La Cooperativa Molino Florida comprobó una caída de la venta de sus productos entre 10% y 12% en el mes de diciembre. La misma situación la atraviesan sus clientes que registraron bajas en las ventas de pan dulces y budines, en el momento de mayor colocación de estos productos. Pasó diciembre y el decreto que bajó los aranceles para la importación de harina de Argentina sigue vigente, creando una competencia desleal y dumping en Uruguay.
Lejos de desactivarse en diciembre pasado como se había anunciado desde el gobierno, la medida que rebajó los aranceles para la importación de harinas provenientes del Mercosur del 12% al 6%, sigue su curso. Justamente el último mes del año pasado fue el que mayores repercusiones tuvo sobre las ventas de los molinos en la plaza local. La caída de productos de estas industrias fue entre el 10% y 12% de acuerdo a algunas mediciones encabezadas por la Cooperativa Molino Florida. Ahora la cuestión es mucho más compleja para el sector que denuncia el ingreso al país de productos industrializados derivados de las harinas provenientes de la región.
Las góndolas en el comercio local exhiben mucho más productos de fidería y galletería de origen argentino, chileno, boliviano y brasileño. Esta es una de las consecuencias que trae aparejado esa caída en las ventas de harina y productos elaborados de origen nacional. Así se lo hicieron saber los clientes al Molino Florida que también dieron a conocer una caída notoria de sus ventas.
“No es que hayamos bajado porque perdimos clientes” dijo Nelson Más, presidente de la Cooperativa de Trabajadores del Molino Florida, sino que la causa es la caída del consumo de sus productos. Este escenario también envuelve a los clientes de esta empresa, que registran caídas en sus ventas. Diciembre suele ser por sus características una zafra para este tipo de productos. A contra sentido de lo que se pensaba, el Molino Florida registró una caída entre 10% y 12%. De acuerdo a una consultoría contratada por la empresa, que corroboró estos datos, esta caída también se trasladó a sus clientes que ven como han bajado las ventas de los productos derivados de la harina. En panificados los ejemplos más claros estuvieron entorno a una importante disminución de las ventas de pan dulces y budines, justamente en el momento donde estos productos alcanzan los puntos más altos de consumo. Se trata de una pérdida que “perjudica doblemente” no solo a la industria molinera sino también a la industria manufacturera indicó Nelson Más.
No hay una política de protección a la industria nacional
La medida de rebaja de aranceles para la importación de harina proveniente del Mercosur fue anunciada el 17 de mayo del año pasado por integrantes del gobierno. En esa oportunidad también el gobierno definió una rebaja para la importación de aceites desde el Mercosur que pasó de 16% a 8%. El ingreso de este tipo de productos extra Mercosur al país es a tasa 0%. Este escenario de introducción de productos subvencionados de otros países sumado a los altos costos productivos ambienta un panorama complejo para el sector.
“Acá lo que no hay es una política clara” que proteja a la industria nacional sentenció el cooperativista Nelson Más, molesto por como con estas medidas se perjudica el desempeño de estas industrias. Si bien han continuado los acercamientos al sistema político, los resultados no han sido para nada alentadores. Desde la Junta Departamental de Florida se enviaron oficios a los ministerios correspondientes intentando un nuevo acercamiento para revertir una situación cada vez más compleja. La expectativa era que en diciembre se modificara el decreto de rebaja de aranceles de esos productos, pero la situación sigue incambiada, a pesar de las promesas que se habían hecho en su momento en este sentido.
Trabajadores y empresas intentan revertir esta situación
La decisión del ejecutivo de rebajar los aranceles para la importación de harina y aceite motivó la rápida movilización de los sectores perjudicados. Más de cien trabajadores, aunque en la movilización frente a la sede judicial había más de trescientos, presentaron una acción de amparo ante el juzgado contencioso administrativo de Montevideo, que desestimó en los primeros días de agosto del año pasado. Estos trabajadores pertenecían a Molino San José, Molino Santa Fe, Río Uruguay SA, Cooperativa de Trabajadores de Molino Santa Rosa, Cooperativa de Trabajadores de Molino Florida, Molino Carmelo, Molino Dolores, Molino Cañuelas y Cousa. El contenido de esta acción de amparo tenía como eje principal la afectación sobre el derecho del trabajo y el impacto negativo que una medida de esas características tendría sobre el mercado local y la reducción del empleo.
Finalizado a fines de noviembre el plazo para que el Poder Ejecutivo se expidiera sobre el recurso administrativo contra el decreto 192/22 donde se baja del 12% al 6% la tasa arancelaria para la importación de harinas desde Argentina, la definición nunca se produjo. Respaldados por informes técnicos, las Cooperativas de Molino Florida y Santa Rosa solicitaron dejar sin efecto ese decreto que favorece la importación de harina y otros productos argentinos haciendo de este mecanismo una competencia desleal y un dumping en Uruguay. Uno de esos informes técnicos fue elaborado por la consultora Cinve que dice que una medida de estas características podría dejar a la industria molinera en una situación de vulnerabilidad.
El siguiente paso que la Cooperativa Molino Florida prepara es la presentación de una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Representada por el abogado Manuel Echeverría, se intentará que este organismo anule el decreto o por lo menos el artículo referido a las harinas. El profesional aún no definió la fecha de presentación de esta acción, aunque indicó que sobre finales de febrero vence el plazo para realizar el trámite.
La fe es lo último que se pierde
Aún existen expectativas para que el gobierno desista de esta medida y “proteja a la industria nacional”. Solamente en la Cooperativa Molino Florida trabajan en forma directa 33 personas que sumadas a los empleos indirectos superan los 80 trabajadores.
Desde el Poder Ejecutivo se advierte que esta medida tuvo su origen en respuesta al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que podría traer aparejado a la hora de importación de productos. Se admite que la baja de estos aranceles fue una medida que buscaba bajar los precios de las materias primas desde el vecino país y que repercutiera en una baja de la canasta básica en Uruguay. Aunque se dio a entender que se trataba de un decreto transitorio de no más de 6 meses, el documento no define por cuanto tiempo estará vigente la medida.
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