La oposición sanducera apunta a que el gobierno departamental precarizó las relaciones laborales de funcionarios públicos y evade anualmente 14 millones de dólares de impuestos, por lo que extendieron la denuncia al BPS y a la DGI. En diálogo con La Mañana, el secretario general de la intendencia de Paysandú, Fermín Farinha sostuvo que este tema busca “un nuevo intento de judicializar la política por parte del Frente Amplio”.
La bancada del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Paysandú, encabezada por el edil Andrés Imperial y representados legalmente por el Dr. Federico Álvarez Petraglia, presentó el pasado viernes 2 de diciembre una denuncia penal ante la Fiscalía Letrada Departamental de esa ciudad, por presuntos “hechos de apariencia delictiva”, respecto del mecanismo y el vínculo contractual que la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) y la Fundación A Ganar entabló, a fines de 2020, en una licitación abreviada que posteriormente fue observada por el Tribunal de Cuentas.
Tras presentar el documento, el abogado sostuvo que la idea de la denuncia es “poner en conocimiento de la Fiscalía un conjunto de irregularidades que se constataron y donde se va a pedir que se investigue a los funcionarios públicos que actuaron en ese proceso, empezando por el intendente, pero también a la gente de la fundación”.
Consultado por La Mañana, Imperial detalló los motivos por los cuales decidieron acudir a la justicia penal, para que se investiguen las circunstancias ocasionadas en la contratación de la Fundación A Ganar por parte de la IDP. El edil mencionó que el gobierno departamental, al mando del intendente nacionalista Nicolás Olivera, en los últimos días de diciembre de 2020, “de golpe y porrazo hace llegar esta Fundación A Ganar a Paysandú para avasallar los derechos laborales”. Señalamiento que hace referencia a que la IDP llamó a Licitación Abreviada el 23 de diciembre y el 30 de diciembre (tres días hábiles mediante) se procedió a la apertura de las ofertas, donde la única que se presentó fue Fundación A Ganar, que terminó siendo la adjudicataria de las tareas previstas, por sugerencia de la Comisión Asesora, el 8 de enero de 2021.
Vale mencionar que el llamado abarcó, además de los recursos humanos de los centros de primera infancia, el “gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales, deportivas, ambientales, productivas, desarrollo departamental y local, servicios generales, entre otras, de la Intendencia Departamental de Paysandú”.
Cuestionan mecanismo que “precarizó” la situación de decenas trabajadores
Dicho avasallamiento de los derechos laborales surgió en primera instancia, con la situación de 130 trabajadores de ocho centros CAIF y el Centro Siempre dijo el edil. “Bajo presión y amenazas les hacen firmar una renuncia a ser trabajadores de la intendencia, para tomarlos por la Fundación A Ganar”, apuntó. Si no renunciaban, “como la intendencia no iba a hacerse más cargo de los CAIF, iban a quedar directamente sin trabajo”, aseveró el representante del parlamento sanducero. Imperial hizo hincapié en que estas personas “tenían contratos a término, anuales, pero que eran renovables, dado que había maestras que tenían una antigüedad de 10, 12 y hasta 14 años. Quiere decir que era un trabajo estable de esas personas”, indicó.
Además de la antigüedad y otros derechos adquiridos por esos funcionarios, “al tomarlos por la fundación también perdieron poder adquisitivo, porque perdieron salario”, debido a que, “si bien INAU se hace cargo de una cierta cantidad de horas, la intendencia también aportaba un par de horas semanales y eso se redujo”, afirmó. Imperial advirtió que el INAU hizo un convenio con la intendencia para que esta se haga cargo de la educación de los niños, pero no para que se la “derive” a un tercero.
Por eso la bancada opositora en la Junta Departamental sanducera acusó a la intendencia de “precarizar las relaciones laborales” y, además, apuntó que bajo este nuevo mecanismo la intendencia evade anualmente $ 14: de aportes patronales al BPS. Cifra que surge de los propios dichos del intendente Olivera, que ante los primeros cuestionamientos argumentó que la decisión fue para “ahorrar” 14 millones de pesos.
“No existe tal ahorro, sino que lo que existe es una evasión del pago de los aportes patronales”, acusó Imperial. Recordó que la fundación está exonerada del pago de aportes patronales porque responde a “un objeto específico que está en su estatuto”.
Dicha fundación es miembro de la Asociación Nacional de ONGs (ANONG), y mantiene convenios con la Secretaría Nacional del Deporte, Inefop y el CEIP desde hace más de una década; desde 2015 con la intendencia de Maldonado; y desde 2020, convino con el Mides, el MTOP y las intendencias de Rocha, Paysandú y Durazno.
Para Imperial, las tareas por las que fue contratada la referida fundación “excede de sus funciones” originales, puesto que, en los hechos “trabaja como una empresa tercerizadora”, contratando trabajadores a pedido del municipio. Los ediles opositores entienden que el servicio prestado por la fundación constituye la obligación de esta de tener que grabar las tasas de IVA y hacer los aportes patronales correspondientes, como cualquier empresa que brinde servicios de tercerización de recursos humanos.
Motivados por estos sucesos, a lo que se sumó la observación del Tribunal de Cuentas (TC), los ediles del FA promovieron, en julio de 2021, una comisión investigadora en la Junta Departamental, que si bien, finalizó con un informe en mayoría de los ediles oficialistas desestimando las acusaciones realizadas, contó con un informe en minoría que terminó constituyendo la base de la denuncia penal presentada el viernes pasado.
En la contratación de la Fundación A Ganar por parte de la intendencia de Paysandú existió “una maniobra que dañó las arcas del Estado” y “una serie de irregularidades que ameritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva”, expresó el informe de los ediles opositores.
“Estamos abiertos a aportar información”, pero “no advertimos ilicitud alguna”
Consultado por La Mañana, el secretario general de la intendencia sanducera, Fermín Farinha sostuvo que este “es un tema que ha sido hartamente planteado sin éxito por la oposición, buscando réditos políticos”. En cuanto a la denuncia, “nosotros no tenemos conocimiento formal de la misma, extremo que impide hacer una valoración seria sobre la misma. Sin perjuicio de ello, desde la administración departamental estamos abiertos a cualquier consulta, ya que respecto del proveedor y el procedimiento de selección ya se han cumplido varias instancias de control exhaustivo”, aseveró Farinha y recordó: “Se ha expedido el Tribunal de Cuentas, se conformó a nivel de la Junta Departamental una Comisión Investigadora que culminó sin identificar situaciones irregulares”. Además, “luego de 2 años, podemos afirmar que mantenemos vigente y se ha mejorado las prestaciones relacionadas con el convenio con INAU, como lo son los CAIF y el Centro Siempre; actuación que también está sujeta a un control externo permanente”, acreditó el secretario de la IDP.
“Estamos abiertos a aportar la información que se requiera en la vía judicial, -pero- no advertimos aquí ilicitud alguna, constituyendo esta acción- a 2 años de adjudicado el contrato- un nuevo intento de judicializar la política por parte del Frente Amplio, que reitera un modus operandi que es buscar generar un hecho político a través de este tipo de acciones que poco suman a los verdaderos temas departamentales”, indicó.
Respecto al mecanismo, dijo que “el formato de gestión no ha sido una innovación de esta administración, sino que es algo que la Intendencia de Montevideo ha venido desarrollando ampliamente con la contratación de ONGs, optando por replicar experiencias positivas como también la tiene la Intendencia de Maldonado”, concluyó.
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