La irrupción de Temu y otras plataformas chinas sacudió a la industria de la vestimenta uruguaya, integrada por miles de pequeños talleres y costureras. La Cámara del sector reclama al Estado plazos y licitaciones acordes a la realidad local, mientras advierte que el actual sistema de compras públicas y la competencia online están dejando sin trabajo a quienes producen ropa en el país.
La irrupción de Temu en Uruguay no solo ha transformado el panorama del comercio electrónico, sino que ha encendido una alerta en la industria nacional de vestimenta, que hoy advierte un escenario de competencia desigual. Representantes de la Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV) expusieron ante la Comisión de Industria del Parlamento que las actuales licitaciones públicas y la llegada masiva de importaciones por plataformas como Temu, Amazon y Alibaba está desplazando a cientos de pequeños talleres textiles del país.
“La industria de la vestimenta existe, aunque muchos piensen que no”, aseguró Sebastián Dominoni, portavoz de la CIV. En la actualidad, esta actividad involucra a cerca de 8000 trabajadores, aunque solo unos 3500 lo hacen de forma formal. Muchos de ellos operan en redes de microemprendimientos familiares que comparten las distintas etapas de producción: cortar, coser, planchar, etcétera. Cuando solicitan licitaciones para uniforme estatal, lamentan, no pueden competir: “Ni uno salió de acá”, afirmaron en relación a los 90.000 uniformes importados desde Asia hacia el Ministerio del Interior a fines de 2024.
El centro del reclamo es el diseño de los plazos y condiciones de las licitaciones estatales, que según la industria “están hechas de forma arcaica”. Ejemplos recientes incluyen un concurso de la Fuerza Aérea para 160 gorras con entrega parcial del 50% en 30 días –cuando la producción local requeriría entre cinco y seis meses– y otro del INISA con 4000 prendas distintas y plazos similares. Además, señalaron que los precios de producción nacional –por ejemplo, boinas a US$ 13 o 14 frente a los US$ 5 de origen chino– pierden incluso con el beneficio del 30 % que la Ley Tocaf concede a productos nacionales.
A este desequilibrio se suma el impacto del “efecto Temu” en el comercio local. La cantidad de envíos bajo franquicia pasaron de unos 50.000 al mes en 2023 a más de 160.000 mensuales desde finales de 2024. Según la Cámara de Comercio y Servicios, esto representa aproximadamente US$ 15 millones por mes saliendo del circuito productivo uruguayo. En los rubros de vestimenta, Temu concentra el 21-22% de las importaciones por franquicia.
Las compras por Temu se realizan sin los mismos controles ni aranceles que enfrenta la industria local, lo que genera preocupación sobre competencia fiscal desigual. En respuesta, la cámara empresarial se reunió con el presidente Yamandú Orsi y el Ministerio de Economía, solicitando revisar los regímenes, fiscalización aduanera y régimen de franquicias, ofreciendo alternativas como elevar la franquicia a US$ 500, pero siempre contemplando las asimetrías.
En el Parlamento, el diputado Walter Verri (Partido Colorado) reconoció la inequidad, pero apuntó al marco legal del Tocaf que obliga a adjudicar a la oferta más económica, aun cuando eso favorezca importaciones en lugar de producción local. El diputado frenteamplista Javier Umpiérrez también validó el reclamo y recordó iniciativas legislativas similares en otros sectores. Por su parte, Álvaro Dastugue (Partido Nacional) alertó sobre el efecto nocivo de Temu en los hábitos de consumo de los adolescentes, que induce compras constantes sin considerar el valor local.
Hacia una estrategia de defensa del textil nacional
La industria uruguaya propone adecuar plazos, flexibilizar requisitos y fomentar entregas parciales que permitan cumplir contratos estatales, generar empleos y mover la economía interna. “La plata queda acá: en nuestros trabajadores, carnicerías, almacenes, BPS”, enfatizó Dominoni. En paralelo, Cámara de la Economía Digital (CEDU) alerta que siete de cada diez compañías digitales sufren caídas de más del 10% en sus ventas tras el arribo de Temu.
El Ministerio de Economía, a través del director de Política Comercial, Juan Labraga, reconoció el fenómeno y comunicó que se analizan medidas inspiradas en modelos internacionales como Estados Unidos y Europa, donde se ajustan los límites de importaciones exentas.
El desafío es encontrar un equilibrio: permitir el acceso a la modernidad del e-commerce con condiciones justas para la industria nacional, que emplea a miles y conforma una red productiva familiar y territorial. La pregunta es si Uruguay quiere seguir siendo terreno fértil para plataformas globales o si va a redefinir sus políticas públicas para respaldar a quienes sostienen una industria –la de la vestimenta– que todavía late con fuerza.
