La falta de control de las autoridades y lo insuficiente de propuestas que apuesten a la reactivación económica por encima del equilibrio fiscal han generado una clara disminución de la cadena de consumo que afectó directamente a pequeñas y medianas empresas, derivando en un alto número de personas desempleadas.
La pandemia que nos preocupa y ocupa viene dejando secuelas más allá de lo sanitario que, difícilmente, se puedan subsanar. Las pequeñas y medianas empresas en Uruguay superaban las 200.000, y se estima que daban trabajo a casi 500.000 personas, lo que significa casi un 70% del empleo en el sector privado.
Estos datos surgen de la información brindada por autoridades del Gobierno anterior quienes destacaban en el momento un crecimiento exponencial en período 2006 al 2020. Los rubros son variados y van desde los llamados comercios de cercanía, pasando por empresas dedicadas al turismo, transporte de carga, alimentos y empresas de construcción, con un límite de funcionarios a cargo que van de 7 a 15, dependiendo de la categoría y el sector con la excepción de las unipersonales.
En el período de febrero a junio del 2020 fueron más de 7000 las empresas que cerraron sus puertas de las cuales más de 4200 fueron unipersonales. Para las autoridades de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) se entendió en su momento que, en este caso, por ser de “estructura menos pesada” era más probable que pudieran volver a la actividad.
En contrario a lo manifestado por las autoridades, un gran porcentaje de las mismas no ha retomado su actividad y en muchos casos sus titulares han ingresado a la informalidad. En las redes sociales la oferta es la clara muestra de lo mencionado, desde comidas prontas sin ningún tipo de control sanitario, servicios y demás rubros imposibles de enumerar.
Ayudas y empresas endeudadas
Desde casi el inicio de la emergencia sanitaria el Gobierno anunció medidas para pymes y empresarios con el fin de contener las consecuencias del covid-19 en nuestro país. Desde el aplazamiento de vencimiento de pagos de DGI y BPS, hasta líneas de crédito con condiciones flexibles por parte del Banco República y los gestionados a través de la ANDE.
Si bien las supuestas soluciones fueron recibidas de buena manera por el empresariado, con el correr de los días se llegó a la conclusión de que eran insuficientes en algunos casos y generaron perjuicios en otros. Los créditos del BROU eran en esencia para capital de trabajo o refinanciar vencimientos. El préstamo SIGA Pymes y el Programa de Crédito Dirigido fueron creados para beneficio de micro y pequeñas empresas afectadas, cuyo destino sea capital de trabajo.
La realidad mostró que, en muchos casos, las empresas asumieron compromisos de crédito que no han podido después cumplir. Hoy hay un sinnúmero de empresas endeudadas y con riesgo de cierre definitivo en especial las dedicadas al turismo (agencias, empresas de transporte, etc.) las que no pudieron superar la situación de fronteras cerradas).
El crédito SIGA Pyme quedó supeditado a que, si bien la empresa interesada podía estar con sus obligaciones tributarias al día, si el titular tenía inscripción en el clearing la solicitud era negada. El préstamo de ANDE a empresas unipersonales consistente en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $12.000 cada una, a pagar en 24 cuotas. Ya ha generado preocupación por los deudores, los que nos manifestaron que “si te atrasas te llaman y te intiman, informando que de no pagar puede haber consecuencias futuras”.
Por otra parte, un microempresario que no hizo uso del beneficio expresó que estaba atrasado con el BPS y DGI, pero si aceptaba el dinero estaba sacando un crédito para pagarle al Estado, para luego volver a deberle al mismo Estado.
Se aguarda con expectativa el resultado del PIP (Programas de Inversión Productiva) que ofrece apoyo financiero a unidades productivas en funcionamiento, o a crear ya sean individuales o colectivas. De esta forma, se pretende promover la generación de empleos mediante la compra de herramientas y maquinarias para mejorar el desempeño de la unidad. Como otros casos, aquel supone un nuevo endeudamiento del pequeño empresario en un momento donde la cadena de consumo cada vez se acorta más, en la misma medida que aumenta el endeudamiento.
Más rubros afectados
La competencia desleal en época de pandemia ha sido uno de los factores para que el rubro carnicería viera como el número de comercios disminuye significativamente, especialmente en el interior.
La falta de control de los gobiernos departamentales hizo que, por ejemplo, los almacenes, en el afán de aumentar la oferta de productos, comenzaran a vender carne (picada, milanesas, chorizos). Algunos vecinos lo ven “conveniente” dado que el almacenero les vende en la libreta, mientras que el carnicero no.
Un empresario riverense consultado al respecto nos expresaba que “es imposible seguir así, a los almacenes hay que sumar el que vende la carne puerta a puerta”. “Los que tienen un pequeño campo, crían algunos animales, los faenan y después hacen largos recorridos para luego vender la carne. Ya tenemos muchos años en esto y la verdad es que tendremos que cerrar”, agregó.
Las empresas de transporte de carga, a pesar de lo abultado de la inversión, son en su mayoría unipersonales. En los últimos tiempos, la falta de control de las autoridades del MTOP han generado, también, en este rubro una competencia desleal que ha desestimulado a sus titulares, quienes en algunos casos eligen la informalidad como forma de evitar aportes tributarios, además de seguros y patentes de alto costo para poder igualar la oferta de los que hoy han invadido ese mercado.
El Gobierno nacional, a través de la DGI, pretende con la conversión de unipersonales a SAS que las empresas puedan tener derecho de ser negociadas por sus titulares, como así también su capital de trabajo concediendo exoneraciones que vencieron el 31/12, perdiendo a partir de esa fecha los beneficios, pero manteniendo la obligación de realizar la conversión. Las empresas que quedaron registradas mantendrán las exoneraciones, en tanto aquellas que por la pandemia no lograron cumplir con el plazo estipulado, deberán abonar todos los tributos con los perjuicios que ello genera.
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