Va resultando claro a todos los agentes económicos que no hay sector productivo posible en Uruguay si no se igualan los costos con los de la región. Por más calidad que logren obtener nuestros productores, Uruguay no deja de ser un exportador de productos que deben competir en el mercado internacional con nuestros países vecinos. En los últimos años, a Argentina y Brasil se le agregaron Paraguay y Bolivia como grandes exportadores de alimentos. Cualquier desfasaje significativo de costos nos deja fuera de mercado, algo que las cifras de exportación vienen mostrando desde hace ya varios años.
En particular, los costos energéticos constituyen un rubro que incide negativamente en la competitividad de nuestras empresas. El único motivo por el que se justificaría un rol del Estado en la producción de bienes es si con ello logra un costo menor a la alternativa privada, fomentando un desarrollo industrial. Todos los países industrializados que hoy conocemos se desarrollaron subsidiando las acerías y sus importantes costos energéticos.
La misma Unión Europea arrancó en 1957 con el tratado de Roma, buscando regular la producción de carbón y acero de modo de dar competitividad a la industria manufacturera de Alemania, Francia, Italia y Benelux. Pero pareciera que últimamente nos hemos dedicado a importar superficialidades y extravagancias del mundo desarrollado, y no precisamente los principios y valores que los hicieron países industrializados.
Uruguay todavía pierde el tiempo discutiendo algo que se puede ver a los ojos y esto es que nuestros costos en general, y los energéticos en particular, están fuera del marco de la región.
También es verdad que la estrategia energética de Uruguay en los últimos años quedó condicionada por el proyecto minero de Aratirí, de lo que hoy solo nos queda un juicio millonario en dólares. La demanda energética del emprendimiento era tan importante que requería una fuerte inversión de UTE en generación de energía eléctrica. La empresa, dirigida por el Ing. Puntigliano (luego de su pasaje por la ANP), también exigía para realizar el emprendimiento que se construyera un puerto de aguas profundas.
El aumento de la demanda augurada por el proyecto de Aratirí daba espacio para incorporar energía eólica a la matriz energética. Tratándose de una energía inestable, ya que depende del viento, su participación en la matriz se encuentra limitada por criterios técnicos. Pero el aumento de la demanda justificaba todo, y se avanzó más de la cuenta en la concesión de parques eólicos que si bien no aseguran la producción de energía, toda su producción tiene la garantía de compra de UTE a un precio preestablecido por plazos que rondan los 20 años.
Pero como la energía eólica es inestable, fue necesario respaldarla con energía térmica. UTE entonces tuvo que encargar la construcción de una planta de ciclo combinado, que permite producir energía eléctrica con gas natural o gasoil, aunque la idea era que funcionara con gas natural proveniente de Argentina.
Ignorando la geología y geopolítica de la región, desde la Dirección de Energía se impulsó el malogrado proyecto de la regasificadora. El proyecto consistía en hacer una planta que permitiera gasificar gas que Uruguay iba a importar en forma licuada. Como el consumo de gas de Uruguay era reducido respecto a la escala óptima del negocio, la solución era que Uruguay le exportara gas a Argentina. Sí… escuchó bien… a uno de los países con las mayores reservas de gas del mundo, que ya hoy a pesar de la crisis se convirtió en exportador neto de gas.
Lógicamente la gravedad (la de la física, no la de la responsabilidad) ya le pegó a este proyecto, que fue interrumpido por la mitad; no sin antes dejar grandes costos a UTE y ANCAP.
Como resultado de este “sistema coordinado transversal energético” pergreñado por tres ingenieros, uno candidato a la presidencia, y dos de sus principales asesores, Uruguay se compró una gran pérdida y varios juicios. Pero no suficiente con esto, dejó una estructura energética excedente que explica en parte las altas tarifas energéticas que deben pagar los productores y consumidores.
La tarifa actual de UTE le deja a la empresa una utilidad importante, que esta vuelca a rentas generales, y sirve para amortizar en parte el agujero de ANCAP. En lo que respecta a su costo de generación, por años UTE deberá cobrar sobrecostos como resultado de estas alegres políticas. Por un lado debe comprar más energía eólica de la que necesita, pagándola a precios muy superiores a aquellos a los que exporta energía a Argentina o Brasil. Por otro, tiene una planta de ciclo combinado que rara vez utiliza, pero que tiene un importante costo financiero. Finalmente, en este contexto de excedentes energéticos, ha debido garantizarle compras de energía que no necesita a UPM para dar cumplimiento al acuerdo firmado por otro trío importante en el gobierno.
Como si no hubiera problemas con la energía, hace relativamente poco el gobierno acordó con Petrobras la adquisición de su negocio de distribución de gas por cañería y su red de estaciones de nafta. A Petrobras no le cierran desde hace años los números. Nuestro gobierno, en lugar de reconocer que tenemos un problema general, decide quedarse con el problema, ahondando aún más el riesgo para ANCAP y UTE.
El problema de competitividad del país tiene mucho que ver con el sobrecosto energético que pagamos en relación a los países de la región. Mientras los balances de UTE, ANCAP y el gobierno central no reconozcan las pérdidas por estas inversiones, este problema no termina más. Si antes de bajar las tarifas, tenemos que amortizar las pérdidas dejadas por estos talentos de la ingeniería, no va a quedar una empresa en pie.
Es por eso que la liberalización del costo de los combustibles va en la dirección correcta. En forma teórica se podría demostrar que tener una refinería propia es más conveniente que importar. Pero eso presupone en primer lugar que se saben hacer las cosas, y en segundo lugar que es necesario reconocer las pérdidas del período anterior. Nada de esto va a hacer esta fuerza de gobierno, menos cuando dentro del cuadro de asesores del candidato del Frente Amplio se encuentran los que nos regalaron este presente.
El sector productivo no necesita ninguna concesión especial. Llevando los costos energéticos al nivel de la región sería ya un importante logro. Pero esto no va a ser posible con profesionales que están atados a algo que ya hicieron y que anduvo mal. Tiempo de cambiar el equipo.
