La senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, presentó un proyecto de reestructura de deudas de las personas físicas, aunque diversas fuentes señalan que este no contaría con el apoyo de toda la bancada de su partido, entre otras razones por las que no soluciona el tema de fondo e introduce elementos controvertidos.
La presentación del proyecto se dio en medio del anuncio de Cabildo Abierto de que estará recolectando firmas para una modificación constitucional donde quede plasmado algunos temas como ser las tasas máximas de interés.
Básicamente, el proyecto recoge algunos elementos de otras iniciativas similares, entre ellas la de Cabildo Abierto, en el sentido de que el procedimiento de solicitud de reestructura se iniciará por la Unidad Defensa del Consumidor (Udeco) y de no llegar a un acuerdo entre acreedores y deudores se pasa a la Justicia. Una innovación es que el proceso puede ser comenzado por uno o más acreedores. En el artículo 5 se señala que “si el procedimiento administrativo fuese iniciado por uno o varios acreedores, deberán presentar la documentación de todos los créditos que tuvieren contra el deudor, identificando los montos, discriminando el capital y los intereses, las multas y demás cargos, su causa y vencimientos, y el monto total adeudado”. Y se agrega que “la Udeco intimará al deudor a que dentro del plazo de quince días hábiles desde la de la admisibilidad de la solicitud denuncie por escrito la totalidad de sus acreedores, indicando montos de las deudas, capital e intereses, causa, vencimientos y domicilios físico y electrónico, así como sus ingresos y los bienes que integran su patrimonio”.
De esta manera, los acreedores podrán comenzar con este sistema el cobro de las deudas. Pero la situación para los deudores se agrava más si no se llega a un acuerdo en la Udeco y se pasa a la Justicia. El artículo 16 indica que, si ante la Justicia “el proceso es iniciado por uno o varios acreedores, el Juez, previo a todo trámite, intimará al deudor a comparecer dentro del plazo de quince días a los efectos de declarar sus ingresos y los bienes que integren su patrimonio, denunciar la totalidad de los acreedores y formular una propuesta de pago”. Y en caso de que no exista acuerdo, al deudor se lo podrá declarar en Estado de Insolvencia.
Deudas de más de cuatro años
El proyecto de Asiaín tiene 35 artículos y uno de los puntos fundamentales es que quedan excluidas las deudas originadas con motivo de obligaciones alimentarias, laborales, tributarias y las deudas garantizadas con hipotecas, prendas o fianzas personales.
Otro punto controvertido es que en el proyecto se establece la reestructuración es para “aquellos deudores morosos con incumplimientos mayores a cuatro años en sus obligaciones”. O sea, que rige para deudas con más de cuatro años de antigüedad.
Sobre quienes podrán acceder al proceso de reestructuración, se establece que serán los que tengan como máximo un inmueble, que esté destinado exclusivamente a su vivienda o a la de su familia y cuyo valor catastral no supere 400.000 unidades indexadas, unos US$ 59.000. Asimismo, perciban ingresos anuales nominales menores o iguales a la suma de UI 140.000 unidades indexadas, unos US$ 20.000 anuales o $ 67.000 por mes. Otro de los puntos del proyecto de Asiaín señala la creación de u Registro de Reestructuración de Pasivos de Personas Físicas Endeudadas en el Banco Central. También establece que el deudor quedará inhabilitado para contraer nuevos préstamos a partir de la fecha de suscripción del acuerdo de hasta la cancelación de al menos el 50% del monto de la deuda reestructurada.
En la exposición de motivos, Asían señala que es un proyecto “para los más vulnerables” e indica que “existen servicios públicos y esenciales cuyo acceso para los habitantes no puede quedar supeditado al cumplimiento de otras obligaciones contraídas con personas físicas o jurídicas ajenas a los organismos proveedores de dichos servicios públicos”. La legisladora agrega que “o podrá negarse el acceso de personas físicas a servicios públicos o esenciales por el hecho de figurar en listas públicas o privadas de endeudados, siempre que se esté al día con el pago del servicio público de que se trata”. Esto hace referencia a que, por estar incluido en el Clearing de Informes, empresas estatales no conceden servicios. Pero dentro del proyecto este tema no se señala. No hay ningún artículo al respecto.
Recolección de firmas
El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, consideró que el proyecto presentado por Asían no contempla las propuestas de la iniciativa ya existente de CA e introduce nuevos elementos. En diálogo con La Mañana, expresó que el proyecto de Cabildo Abierto sigue adelante y se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado. Según Domenech, en la última sesión concurrió la Asociación de Bancos que mostró su desacuerdo con el proyecto, porque alegan que va a suponer una alteración del mercado del crédito y lo va a encarecer.
Para el legislador “es un poco contradictorio reconocer que hay un problema de endeudamiento y no aportar una solución”. Agregó: “Se nos habla de la posibilidad de que a nivel del Banco Central existen soluciones de carácter administrativo para algunos deudores. Nos parece muy bien que aparezcan algunas soluciones, pero hasta el momento no se han materializado”.
Recordó que Cabildo Abierto anunció la recolección de firmas para que mediante la reforma de la Constitución se incorporen disposiciones que primero consagren a nivel constitucional el concepto de deuda justa y segundo les pongan un límite a las tasas de interés a efectos de prohibir la usura. Domenech dijo que se necesitan 270.000 firmas para impulsar el plebiscito de un texto que se está ajustando. “Queremos aclarar que no es un ‘perdona tutti’, como algunos han manifestado, sino que se trata de calcular la deuda en una cifra que es pagable, porque queremos que los deudores paguen y que los acreedores cobren”, agregó.
“En Uruguay existe experiencia en materia de refinanciación y las leyes de refinanciación nunca descalabraron el marcado de los préstamos, y la gente ha seguido prestando dinero”, dijo. “Este sistema vigente no ha logrado que el mercado informal de préstamos no se extienda y prospere en el Uruguay. Todos sabemos que existe también un marcado informal muy importante”. Para Domenech, la normativa que impulsaron “de alguna forma contribuirá a poner un cierto equilibrio y ayudará a que el mercado financiero se formalice aún más”.
Sobre la recolección de firmas, se espera que en este mes se conozca el texto de la reforma que impulsa Cabildo Abierto. “La idea es sumar esfuerzo con las organizaciones sociales, de la más diversa índole, que entiendan que tienen que acompañar una iniciativa de esta naturaleza. No pretendemos monopolizar la campaña, sino, por el contrario, va a ser una campaña abierta a todos los que quieran contribuir a plasmar esta solución”, dijo el senador cabildante.
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