La polémica sobre la nueva planta potabilizadora de agua, que sustituirá al proyecto Neptuno -denominada Esperanza por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez- ha comenzado, especialmente porque también se abastecerá con la Cuenca del Santa Lucía.
Ahora el gobierno, en conjunto con un consorcio privado integrado por las empresas nacionales Saceem SA, Berkes SA y Ciemsa, anunció este nuevo proyecto para “garantizar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana hasta el 2045”, reemplazando el proyecto Neptuno, que fue descartado. El anuncio fue realizado por Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, y Alejandro Rubial, representante del consorcio, en una conferencia que destacó la importancia del diálogo y la colaboración para alcanzar este acuerdo.
Sánchez subrayó que el proyecto se fundamenta en los principios de una república como la uruguaya, basada en el diálogo, el acuerdo y la defensa del Estado de derecho, involucrando a actores públicos y privados para preservar un bien esencial y garantizando el abastecimiento hacia el 2045. Añadió que el agua es “vida” y “un factor clave para el bienestar de todos nuestros ciudadanos”, destacando la relevancia de este proyecto para la calidad de vida de la población.
El nuevo proyecto surge de la renegociación de un contrato previamente firmado entre el Estado uruguayo y el consorcio, con el objetivo de fortalecer la seguridad del sistema de agua potable. A diferencia del proyecto Neptuno, que contemplaba una toma de agua en el Río de la Plata, el nuevo plan se desarrollará en la cuenca del río Santa Lucía, cerca de la planta de Aguas Corrientes. Se construirá una planta potabilizadora con una capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios, que, junto con la infraestructura existente en Aguas Corrientes, permitirá producir aproximadamente 900.000 metros cúbicos de agua potable para satisfacer las necesidades del área metropolitana.
Además, el proyecto incluye la reparación de la quinta línea de bombeo, la construcción de una reserva de agua bruta en la zona de Solís Chico y una planta potabilizadora de menor escala para atender la creciente demanda en la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando. Estas obras buscan mejorar el acceso al agua potable en áreas de alta demanda, especialmente en el este del país. Sánchez explicó que estos componentes estaban contemplados en el contrato original, pero se adaptaron a las restricciones fiscales y económicas actuales, logrando reducir los costos en aproximadamente un tercio en comparación con los 300 millones de dólares estimados para Neptuno. El nuevo proyecto tiene un costo aproximado de 200 millones de dólares, con cifras exactas que se definirán para su revisión por el Tribunal de Cuentas.
La gestión de la nueva planta potabilizadora estará a cargo de la OSE, lo que resuelve posibles controversias relacionadas con el artículo 47 de la Constitución, que normaliza la gestión del agua. El secretario de Presidencia destacó que esta decisión garantiza la transparencia y el apego a las normas legales. “La gestión de la potabilizadora de agua potable que vamos a construir va a estar llevada adelante por OSE, salvando las discusiones o interpretaciones con respecto al artículo 47”, afirmó. El cronograma de construcción se mantiene en un rango de 30 a 36 meses, similar al del proyecto original, con el inicio de las obras previsto para el próximo año, tras la aprobación de las modificaciones contractuales por el Tribunal de Cuentas antes del 31 de agosto de 2025.
Sánchez también hizo referencia a la construcción de la represa de Casupá, un proyecto complementario que “aportará robustez al sistema de abastecimiento y ayudará a enfrentar fenómenos de déficit hídrico en el futuro” y resaltó el profesionalismo y la colaboración entre el gobierno, OSE, el Ministerio de Ambiente y el consorcio, que incluyó equipos técnicos, ingenieros y abogados de ambos sectores. “Hemos llegado a un acuerdo que nos llena de orgullo y satisfacción, pensando en el bien general y colectivo”, afirmó.
Por su parte, Alejandro Rubial, en representación del consorcio, enfatizó el compromiso de las empresas con el desarrollo de la infraestructura uruguaya. “Trabajamos para el Estado uruguayo, independientemente de los gobiernos, con las mejores intenciones”, expresó. Describió el proceso de negociación como un esfuerzo conjunto marcado por “una honestidad intelectual muy grande” y una disposición al diálogo, donde ambas partes cedieron para llegar a un acuerdo. Rubial destacó la importancia de avanzar rápidamente hacia la ejecución del proyecto, manifestando “lo que tenemos que hacer ahora es rematar esto y empezar a trabajar en los proyectos y en las obras, a generar los empleos que este tipo de obras tiene que generar y bajarle el riesgo a OSE”. Concluyó citando una frase en latín, “Roma locuta, causa finita”, para señalar que el acuerdo está cerrado y que es momento de pasar a la acción.
El proyecto, que Sánchez propuso nombrar Esperanza, busca no solo garantizar el acceso al agua potable para el área metropolitana hasta el 2045, sino también ofrecer una solución sostenible frente a los desafíos hídricos futuros, adaptándose a las limitaciones técnicas, ambientales y económicas del país. “El caudaloso río Uruguay y el Río de la Plata tienen una fuente inagotable de agua, pero trasladar y potabilizar esa agua tiene un costo muy alto. La cuenca del Santa Lucía es superavitaria y más cercana”, explicó Sánchez, justificando la elección de la nueva ubicación.
Una “decisión netamente política”
Pero ese punto, el de que la cuenca del Santa Lucía es “superavitaria” en materia de agua, es cuestionado. El Directorio del Partido Nacional se reunió en sesión ordinaria y recibió al expresidente de OSE, Ing. Raúl Montero, al exsubsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla y a Fernando Blanco, exdirector de OPP, para analizar la sustitución del proyecto Arazatí. No se descarta interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y también analizar si al cambiarse el proyecto no se debería llamar a una licitación.
Por otra parte, Ortuño confirmó que concurrirá a la Comisión de Ambiente de Diputados el 4 de agosto. El expresidente Luis Lacalle Pou, mediante su cuenta de X señaló que se trató de una “decisión netamente política y técnicamente desacertada”, ya que el nuevo proyecto “no diversifica la fuente de agua, que es vital, utilizando la misma cuenca y demorando así muchos años en obtener esa supuesta reserva”. “Esperemos no tener que vivir otra sequía como la de hace un par de años. Motivos ajenos al proyecto en sí nos hacen perder el tiempo y equivocar el rumbo. Como siempre, las malas decisiones las pagan los uruguayos. La responsabilidad es del presidente Yamandú Orsi y su equipo”, sostuvo. Recordó que al proyecto Neptuno “lo conocí a principios de los 2000 cuando era diputado. Cuando empezamos nuestro gobierno, lo anoté en el pizarrón de prioridades. Después de la pandemia aceleramos las gestiones para disparar el procedimiento y sobre el final del mandato pudimos firmar el contrato”.
El ministro Ortuño le respondió al expresidente y dijo que en la cuenca del Santa Lucía hay suficiente agua. “Respeto lo que dice el expresidente Lacalle, pero no lo comparto en absoluto, porque si hay una decisión que tiene fundamento y respaldo técnico, es la de priorizar la reserva de agua en el Santa Lucía”, sostuvo en una entrevista con el programa Nada que perder (M24). A esto acotó: “En esta administración recibimos un informe firmado por todos los ingenieros e ingenieras de la gerencia de agua potable de la OSE fundamentando la inconveniencia del proyecto Neptuno-Arazatí. Si hay alguna decisión que fue política y no tuvo respaldo técnico fue la de apostar al proyecto Arazatí de toma de agua en esa zona del Río de la Plata”.
Más dudas sobre el proyecto
La Mañana dialogó con el geólogo Guillermo Popelka, experto en hidrogeología, quien expresó serias dudas sobre la viabilidad del proyecto debido a la falta de claridad sobre la fuente de agua. Señaló que, aunque se descarta el proyecto Neptuno, no se ha especificado de dónde se obtendrán los 200.000 metros cúbicos adicionales que la nueva planta pretende potabilizar. “No está claro de dónde van a sacar el agua. ¿De dónde van a sacar? Si no la sacan del Río de la Plata y lo hacen de la cuenca del Santa Lucía, en caso de sequía como las que se están produciendo a raíz del cambio climático, pueden ser tanto o más graves que las que ya tuvimos”, cuestionó.
Popelka destacó que la cuenca del río Santa Lucía, principal fuente de agua potable para el 60% de la población uruguaya, ha demostrado ser insuficiente en períodos de sequía, como la crisis hídrica de 2023. “No es posible. Porque no va a haber agua en una sequía para sacar ese caudal del que hablan”, afirmó, refiriéndose a los 900.000 metros cúbicos diarios que se espera producir. Propuso como alternativa el uso de aguas subterráneas del acuífero aluvial del Santa Lucía, que podría abastecer hasta un 20% de la demanda del área metropolitana (aproximadamente 200.000 metros cúbicos diarios), pero aclaró que esta no es una solución definitiva, sino un complemento. “En lo que es esa zona se puede sacar un 20% del agua necesaria del acuífero del Santa Lucía. Ese caudal es posible extraer con tecnología nacional y extranjera, pero ninguna planta va a producir más agua de la que hay”, explicó.
El geólogo también cuestionó la propuesta de construir un pólder, o reserva de agua bruta, en la zona de Solís Chico, como se mencionó en el anuncio de la nueva planta. “No es una solución. El pólder puede suplir un par de meses de agua, como estaba proyectado en Arazatí, y nada más que eso, y tiene muchos inconvenientes, como la producción de cianobacterias”, afirmó, señalando que esta medida no resuelve el problema de fondo. Además, expresó frustración por la falta de detalles concretos: “No han informado lo suficiente para darnos a conocer de dónde van a sacar el agua. Yo quiero saber de dónde van a sacar el agua y no lo han dicho”.
Insistió en que se requieren múltiples soluciones convergentes, incluyendo la represa de Casupá, la explotación de aguas subterráneas y, potencialmente, otras fuentes para garantizar el abastecimiento frente a los desafíos del cambio climático. “Tenemos que preparar nuestra cabeza a que se necesitan varias soluciones que convergen en el abastecimiento de la zona metropolitana porque no basta una sola obra”, afirmó. “Si quieren agua sin cianobacterias y sin salinidad alguna, lo mejor es que de una buena vez saquen el agua que no se ve pero que está bajo las terrazas del río Santa Lucía a menos de 20 metros”, concluyó Popelka.
