El Uruguay desde hace algún tiempo viene celebrando contratos que se negocian exclusivamente en la órbita del Poder Ejecutivo, llevando las riendas de la contratación los personeros de los partidos que ejercen el gobierno, con prescindencia del resto del elenco político partidario y por cierto con la más absoluta ignorancia de la opinión pública, ni qué decir del pueblo soberano, tratado en general como un discapacitado que debe cumplir con lo convenido por terceros que asumen su representación y acuerdan respecto a los intereses del “soberano”, sin que este tenga la menor idea de las obligaciones que se asumen y que tendrán decisiva influencia sobre su vida y la de su familia.
Es cierto que el artículo 159 de la Constitución le da al presidente de la República la representación del Estado en el interior y en el exterior, por lo que, en el actual marco jurídico, es incuestionable, prima facie, su legitimidad para comprometer al país en contratos del tipo que nos preocupa. Respecto a los entes autónomos y servicios descentralizados, tenemos dudas de que puedan concertar obligaciones que obligan al país en la esfera internacional, sobre todo cuando es corriente se decline la soberanía sometiendo las diferencias al pronunciamiento de órganos jurisdiccionales o de arbitraje extranjeros. Anotemos que el país tiene ya numerosos litigios que se ventilan en la órbita internacional, ya sea ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial o bien ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Esto explica la necesidad de que el Estado Nacional organice una unidad estatal de defensa de los intereses del país en la órbita internacional, por lo que es legítimo el apoyo que Cabildo Abierto dio a la iniciativa presupuestal de crear una Secretaría de Litigación Estratégica, al margen de las suposiciones, sin duda fundadas, sobre el polémico candidato a ser su titular durante el actual gobierno. No obstante ello, la organización institucional para solucionar los problemas y necesidades del país debe pensarse en clave nacional y la institución pensamos que será de utilidad también para los futuros gobiernos, cualquiera sea su color partidario.
Durante la anterior legislatura presentamos por Cabildo Abierto un proyecto de ley que ordenaba que los contratos del Estado cuya ejecución se difiera en el tiempo y deba cumplirse durante el lapso de más de un período de gobierno deberían contar con la aprobación de la mayoría del Senado de la República. El proyecto preveía un plazo para el pronunciamiento del Senado, vencido el cual se tenía la contratación como aprobada y la negativa se podía establecer por razones constitucionales, legales o de oportunidad y conveniencia. La intención era evitar contratos como los del título de esta nota que se celebraran entre cuatro paredes en un ambiente de secretismo que a nuestro juicio no se justifica, pero que se alienta argumentando razones de confidencialidad exigidas por las empresas, que nos huelen a pretexto para legitimar un secretismo que termina perjudicando la trasparencia en el accionar de los agentes políticos y que termina horadando la confianza en la política y desprestigiando una actividad que debe ser de servicio, despejando cualquier tipo de duda sobre la honestidad de sus gestores e infundiendo confianza y respeto en los representados.
Todos los contratos mencionados precedentemente, que fueron celebrados por gobiernos de distinta orientación política, dieron lugar a polémica luego de su celebración. Tanto el contrato de UPM como el de Arazatí fueron renegociados por los gobiernos posteriores al de su otorgamiento, siendo de señalar que también sus renegociaciones han sido igualmente polémicas y cabría resaltar que como señala el dicho popular, la enmienda ha sido peor que el soneto. No dudamos que algo similar sucederá con el contrato de Cardama, que hoy centra la atención del público y compromete intereses nacionales que deben custodiarse, máxime cuando ya se han invertido cerca de 29 millones de dólares y Uruguay necesita custodiar su mar territorial para evitar que sea un espacio en que se depreden nuestras riquezas y resulte además un lugar dominado por la delincuencia.
El proyecto presentado por Cabildo Abierto en la anterior legislatura ofrece una solución que puede evitar situaciones como las que nos ocupan, dándole trasparencia a la actividad contractual del Estado, promoviendo la confianza en la política como una actividad dirigida a custodiar los intereses de la colectividad nacional, mediante el debate de la conveniencia de la contratación a celebrar en el espacio político de más amplia representación de todos los sectores de la sociedad nacional. Ello blindaría todo este tipo de contratos de ejecución diferida, que requieren la participación de gobiernos de diferente orientación política, imponiendo obligaciones que afectarán a sucesivas generaciones de compatriotas. Si la política actúa de buena fe, atendiendo a los reales intereses del pueblo soberano, sin duda que es mejor que este tipo de contratos se celebren con el acuerdo de mayorías políticas que eviten lo que viene sucediendo, o sea que luego de celebrado el contrato, sistemáticamente, se generan críticas a lo estipulado y se pretende una renegociación que pone al país en riesgo de pronunciamientos arbitrales o jurisdiccionales adversos o bien a demorar la satisfacción de necesidades nacionales impostergables.
Reconocemos que la solución que proponemos requiere grandeza de miras de los partidos políticos y en especial del que ocasionalmente se encuentre en el ejercicio del poder. Apostemos a esa grandeza para encontrar soluciones que eviten conflictos que ponen en peligro el interés nacional y que recurrentemente se repiten.
