Veinte años después de su legalización, el número de eutanasias en los Países Bajos no ha parado de crecer, con un aumento de más del 120% entre 2010 y 2023. Lo que comenzó como una ley de estrictos controles para casos terminales extremos ha expandido sus criterios hacia el sufrimiento psíquico, la demencia e incluso la infancia. Este crecimiento, que algunos celebran como una ampliación de derechos, genera preguntas incómodas: ¿estamos ante una pendiente resbaladiza que normaliza la muerte como solución? Un análisis de las cifras y los testimonios detrás de uno de los debates éticos más cruciales de nuestro tiempo.
La legalización de la eutanasia en los Países Bajos en 2002 marcó un hito global, estableciendo un modelo riguroso que muchos países han observado con interés. Sin embargo, dos décadas después, la evolución de su aplicación ofrece un caso de estudio complejo. Las cifras oficiales, que muestran un aumento sostenido en el número de casos, generan preguntas profundas sobre la práctica y sus posibles riesgos de expansión. Este artículo examina estas tendencias, los cambios en los criterios de aplicación y los debates éticos que emergen, con el objetivo de ofrecer un análisis ponderado de un tema que toca fibras sensibles de la medicina, la ética y el derecho.
Un modelo pionero con criterios estrictos
Los Países Bajos regularon la eutanasia a través de la Ley de Terminación de la Vida a Petición y Ayuda al Suicidio, efectiva desde el 1º de abril de 2002.
Esta legislación establece un marco de excepción que exime de responsabilidad penal al médico que practique la eutanasia o proporcione ayuda al suicidio, pero solo cuando se cumplen rigurosamente una serie de requisitos acumulativos concebidos para garantizar la máxima deliberación.
El núcleo de estos criterios exige que el paciente experimente un sufrimiento físico o psíquico que sea insoportable y sin perspectivas de mejora. Además, su solicitud debe ser estrictamente voluntaria, persistente en el tiempo y fruto de una reflexión profunda, libre de cualquier tipo de influencia externa. Para que esta decisión esté verdaderamente fundamentada, la ley obliga a que el paciente reciba una información completa sobre su estado de salud, el pronóstico y las alternativas paliativas existentes. Tanto el médico tratante como el paciente deben llegar a la conclusión conjunta de que no existe una opción razonable para aliviar dicho sufrimiento.
Como salvaguarda crítica, el procedimiento exige la consulta obligatoria a un segundo médico independiente (conocido como “médico SCEN”), cuyo dictamen debe confirmar que se cumplen todos los criterios establecidos. Finalmente, la propia ley enfatiza que la ejecución técnica del acto debe realizarse con el debido cuidado y siguiendo los protocolos médicos adecuados, cerrando así un proceso de múltiples filtros diseñado para prevenir decisiones precipitadas.
El proceso está respaldado por un robusto sistema de control, donde cada caso es revisado a posteriori por una comisión regional que determina si se actuó conforme a la ley. De encontrar irregularidades, el caso se remite a la Fiscalía para su investigación.
La tendencia al alza: un análisis de las cifras
La evolución estadística desde la implementación de la ley es, quizás, el aspecto que más debate genera. Las cifras reportadas oficialmente muestran un crecimiento constante y significativo a lo largo de los años.
Este incremento representa un aumento de más del 120% entre 2010 y 2023, de acuerdo con los datos consolidados de las mismas comisiones. Las investigaciones académicas, como el estudio publicado en The New England Journal of Medicine en 2007, señalaron que la legislación en sí misma no había generado más casos en comparación con el período previo a su entrada en vigor. No obstante, la tendencia posterior de crecimiento anual sostenido, que en algunos años alcanzó el 8% según el informe de 2022, ha llevado a un examen más detallado de sus causas.
La expansión de los criterios: más allá de lo terminal
El aumento numérico va de la mano con una notable expansión en la aplicación de la ley. Lo que comenzó enfocado en enfermedades somáticas terminales, como el cáncer avanzado, se ha extendido progresivamente a otras categorías de sufrimiento.
Enfermedades psiquiátricas: en la actualidad, es posible acceder a la eutanasia por trastornos mentales severos e intratables. El caso de Zoraya ter Beek, una mujer de 29 años con depresión crónica, autismo y traumas psicológicos, que recibió la eutanasia en 2024, atrajo la atención internacional. En una entrevista con el periódico The Guardian, Ter Beek explicó su decisión: “Es mi elección. No estoy hecha para esta vida, nunca lo estaré… es demasiado dura para mí”.
Demencia temprana y directivas anticipadas: la ley reconoce la validez de las directivas anticipadas o “testamentos vitales”. Esto permite que personas con un diagnóstico de demencia incipiente, pero aún capaces de manifestar su voluntad, puedan solicitar la eutanasia para cuando ya no sean competentes. Este punto es objeto de intensa discusión bioética. El profesor Theo Boer, exmiembro de una comisión de revisión de eutanasia y hoy crítico de su evolución, lo advirtió en un artículo para el British Medical Journal: “Lo que comienza como un derecho para unos pocos, puede convertirse en un deber para muchos”.
Niños y adolescentes: la legislación original permitía la eutanasia a partir de los 12 años (con consentimiento parental entre 12-15 años). En un cambio significativo, en abril de 2023, el gobierno holandés anunció, a través de un comunicado oficial del Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte, la expansión de la eutanasia para incluir a niños de todas las edades que se encuentren en sufrimiento insoportable y sin esperanza, bajo un protocolo estricto.
Preocupaciones y debates éticos
La combinación de cifras crecientes y la ampliación de las condiciones admisibles ha avivado las preocupaciones entre sectores médicos, bioéticos y de la sociedad civil.
- La pendiente resbaladiza: el argumento central de los críticos es que el país se encuentra en una “pendiente resbaladiza”. Lo que se concibió como un recurso excepcional para un grupo muy específico de pacientes con enfermedades terminales físicas, se estaría convirtiendo en una opción más para un espectro cada vez mayor de sufrimiento. La propuesta del partido político D66 para permitir la eutanasia para personas mayores de 75 años que sientan que han “completado su vida”, cubierta ampliamente por la agencia de noticias ANP, es, para muchos, la evidencia de esta expansión.
- Presión sobre los vulnerables: existe el temor de que, al normalizarse la eutanasia, las personas mayores, aquellas con discapacidades crónicas o quienes se sienten una carga para sus familias puedan sentirse indirectamente presionadas a considerar esta opción.
- Lecciones desde Canadá: una mirada a Canadá, otro país con eutanasia legalizada, refuerza algunas de estas preocupaciones. Una reciente revisión forense en Ontario encontró casos de personas que solicitaron la muerte asistida en parte debido a factores sociales como el aislamiento, la falta de vivienda adecuada o la pobreza. El “Reporte del Forensic Pathologist de Ontario” de 2022 detalla el caso de un hombre desempleado de unos 40 años con enfermedad intestinal y antecedentes de salud mental que fue eutanasiado siendo descrito como “socialmente vulnerable y aislado”.
- El dilema del médico: la práctica también coloca a los médicos en una posición compleja. Un estudio más reciente, publicado en el Journal of Medical Ethics en 2019, titulado “Experiences of physicians and nurses with the euthanasia practice in the Netherlands”, encontró que una proporción significativa de médicos enfrenta conflictos éticos y carga psicológica, incluso cuando están de acuerdo con el principio de la ley.
Algunas lecciones del experimento de Países Bajos
El modelo de los Países Bajos demuestra que es posible regular la eutanasia dentro de un marco legal meticuloso y con supervisión. Sin embargo, la experiencia de más de veinte años también revela una tendencia casi inexorable al crecimiento tanto en volumen como en el alcance de las condiciones aceptadas. La transición desde un recurso para enfermedades terminales físicas hacia una respuesta para el sufrimiento psiquiátrico, la demencia o la percepción de una vida “completa” plantea interrogantes profundas sobre si es posible contener la práctica dentro de unos límites fijos.
La preocupación fundamental que surge de las cifras no es solo numérica, sino cualitativa: ¿está la sociedad utilizando la eutanasia como una solución médica legítima para el sufrimiento extremo, o se está convirtiendo, de manera gradual e inadvertida, en una respuesta a la vulnerabilidad social y a las carencias de los sistemas de apoyo? La continua evolución de esta ley en los Países Bajos y la atenta mirada del mundo servirán como un termómetro crucial para los debates éticos y legales que, sin duda, continuarán en todos los países que se enfrentan a esta compleja y delicada cuestión.
La siguiente tabla ilustra la trayectoria ascendente del número de casos de eutanasia reportados en los Países Bajos, según los informes anuales de las Comisiones Regionales de Eutanasia (RTE):
| Año | Número de casos reportados | Porcentaje del total de muertes |
| 2003 | 1626 | 1,2% |
| 2010 | 4050 | Aprox. 2,8% (cálculo basado en estadísticas de los Países Bajos) |
| 2017 | 6585 | 4,4% |
| 2023 | 9068 | 5,4% |
