Originaria de Chile, la escritora y profesora de Sociedad y Tendencias en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Paula Schmidt, concedió una entrevista a La Mañana, en la que profundizó sobre el desequilibrio social y económico de su país y evaluó la propuesta de una nueva Constitución como una medida para brindar estabilidad.
¿Cómo interpreta la caída de la tasa de ahorro en Chile y cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo?
El ahorro es lo que permite a los países desarrollarse, no sobreendeudarse y que las personas puedan consolidar sus proyectos de vida. Por lo tanto, el deterioro en la tasa de ahorro –hoy en 16,4 por ciento del PBI– se constituye en un drama para miles de familias que ven con preocupación el clima de incertidumbre y polarización a nivel político, más la inestabilidad social y económica del país que afectan su bienestar. Sin ahorro no hay crecimiento y sin equilibrio macroeconómico y financiero tampoco lo hay para emprender, invertir, ahorrar y fomentar el empleo. Las proyecciones de crecimiento para 2024 son tan solo de dos por ciento, cifra bastante mediocre para dinamizar la economía y retomar con fuerza la senda del crecimiento, por lo menos en el corto plazo.
¿Qué opinión tiene sobre la situación actual del empleo?
Los índices de empleo son un buen termómetro para testear variables no solo económicas, sino también de políticas públicas. Respecto a lo primero, los indicadores hacen difícil presagiar que habrá una pronta recuperación del actual déficit laboral. Hoy se requieren 450 mil trabajos formales nuevos si no queremos seguir rezagados respecto al resto de la región. Acorde a los expertos, hemos retrocedido a los niveles de 2010, con una tasa de desocupación de nueve por ciento. Esto ha sido en parte por la pandemia, pero también por la mala política pública de los retiros desde las cuentas de capitalización individual promulgada enérgicamente y de manera irresponsable por todos los sectores políticos entre 2020 y 2021. El sistema desembolsó casi cincuenta mil millones de dólares, desequilibrando la economía y repercutiendo sobre la capacidad de las empresas para producir y, por ende, contratar. Esto nos ha dejado en una situación compleja, ya que Chile requiere empleos de calidad para que cada vez más chilenos puedan adquirir herramientas que permitan insertarnos en el mundo de la innovación y el conocimiento. Eso no está sucediendo, puesto que el mercado laboral actual es precario e inestable, perjudicando sobre todo a quienes poseen baja escolaridad, incrementándose así la brecha de oportunidades. Todo esto habla de un mercado laboral rígido, que para una parte importante de la población significará menores pensiones y una mayor dependencia de la ayuda estatal.
¿Cómo afecta la inflación persistente y la depreciación del peso a la estabilidad económica del país?
El Banco Central ha sido responsable en sus decisiones de política monetaria frente a la alta volatilidad de los principales mercados internacionales y el enorme gasto interno generado por los retiros, una política expansiva y los efectos de la pandemia. Su rol ha sido el de fortalecer la estabilidad fiscal ejerciendo sus funciones de manera autónoma y equilibrada.
¿Cuáles considera que son las principales razones detrás de la baja inversión en Chile y cómo podría esto afectar el desarrollo económico a largo plazo?
Sin duda que el actual proceso constitucional –que se zanjará el próximo 17 de diciembre por medio de un plebiscito– juega un rol importante frente a la mirada de los inversionistas, siempre cautelosos previo a arriesgar capital. Es por eso por lo que una institucionalidad sólida y reglas claras son necesarias para otorgar estabilidad a los países. En estos momentos de cambio, aún no se despeja del todo el camino para saber si esto ocurrirá, dado que, sumado al incierto escenario constitucional, el país se ha mantenido estancado por más de un año, con una inflación persistente e inversiones que no solo dependen del sector privado, sino también de la agilidad de la administración pública. A esto se adhiere la crisis de inseguridad, una fragmentación política al interior del Congreso, que le ha restado gobernabilidad y fuerza al actual gobierno para llevar a cabo los principales ejes de su programa, y un Estado de derecho no del todo resuelto desde la revuelta social de octubre de 2019.
¿Cómo impactan los casos de cohecho, soborno y corrupción en la percepción de Chile como un destino atractivo para la inversión extranjera?
Sin duda que han sido un golpe bajo para fortalecer la confianza de la ciudadanía sobre las instituciones; sobre todo, políticas y jurídicas. Esto no solo daña la reputación de quienes ejercen cargos que deben reflejar un apego irrestricto a los principios de probidad y transparencia, sino que también menoscaba nuestra reputación más allá de nuestras fronteras haciéndonos ver menos competitivos y serios para establecer relaciones de largo plazo.
¿Qué análisis hace sobre el aumento de la inseguridad y la violencia en el país? ¿Cómo puede esto afectar la estabilidad económica?
Antes que salud, pensiones y educación, la crisis de inseguridad y victimización se ha impuesto como la principal preocupación de los chilenos. El crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal le han costado caro al país, ya que, necesariamente, recursos que podrían destinarse a modernizar el Estado junto a medidas que estén al servicio de las personas están siendo desviados a combatir un flagelo que inmoviliza a los países ralentizando su progreso. Hoy más que nunca el Estado debe trabajar por restablecer el orden y la paz social.
¿Cuál es su evaluación de la propuesta de una nueva Constitución como una medida para brindar estabilidad?
A diferencia del fallido proceso anterior, que deseaba refundar Chile desconociendo su historia republicana, y que fue rechazado por 62 por ciento de la población, el nuevo texto ofrece garantías para establecer el tipo de reformas que podrían reactivar nuestra economía. Esto, en parte también, porque cambia el sistema político logrando generar mayor estabilidad, menor fragmentación del Poder Legislativo y que el Estado esté al servicio de las personas. Es una Constitución sobria, no maximalista, redactada de manera democrática y que permitió el intercambio de miradas diversas para consensuar un marco legal necesario para un Chile moderno.
¿Cuál es su perspectiva sobre la capacidad de recuperación del país en el corto y mediano plazo, especialmente en el contexto de la nueva Constitución?
Por naturaleza tiendo a ser optimista, por lo que, aunque veo difícil una recuperación en el corto plazo, sin duda que las fortalezas y la resiliencia del sector privado –que sigue siendo un motor de desarrollo en el país generando gran impacto social– favorecen a plantearse que no todo está perdido para que volvamos a crecer, ojalá al mediano plazo. Para esto también es necesario fomentar alianzas público-privadas para expandir proyectos en sectores estratégicos como energía, minería y nuevas tecnologías.
¿Cuáles podrían ser los efectos de que esta Constitución no llegue a buen puerto?
Mayor hastío e inquietud de una ciudadanía desgastada por un proceso que se ha perpetuado por cuatro años y que el país necesita cerrar debido a la incertidumbre desde la revuelta de octubre de 2019. Una nueva Constitución fue el acuerdo transversal de la clase política para canalizar las necesidades de la población y disminuir la violencia; no obstante, el recorrido tanto en lo político como en lo económico y social no ha sido fácil. Lo que dictaminen los chilenos en el plebiscito del 17 de diciembre será decisivo para comprender si Chile fue capaz de dejar atrás los impedimentos del pasado para iniciar un nuevo ciclo con un marco constitucional que le permita progresar.
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