Las actividades criminales han tomado una inusitada dimensión en un mundo globalizado, donde el enorme desarrollo de las comunicaciones promueve conductas plausibles, pero también permite el contagio de conductas reprobables, particularmente el crimen organizado en su modalidad narcotráfico.
El crimen organizado, en su manifestación más moderna, explota particularmente el narcotráfico, que maneja cifras de dinero que suponemos inconmensurables. Poder identificar el destino del dinero, los bienes y servicios que con él se adquieren y confiscarlos es una de las formas efectivas de luchar contra el delito. Nadie, creo, duda de ello, el problema es cómo hacerlo y una de las formas es seguir lo que podríamos rotular como la ruta inversa, la que explica y justifica las acciones contrarias al lavado de activos que pretenden desenmascarar el origen ilegal de bienes de cualquier naturaleza. Se trata de una actividad loable que alentamos que se realice, pero no podemos dejar de denunciar que, como sucede en muchas actividades legítimas, ella se presta a que a su alrededor surjan los que se escudan en ella para medrar, ya sea económicamente pretendiendo erigirse en consultores o asesores indispensables en la materia y generando suculentos honorarios, o como figuras mediáticas que alimentan el ego que estimula la popularidad. Por ello, no es extraño que surjan seudo especialistas que sacan de la galera procedimientos que les complican la vida a los profesionales, comerciantes y en general a la gente de bien, pero que no han servido en el mundo para combatir la prosperidad del negocio ilegal.
Lo cierto es que una pléyade de especialistas en la materia solo viene reclamando embretar a las personas en bancarizar su dinero. Parecería que se olvidan de que los bancos han sido acusados en el pasado de ser precisamente las instituciones donde más dinero se lava en el mundo. Los bancos no son templos en que Dios libra de culpas a los titulares del dinero y legitima sus actividades ilícitas. Pero, además, la experiencia nacional es que con frecuencia los bancos quiebran y no vamos a recordar ahora la crisis bancaria que en épocas relativamente recientes vivió el país y la forma en que se birlaron los ahorros de los depositantes. Nos preguntamos si se impondrá a los habitantes de este país la obligación de depositar sus dineros en la red bancaria y que garantías se les ofrecerán sobre la disponibilidad de su dinero. ¿Cómo se les asegurará que sus dineros les serán reembolsados en cualquier oportunidad que lo soliciten? Quizás los afiliados de la Caja Bancaria vean con simpatía la bancarización que favorece a los bancos, que contribuyen generosamente a la financiación de ella. Pero el resto de la población desea poder manejar su dinero con libertad, sin tener que darle de ganar a la banca, que ya tiene sus enormes ganancias, sin necesidad que el Estado le genere condiciones que hagan más lucrativo su negocio.
Nos preguntamos por qué crearles más incomodidades a los ciudadanos limitando su libertad sin intentar limitar las comodidades dadas a los delincuentes. Hace años los habitantes del país contratan empresas de seguridad, colocan rejas, concertinas, alambrados eléctricos, etcétera, mientras los delincuentes parecería que casi sin limitaciones hacen de las suyas. Ahora por unos pocos narcos que manejan el negocio en el anonimato y que pocas veces vemos presos, no nos referimos a los que venden al menudeo en las bocas, sino a los grandes capitalistas que dirigen el negocio en gran escala. Nos preguntamos, entonces, por qué en lugar de colocar limitaciones al manejo de efectivo, que es limitar la libertad individual, no se persigue o bien se controla a quienes acrecientan rápida y significativamente su patrimonio. Repetidamente hemos dicho se debería instrumentar un registro patronímico de bienes automotores e inmuebles, y solo a quienes se les pruebe un aumento patrimonial significativo, se les debería exigir que acrediten la legitimidad de los dineros utilizados. Lamentablemente, nuestros registros de la propiedad no son patronímicos, sino que es imprescindible conocer el número de padrón del automotor o del inmueble para saber quién es su propietario. Un registro patronímico permitiría individualizar rápidamente a quienes concentran la propiedad de automotores e inmuebles, que son los bienes en que al parecer el narcotráfico suele invertir, sin necesidad de limitar el uso de efectivo y sin tener que someter a cientos de profesionales abogados, escribanos y contadores a una tarea de control de sus clientes que no es de la esencia de sus profesiones, obligándoles a indagar sobre la legitimidad de los dineros de sus clientes y generándoles una situación incómoda, para la que además no están especialmente preparados. Por otro lado, lo que proponemos haría prácticamente innecesarios los embargos en créditos, derechos y acciones o genéricos, ya que permitiría ubicar fácilmente los bienes automotores o inmuebles de los deudores, lo que contribuiría a facilitar la labor de la Justicia.
Nos parece, además, que la consolidación de una Secretaría Antilavado con enormes poderes de investigación, de dudosa constitucionalidad, puesto que entendemos que la investigación y persecución de las actividades ilícitas deberían estar exclusivamente en la órbita del Poder Judicial, constituye también un importante peligro de concentración del poder en esferas ajenas a la judicial. El partido de gobierno, en el pasado, ha criticado la concentración de actividades en el Poder Ejecutivo con unidades administrativas del tipo de la que comentamos. Sin embargo, ahora vemos que se consolida una secretaria a la que se dota de facultades extraordinarias de investigación e incluso con poderes sancionatorios, que preocupa que no se tramiten con las garantías del proceso judicial sino en una órbita de indudable influencia política. Más nos preocupa, cuando se habla de la creación de un Ministerio de Justicia, que no solo contribuirá a continuar hipertrofiando nuestra burocracia estatal, sino que puede constituir una amenaza para la independencia, ya muy atacada, del Poder Judicial, a quien corresponde, por mandato constitucional, la exclusividad de la competencia de los temas judiciales. En consecuencia, ni el nombre del ministerio proyectado me parece correcto, puesto que todo lo relativo a la Justicia es competencia exclusiva de otro poder del Estado, a saber, el Poder Judicial.
Es preocupante que en lugar de presentarse iniciativas que hagan a los problemas económicos de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias, comerciales e industriales, se piense en concentrar poder en el Poder Ejecutivo, en lugar de encontrar caminos que le permitan al país crecer. No ha existido hasta hoy una iniciativa que genere la expectativa de crecimiento económico, solo anuncios de proyectos concentradores de poder en el gobierno y no es esa precisamente una buena noticia.
