Luego de las elecciones internas, el candidato Ernesto Talvi con displicente soberbia se tomó su tiempo para seleccionar un compañero de fórmula.
Ninguno de sus competidores en la contienda interna le resultaba adecuado. Y a Pedro Bordaberry ni siquiera le permitió abrir lista al Senado, olvidando que retomó un Partido Colorado en ruinas y fue un impecable legislador, que por momentos resultó la única voz que retumbó en el Senado para frenar los dislates que planteaba la mayoría parlamentaria.
Desde su tiempo en CERES, Talvi había enfocado su ingreso a la campaña política en la construcción de 136 liceos “modelo”. La materialidad de su proyecto contrastaba con otras propuestas como la de Eduy21 que se basaba en la construcción de consensos y que venía avalada por indiscutidos referentes en el campo de la educación.
Al candidato colorado le faltaba un referente para la educación que diera un viso de credibilidad a un plan que resultaba más edilicio que otra cosa. Evitando confrontar a la izquierda, Talvi pretendió imponer el concepto de que a través de la educación se resolvían los grandes problemas del desempleo y la seguridad, soslayando así el escabroso tema del combate al crimen organizado.
Allí apareció Robert Silva, con aura de educador y que además revistaba como Consejero de ANEP, el organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración del sistema público de enseñanza.
De entrada esto generó cuestionamientos de inconstitucionalidad, pero fueron rápidamente descartados, y Silva se convirtió en el candidato a vicepresidente proclamado por la convención de su partido.
Inexplicablemente al novel candidato no le resultó relevante que como abogado, Robert Silva ejercía su profesión al mismo tiempo en un ente regulador (URSEA) y en una empresa (Teyma) con fuertes intereses en entes públicos regulados.
Si hubiera tenido un mínimo de curiosidad, Talvi hubiera podido advertir que en los últimos años Teyma fue una de las principales beneficiarias de las contrataciones del Estado. Teyma construyó para ALUR la planta de etanol en Paysandú, proyecto que tanto daño le ocasionó a ANCAP, e indirectamente a los consumidores de combustibles en nuestro país. En esta obra existieron sobrecostos de todo tipo investigados por la Justicia. Teyma también construyó el cuestionado Antel Arena, obra que también terminó costando a los contribuyentes mucho más que lo planeado. Sigue la lista con la cárcel de Punta de Rieles, la planta de cementos de ANCAP en Minas, las estaciones conversoras de energía en Melo y Rivera y varios parques eólicos para UTE.
La historia nos enseña que en Uruguay, de una forma u otra, terminan ocurriendo las mismas cosas que en los países vecinos. A veces nos resulta difícil verlo, porque tenemos la costumbre de ponerle un nombre diferente al mismo fenómeno. El caso Odebrecht es claramente un caso de corrupción a los ojos de los uruguayos. Pero resulta más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el propio. Sin embargo, si proporcionamos los sobrecostos de la planta de ALUR por 140 millones de dólares a la dimensión brasileña, llegaríamos a un monto que supera los 5.000 millones de dólares. Esta cifra prácticamente duplica los 2.600 millones que Odebrecht debió pagar a las autoridades de los Estados Unidos y Suiza como multa por sus múltiples infracciones.
Resulta difícil evaluar cuánto tuvo que ver Robert Silva con estas obras de Teyma, y si llegó a asesorar a la empresa en litigios con el Estado uruguayo. Lo que sí queda claro es que no se esforzó por demostrar una actitud ética que sería la primera cualidad requerida de un referente, que justamente fue elegido para liderar un plan educativo que imaginamos comienza por reconquistar los valores perdidos en nuestra sociedad.
Resulta evidente que no constituye un referente adecuado que sirva de espejo a los educandos de los 136 liceos. Es más, a esta altura sería mejor que esta colectividad política renunciara a llevar adelante ese proyecto edilicio. No sea cosa que Teyma termine construyéndolos, y allí sí el sistema político quedaría nuevamente en blanco frente a la ciudadanía.
