En noviembre de 2017 se creó República Ganadera SRL. Los socios fundadores eran Mario Mussio Castillo y Elina Fynn Reissig, primo y esposa respectivamente de Nicolás Jasidakis, quien por entonces trabajaba en otra empresa y no podía figurar. A fines de 2018 quedaron Mussio y Jasidakis como socios, siendo el segundo el director principal.
Nicolás Jasidakis era el CEO y Mario Mussio el encargado de la parte productiva, pero la mayoría de las órdenes se daban por parte del primero. La empresa tenía dos productos: capitalización pura –donde el ganado figuraba a nombre de República Ganadera– y engorde de ganado, a partir de US$ 25.000 –donde el ganado figuraba a nombre del inversor–.
De 2017 a 2020 se dio la situación de estrés hídrico que culminó con la seca entre fines de 2022 y principios de 2023. Esto trajo la muerte de veinte mil cabezas de ganado, lo que sumó una pérdida de unos US$ 16 millones. En este momento la empresa tenía dos caminos: comunicar a los inversores la pérdida –el capital total era de US$ 55 millones– y exponerse a una corrida o seguir trabajando, apalancándose en créditos, adelantos de consignatarios y captar capitales nuevos. Tomaron el segundo camino y no fue exitoso. Se vendió ganado de los inversores a través de Indarte y Victorica, ganado que no estaba en las mejores condiciones para la venta y con cobro por adelantado, muchas veces en efectivo.
Se acudió a proveedores que daban financiamiento a precios por encima de mercado, priorizando el plazo al precio. Por ejemplo, Zambrano, Todo Ganado y Prontoimport. Esta forma de comprar aumentó el pasivo. La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU se presentó en 2019 y les pidió que cambiaran la forma de anunciar los productos. República Ganadera cambió su web, donde puso “Pregunte por más información”, y no presentaron sus productos. También cambiaron algunas palabras del contrato.
El escritorio Indarte y Cia vendió 45.000 cabezas de ganado entre US$ 700 y US$ 800 por cabeza, más de US$ 30 millones de dólares, lo que los damnificados dicen que fue sin conocimiento de los inversores y que ese dinero no entró en la cuenta de República Ganadera en Scotiabank. Se hacían adelantos de US$ 50.000 y US$ 100.000 a República Ganadera por parte de Indarte y se pagaba menos por el ganado. Lo mismo sucedía, pero en menor medida, con el escritorio Victorica.
Un productor en particular hizo una denuncia en diciembre de 2024 por apropiación indebida en Artigas, la fiscal pidió un allanamiento y citó a Jasidakis y Mussio en carácter de indagados. Luego esta y otras denuncias se centralizan en Montevideo con el fiscal Alejandro Machado. Este luego renuncia y las denuncias quedan a la deriva en Fiscalía.
El 24 de noviembre de 2024 la empresa pide concurso de acreedores y a mediados de diciembre ofrece un acuerdo privado de reorganización (APR) entre la empresa deudora y sus acreedores, que finalmente se presenta el 26 de mayo de este año con colaboración de Dotta y Esponda Abogados y algunos acreedores. Un plan para que la empresa continúe su actividad y pague el capital que se debe, US$ 86 millones, congelado, a nueve años. A ese acuerdo tienen que adherir los inversores que lo quieran mediante sus abogados.
Rodrigo Pérez, que trabajó para República Ganadera, es operador de trazabilidad, manejaba a su antojo las guías y caravanas del ganado. Era funcionario de MGAP y luego se fue a Conexión Ganadera. Lo llamé sin éxito. Según varios damnificados con los que hablé, estaba al tanto de los movimientos de camiones de ganado que salían con guías adulteradas, incluida la venta de 70 animales de un inversor que tenía las guías a nombre suyo y no de República Ganadera.
Entre el pasivo de República Ganadera figuran US$ 1,2 millones de la cuñada de Jasidakis a través de su empresa proveedora y US$ 500.000 de familiares de Nicolás Jasidakis. También hay aportes a DGI, BPS y pago de arrendamientos de campos.
Se ha pedido el embargo de las esposas de los dueños y de la cuñada de Jasidakis sin respuesta. Levantamiento del secreto bancario en Fiscalía y Senaclaft. También sin respuesta.
La Dra. Zamira Ayul es la síndico del concurso. La auditoría encuentra que se vendieron US$ 25 millones, pero no se vio el ingreso a la cuenta de República Ganadera. Se encontraron 7348 cabezas de ganado vacuno vendidas sin facturación. Se detectó una operación sospechosa por US$ 343.017 en la venta de ganado a Fabiana Mussio, hermana del administrador de la empresa. Se observaron diferencias de hasta US$ 13.418.496 entre los contratos formalizados y lo declarado como activos y pasivos, dificultando el control y la transparencia financiera. Véase el cuadro que arroja ocho grandes discrepancias encontradas por la auditoria de Eura Audit Uruguay SA.
Jasidakis y Mussio van a presentar sus descargos en estos días, sus abogados son Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, los mismos de la viuda de Gustavo Basso, quienes no han querido recibir a los damnificados, pero sí llamaron al inversor al que se le vendieron sus 70 animales.
La empresa hoy cuenta con un activo de US$ 14 millones en cabezas de ganado y un pasivo de US$ 86 millones para pagar a unos 1460 inversores.
Un grupo de acreedores –que hoy suma 20– va a presentar un escrito en el juzgado adjuntando denuncias, pedidos de embargos y levantamiento de secreto bancario. La idea de estos 20 inversores es no unirse al plan presentado por la compañía y demostrar que hubo un vaciamiento fraudulento de la empresa por parte de sus dueños. No sé el nombre del abogado penalista, pero se sabe que es una persona muy cercana al fiscal de lavado de activos Enrique Rodríguez.
Han pasado seis meses en los que Jasidakis se ha reunido con varios acreedores sin poder devolver ganado u otros activos a los inversores, apuntando a un APR. Me ha recibido tres veces en su oficina y ayer, vía Zoom desde la casa de una pariente donde vive hoy. Se nota la angustia y el estrés en su cara, la misma que vi en los diez damnificados que se reunieron también vía Zoom conmigo.
