A partir de las denuncias que el Banco de Previsión Social (BPS) presentó contra algunos de los clubes que adeudan cifras millonarias por aportes sociales, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y algunos dirigentes políticos nucleados en la Comisión Especial del Deporte, buscan alternativas para regularizar la crítica situación que vive el fútbol.
Desde 2009, año en el que los jugadores dejaron de aportar por un salario ficto y pasaron a hacerlo de acuerdo a sus ingresos reales -como cualquier trabajador-, los clubes del fútbol uruguayo incrementaron sus incumplimientos con el BPS y agravaron sus complicaciones financieras. Según un relevamiento que hizo la AUF en 2018, al menos la mitad de los 47 clubes asociados le deben al organismo de seguridad social un total de 100 millones de dólares solo en aportes personales, ya que los clubes están exonerados de los patronales.
Según los datos que publicó Búsqueda en el mes de agosto, el club Rentistas, que fue presidido por el exmandamás de la AUF, Wilmar Valdez, acumula un pasivo de 16,6 millones de dólares y enfrenta varios juicios laborales con funcionarios por deudas salariales. En una situación parecida está Cerro, que le debe a BPS 10,9 millones de dólares, y estuvo al límite de la desafiliación al incumplir también los pagos a sus jugadores y demás empleados – a los que debía siete meses de sueldos-. Pero como sucede a menudo en el fútbol local, horas antes de iniciar el torneo, el club presidido por Graciela Castro pagó 300 mil dólares para poder participar de la competencia. El convenio que firmó el club villero con BPS se extiende a mayo de 2033. Una situación parecida experimenta Progreso, que recién en 2030 podrá saldar con el banco previsionista una deuda de 2,1 millones de dólares. Otros clubes que arrastran obligaciones impagas, incluso de la década del 90, son Defensor (USD 2.300.000), Rampla (USD 2.100.000) y Racing (USD 1.500.000).
Tras conocerse la noticia, tanto Peñarol como Nacional comunicaron en sus respectivas cuentas de twitter que se encuentran al día con sus obligaciones, mostrando la vigencia de los certificados de BPS y DGI. Sin embargo, los clubes más grandes del fútbol uruguayo están pagando convenios con el BPS por adeudos contraídos entre 1996 y 2003. El tricolor acumuló durante esos años impagos por 9,3 millones de dólares y el aurinegro por un monto de 6,3 millones. Liverpool y Wanderers son los únicos clubes de primera sin deudas con el BPS.
Juicios a los clubes y denuncias penales contra sus dirigentes
El BPS inició juicios civiles a los clubes que retuvieron los aportes personales de sus jugadores pero no los volcaron a las arcas del organismo de seguridad social. El ente también realizó denuncias penales a los dirigentes de algunas de las instituciones deportivas a causa de una “eventual apropiación indebida” de estos dineros, según indicó el titular de BPS, Heber Galli en rueda de prensa. A raíz de esta situación, Álvaro Chijane, presidente de Fénix, advirtió que si alguno de los dirigentes denunciados va preso, varios clubes tienen acordado parar el fútbol.
Sobre este tema, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, mencionó a Búsqueda que “esta persecución penal genera que no haya personas interesadas en ser presidentes de los clubes por el riesgo al que quedan expuestos” y opinó que “la realidad económica pasa por encima de la ley”, porque los clubes de fútbol no están en condiciones para afrontar los gastos. Alonso también cuestionó que, a diferencia del fútbol, el básquetbol goza de un régimen de excepción –de aportes a BPS- desde hace diez años, y por ese motivo “hay equipos del básquetbol que son más poderosos que el 80% de los equipos de fútbol”, indicó.
Los temas de la AUF en el Parlamento
El presidente de la Comisión Especial del Deporte de Diputados, Luis Enrique Gallo, manifestó a Montevideo Portal que conocía el problema de las deudas de los clubes al BPS desde 2017, en ocasión de la comparecencia a dicha comisión de dirigentes de algunas instituciones, acompañados por el entonces presidente Wilmar Valdez. Galli mencionó que en ese momento se presentó un proyecto de ley, pero que no prosperó y “el tema quedó congelado ahí”.
Al destaparse públicamente la crisis económica de los clubes del fútbol uruguayo a partir de sus millonarias deudas con el BPS, el pasado 13 de agosto el nuevo presidente de la AUF acudió al Parlamento para reunirse con los integrantes de la Comisión, para buscar “algún instrumento legislativo que permita saldar el problema” dijo Gallo, y agregó que después de hablar con todas las partes involucradas, la comisión trabajará para lograr “una salida política a la situación”.
Como representante de los intereses de los clubes, Alonso planteó la necesidad de volver al régimen especial de aportes, y pagarle al BPS en base a un ficto por jugador y no sobre el porcentaje de lo que cada futbolista gana, como quedó instaurado desde el 2009. En pos de una pronta resolución, el presidente de la AUF quedó a disposición para colaborar en la elaboración de un proyecto de ley.
Nuevo proyecto de ley sobre la mesa
En la mencionada reunión, los diputados del Partido Nacional, Armando Castaingdebat, Mario García y Amín Niffouri presentaron ante la comisión un proyecto de ley que pretende solucionar la situación económica del fútbol. La iniciativa prevé que los bienes decomisados por el Estado uruguayo, a partir de las actividades delictivas como corrupción y lavados de activos que estén vinculados directamente a los negocios del fútbol, sean destinados a la AUF y no a la Junta Nacional de Drogas como refiere la ley vigente referida a la materia.
Durante la exposición de los motivos, en el texto se cita como antecedente el artículo 11 de la Ley 19.749 –en ocasión de la redacción del artículo 59 de la Ley 19.574-, que establece que dichos bienes “podrán destinarse prioritariamente a las personas físicas y jurídicas afectadas directa o indirectamente” por las actividades delictivas que regula la norma y que favorecería en este caso puntual a la AUF.
Esta modificación fue propuesta por el senador Pedro Bordaberry en abril de este año en la Comisión de Asuntos Internacionales que el dirigente colorado presidía. En esa oportunidad, Bordaberry cuestionó que los fondos fueran siempre a la Junta Nacional de Drogas y argumentó que estos “deberían ir, en primer lugar, a indemnizar a los perjudicados por dichos actos”. Sin embargo, en mayo, el senador se abstuvo de votar el artículo debido a que en ese momento ejercía como jerarca y representante de los intereses de la AUF en la Comisión Regularizadora, que encomendó la FIFA tras el escándalo preelectoral de la AUF. No obstante, Bordaberry se comprometió a participar en la elaboración de esta propuesta.
