Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Sustentable (Movus), expresó su visión sobre la situación del agua en el área metropolitana, en el contexto de la anulación del proyecto Arazatí y su reemplazo por la represa de Casupá y la ampliación de las obras en Paso Severino, previstas para concluir en 2029.
Viñas señaló a La Mañana que la crisis de 2023 fue consecuencia de una disminución de precipitaciones desde 2019, tras inundaciones importantes, lo que llevó a un déficit hídrico severo en el sur del país, afectando especialmente la cuenca del río Santa Lucía y otros cursos de agua como el río Rosario. “En el año 23 directamente eso se notó fuertemente en los cursos de agua, especialmente en el sur del Uruguay”, afirmó. Advirtió que, aunque actualmente los suelos tienen un buen volumen de agua según índices satelitales, “en los próximos años puede cambiar, evidentemente”, lo que podría generar una nueva crisis.
Desde Movus, Viñas lamentó que el tema del agua, especialmente el agua potable, “se está politizando a lo largo de líneas partidarias”. Explicó que las opiniones varían según el partido político, con algunos defendiendo el proyecto Arazatí por los estudios previos y el contrato firmado, mientras que otros lo cuestionan. Sobre Arazatí, destacó que el contrato original contenía “cláusulas inconstitucionales o ilegales” que otorgaban a empresas privadas el manejo de parte del sistema de abastecimiento de agua, algo que, según las normas constitucionales uruguayas, solo pueden realizar empresas estatales o de derecho público. “Nosotros estamos de acuerdo en que Arazatí no se tendría que hacer, no se tiene que hacer y está muy bien que no se haga”, afirmó.
Pérdidas en las redes de distribución
Viñas subrayó, no obstante, que un problema central es la pérdida de agua en las redes de distribución. Según datos de OSE, “más del 50% no es facturado y una parte muy importante de eso no es facturado porque se pierde”. En el área metropolitana, el anuario estadístico de 2024 indica que “el 63% del agua que se saca del río Santa Lucía nunca es facturada”. Esto se debe a pérdidas en las redes y, en parte, a consumos no registrados. Citó un ejemplo en la zona del zoológico, donde una vereda se hundió por una fuga que, según se estima, persistió por más de un año. “Hay un problema en el monitoreo de las redes porque una pérdida de ese tipo por tan largo tiempo no podría pasar desapercibida en una red de agua moderna que tenga los sensores adecuados”, señaló.
Propuso que, mientras se desarrollan las nuevas obras, se priorice la reparación de las redes para reducir las pérdidas. Esto permitiría disminuir la extracción de agua del río Santa Lucía de 500.000 m³ diarios a unos 350.000 m³, extendiendo la duración de las reservas de Paso Severino de 130 a 170 días. “Eso nos daría otra seguridad, además de que tendríamos una gran ventaja económica”, afirmó el especialista, destacando que el agua perdida implica costos en bombeo, potabilización y distribución.
Críticas al manejo de los proyectos
Sobre el descartado proyecto Arazatí, Viñas cuestionó su viabilidad técnica y económica. Indicó que el Río de la Plata, fuente propuesta para Arazatí, presenta problemas de contaminación, materia orgánica, cianobacterias y salinidad, lo que lo hace inadecuado. Además, el presupuesto inicial de 208 millones de dólares creció a 294 millones y con ajustes en unidades indexadas, podría haber alcanzado cerca de 1000 millones. “No sabemos cuánto hubiera terminado costando el proyecto de Arazatí”, señaló.
En cuanto a las nuevas obras en Casupá y Paso Severino, expresó preocupación por la falta de especificaciones técnicas claras y por la posibilidad de que se adjudiquen sin licitación a las mismas empresas que tenían el contrato de Arazatí. “Se cambia el objeto del contrato, que es una de las partes medulares legalmente de un contrato, se cambia el objeto, el contrato tendría que ser otro, las obras nuevas tendrían que licitarse”, afirmó, destacando la importancia de respetar la seguridad jurídica y las leyes.
Un enfoque integral
Movus propone un enfoque integral que combine la reparación de redes con la construcción de nuevas obras bajo criterios ambientales modernos. Viñas sugirió que la represa de Casupá debe diseñarse para evitar problemas como la proliferación de cianobacterias, asegurando que los bordes del embalse tengan monte nativo como filtro natural. “Si logramos hacer eso con cuidado, podemos tener algo bueno, ya habría que comenzar a plantar monte nativo en donde se sabe que van a hacer los bordes de ese lago”, explicó.
Además, abogó por modernizar las redes con sensores y controles que permitan detectar pérdidas y conexiones no registradas, y por reemplazar cañerías antiguas, incluidas algunas de plomo que representan un riesgo para la salud. “Es quizás el momento de hacer una cosa nueva, de cero, entera, que para muchos años nos dé la tranquilidad y la seguridad de que no vamos a tener esos problemas”, afirmó. También propuso que la reparación de redes se realice por sectores, adjudicando trabajos a empresas locales para generar empleo y movilidad económica. “Tú puedes dárselo a empresas chicas que lo pueden hacer con mayor generación de empleo, con mayor movilidad sin llevarse las ganancias al exterior”, señaló, contrastando esto con los grandes proyectos que suelen beneficiar a pocas empresas extranjeras.
Finalmente, Viñas enfatizó la necesidad de un manejo eficiente del agua, un recurso escaso y vital. Criticó la falta de presupuesto para la reparación de redes, ya que la gerencia creada por OSE para este fin solo puede abordar el 1% de la red por año, lo que implicaría un siglo para renovarla por completo. “Nosotros decimos que está muy bien que no se haga Arazatí. Está muy bien que se hagan estas obras nuevas. No estamos de acuerdo tampoco con lo que se ha dicho hasta ahora. Estamos esperando a ver qué pasa”, concluyó, insistiendo en la importancia de priorizar la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión del agua.
Los nuevos proyectos
Por otra parte, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, comparecieron ante la Comisión de Ambiente de Diputados para explicar la decisión del gobierno de no avanzar con el Proyecto Neptuno y detallar las nuevas obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana y la Costa de Oro. Ortuño destacó que la jornada en la Comisión fue productiva y que se proporcionó información técnica para respaldar la decisión del gobierno: Explicó que la estrategia se basa en dos decisiones principales: construir la represa de Casupá, ya que “esto asegura la reserva de agua bruta dulce para que funcione en forma permanente el abastecimiento de la única planta que puede garantizar el agua a toda el área metropolitana, que es Aguas Corrientes”, a lo que se suma “el avance hacia la construcción de un conjunto de obras que fortalezca el sistema de abastecimiento y en ese marco la renegociación de lo dispuesto en el contrato de Arazatí no avanzando con la construcción, suspendiendo la construcción del proyecto Neptuno”.
Ortuño subrayó que estas medidas buscan evitar situaciones como la crisis hídrica de 2023. “Cuando nos quedamos en 2023 sin reserva de agua bruta, de agua dulce, terminamos con 73 días sin agua potable, con agua salada, que es una situación que no se va a repetir porque con estas obras estaremos asegurando el abastecimiento” sostuvo.
Las nuevas obras propuestas son una nueva planta potabilizadora con capacidad de producción de 200 mil m³ más una nueva reserva de agua, en el arroyo Solís Chico junto a una nueva potabilizadora y obras en zonas de la Costa de Oro que hoy no tienen servicio regular, como Jaureguiberry.
Sobre el costo de las obras, Ortuño indicó “estamos hablando de un conjunto de inversión de 350 millones de dólares, aproximadamente, que suponen no solo el cumplimiento el objetivo de la realización de estas obras que aseguran el abastecimiento, un tema pendiente en el Uruguay desde hace larga data, sino que además suponen un ahorro significativo en relación con lo que estaba planteado con el proyecto de Arazatí”.
Con relación a la represa de Casupá, especificó “contamos con los estudios técnicos de OSE sólidos, sino que además nuestra empresa pública, en el marco de la cooperación técnica de CAF, ha realizado, contratado y se ha realizado un estudio externo que justamente reafirma y ubica el costo de la presupuestación en 130 millones de dólares de este proyecto”.
Aclaró que esta cifra incluye “no solo la construcción de la planta, sino también las expropiaciones que están estimadas, la dirección de la obra, el proyecto ejecutivo y hay una partida destinada a los costos ambientales”.
