte”. La falta de confianza se trasladaba de las empresas que ofrecían bonos ganaderos a las instituciones del Estado que tiene la obligación de cuidar nuestros derechos, las que están formadas por representantes elegidos por nosotros mismos y a quienes les pagamos sus sueldos.
En la presidencia de Luis Batlle Berres (1947-1951), la Argentina sufría una fuerte devaluación de su moneda e inflación, lo que el presidente uruguayo aprovechó para bajar los controles a la entrada de capitales del país vecino. Algo que sería hasta ahora nuestra marca, “la plaza financiera del Cono Sur”. En Uruguay, hoy hay más de US$ 20.000 millones de dólares de depósitos de argentinos. Las leyes de promoción en la construcción históricamente han buscado capitales de la región que escapan a altos impuestos y donde no hay secreto bancario. Así se ha subido el tope de manejo de dinero en efectivo y se han flexibilizado los controles de origen y destinatario final de los depósitos. Sumado a una posible red de corrupción de mandos medios hacia abajo en la Aduana, BPS, DGI, BCU y Senaclaft, se ha permitido la entrada de capitales del exterior de dudoso origen y manejo.
Ahora veamos qué pasa con las penas. Una persona que estafa a más de 2000 familias puede pasearse por Montevideo en un auto eléctrico sin que pase nada por más de seis meses y la pena mayor puede llegar a ser de unos cuatro años y no todos en la cárcel. Entendemos que las penas por estafas tienen que ser más altas y no ser excarcelables. Que el riesgo de pasar una vida en la cárcel sea tan alto que un estafador realmente lo piense cincuenta veces.
A todo esto, me escribe la secretaria del diputado Pablo Inthamoussu, Mauricia Martínez, para coordinar una reunión. El diputado estaba muy preocupado por la cantidad de estafas ganaderas y quería ponerse a la orden.
La entrevista fue de más de una hora, hablamos de las estafas en Marketplace, de casos que empiezan ahí y terminan en una vida delictiva vinculada al narcotráfico. De la preocupación, compartida, por combatir esto al corto plazo –quizás con penas más grandes– y, a largo plazo, con educación. También de cómo ve la sociedad a las instituciones y la erosión que provoca en la democracia.
Le comenté al diputado Inthamoussu, del MPP Frente Amplio, que había un proyecto de Adrián Juri, del Partido Colorado, en Diputados para aumentar los años de prisión por estafa. Me pidió los datos para ponerse en contacto con él y aportar al proyecto. Tomó apuntes, me hizo algunas preguntas, pero se notaba que estaba al tanto de todo. Pidió disculpas por la demora del Parlamento en intervenir y se comprometió a trabajar ni bien me fuera. Me dio su celular y me ofreció sus contactos en Torre Ejecutiva. Me pidió una sola cosa: “No quiero fama, acá hay que poner trabajo y en esto tenemos que poner cabeza de todos los partidos, lo importante es la gente”. A lo que le agradecí, y le pedí a Mauricia que nos sacara un par de fotos para esta columna. Le digo: “No es para hacerte famoso, es para que la gente vea que un representante se comprometió en este tema y ya se pone a trabajar”. En plena votación del Presupuesto, luego de una elección departamental, un legislador llama a un ciudadano de a pie que está muy preocupado por lo que pasa con las estafas en nuestro país para ponerse a trabajar desde su lugar, buscando colaborar con todos los legisladores que sea necesario sin buscar protagonismo. Esto es la democracia.
Gracias, una vez más, a Alfredo García que le dio mi teléfono a Pablo Inthamoussu.
