La reciente renuncia de Luis Carranza Ugarte al frente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) estuvo acompañada del cuestionamiento a las presiones políticas para la elección de cargos. A pesar de esta situación, la entidad multilateral sigue aprobando líneas de apoyo financiero contra el coronavirus y varios proyectos en nuestro país.
Economista de profesión y dos veces ministro de Economía y Finanzas de Perú (2006-2008 y 2009), Luis Carranza Ugarte presentó el pasado martes 23 de marzo una carta de renuncia como presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en la que estuvo al frente desde el año 2017. En la misiva destaca los proyectos hechos, como la incorporación de Costa Rica y México como miembros plenos, la reducción de costos y aumento de las capacitaciones técnicas.
Carranza explicó que su salida como director estuvo motivada por el pedido de integrantes argentinos del directorio del banco para nombrar a una persona como “vicepresidente de programa de países”, la cual a juicio de Carranza no reunía las condiciones para el cargo.
El cargo de “vicepresidente para los países” tiene como objetivo establecer un nexo entre el banco y los países, dentro del organigrama tiene bajo su mando las oficinas de la institución en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. Además, también tiene la Dirección de Programas de Países, Dirección de Programación Operativa y Dirección de Fondos Cooperación para el Desarrollo. Para ese cargo, Carranza solicitó un voto de confianza en el directorio del CAF para respaldar la designación de Bernardo Requena, quien hace 15 meses ocupa el cargo de manera interina.
En la carta Carranza afirma que como presidente ejecutivo está «obligado a no aceptar presiones de ese tipo” y que la “CAF es una de las pocas historias de éxito de la integración regional, fundamentalmente porque sus países miembros apoyaron el fortalecimiento patrimonial y mantuvieron su independencia institucional». «Estoy convencido que esta difícil decisión que estoy tomando ayudará a preservar la institucionalidad y evitará la politización”, señaló.
De esta manera, Carranza finalizó su mandato un año antes de lo previsto, acorde a los 5 años que cada director dura en su cargo. Siendo el sexto en el cargo desde la fundación de esta institución en 1970. Su predecesor, el economista boliviano Luis Enrique García Rodríguez, fue quien estuvo más años como director, abarcando el período 1991-2017.
Días después de publicada esta carta, el diario de Perú El Comercio le hizo una entrevista en la cual afirma que su renuncia fue “un mensaje fuerte y claro de que las instituciones deben tener autonomía e independencia, para ser instrumentos útiles a los propios países”. Consultado sobre si existían problemas de origen ideológico con los miembros de Argentina debido al nuevo gobierno de Alberto Fernández, Carranza dijo: “un banco de desarrollo se constituye para llevar a los países a hacer mejores carreteras, dar agua y saneamiento, dar electricidad. Ahí no importa si la persona es peronista, macrista, de izquierda o de derecha. Esa persona necesita transportarse de manera segura. No tendría por qué entrar la ideología”.
Inversiones en tiempos de pandemia
Este Banco de Desarrollo incluye más de 13 bancos privados de la región y también representantes de todos los países de América del Sur, más países del caribe como Jamaica, Trinidad y Tobago y República Dominicana, además de España y Portugal. Esto equivale a un área con una población actual de más 600 millones de personas, debido a la incorporación de México y Costa Rica.
La importancia del CAF en la región radica en el modelo de desarrollo sostenible que promueve utilizando créditos y recursos no reembolsables, además de apoyo en aspectos técnicos en la creación e implementación de proyectos en el sector público y privado de la región. Por ejemplo, durante la pandemia de coronavirus que inició el año pasado, el CAF aprobó proyectos para la región y el continente por más de US$ 14 mil millones a modo de ayuda en la lucha contra la crisis económica derivada del covid-19.
A principios de marzo de este año, el directorio del CAF aprobó una línea de crédito de US$ 1000 millones para fortalecer los sectores de salud de los países de la región, lo que podrá “asegurar el acceso a una o más vacunas contra el covid-19, así como la adquisición de los insumos necesarios para que la vacuna sea efectivamente aplicada”, destaca la nota publicada en su sitio web oficial.
Asimismo, se permitirá que este crédito pueda destinarse para que los países avancen en la adquisición de tecnologías vinculadas al sector de la salud, y también el restablecimiento de condiciones normales de servicios médicos que hayan sido interrumpidos o modificados por la pandemia de coronavirus.
Para Uruguay se otorgaron en mayo del año pasado US$ 50 millones para la lucha contra la pandemia, lo que se sumó a la donación en abril de 2020 de US$ 400 mil.
Uruguay: centro de operaciones para la región sur
Además de los proyectos que este banco apoya y desarrolla en nuestro país, en diciembre de 2018 inauguró una nueva sede situada en la rambla sur de Montevideo, exactamente en el casco antiguo de la ciudad, quedando a las puertas de la Ciudad Vieja y a pocos pasos del edificio de Presidencia, como así del Teatro Solís. Con un valor de US$ 40 millones y con un área de 15.500 m2, aloja las operaciones de CAF para la región sur y también las nuevas salas de Cinemateca Uruguaya y el histórico bar Fun Fun.
A nivel de proyectos actuales, solamente el año pasado, este Banco de Desarrollo aprobó proyectos por más de US$ 1350 millones y según su sitio web tiene una cartera en el país de US$ 925 millones. Su mayor enfoque está puesto en el fomento de eficiencia en proyectos de infraestructura y logística como así sostenibilidad, productividad y apoyo a las pymes.
En diciembre del 2019 se aprobó la financiación de CAF a la construcción de la presa en el arroyo Casupá, situado en la cuenca del río Santa Lucia. La financiación será por US$ 80 millones y permitirá mejorar la seguridad hídrica del sistema de aguas de Montevideo, como así del área metropolitana, lo que beneficiará a casi dos millones de personas.
Este año, exactamente a principios de marzo, se aprobó un crédito por US$ 300 millones para la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) con la finalidad de mejorar el mantenimiento de la red eléctrica nacional y aumentar la capacidad de envíos de energía hacia los países vecinos. El apoyo de infraestructura se complementó el 17 de marzo pasado con el apoyo financiero para mejorar la conectividad vial de la ruta 3, por US$ 93 millones comprendidos en el diseño, construcción y operación de la infraestructura vial entre la ruta 1 y la ruta 11, junto al bypass de San José de Mayo.
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