En Uruguay hay un amplio consenso en la necesidad de abrirse a nuevos mercados sin romper con el Mercosur, de acuerdo con Oddone, quien planteó algunos reparos en relación a las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Entrevistado por La Mañana, el economista se refirió a las “elevadas” tasas de usura que rigen en el país y conversó acerca de los desafíos que tiene el gobierno en materia de empleo, crecimiento económico y consolidación fiscal. En otro orden, explicó la importancia de la reforma de la seguridad social.
¿Qué opinión tiene sobre la negociación de Uruguay con China por el TLC?
Uruguay tenía que buscar salir del corsé que el Mercosur supone, que es un tratado que está estancado hace muchos años, que no puede negociar una agenda global de acuerdos con terceros y tiene perforaciones cada vez más importantes en sus acuerdos internos, como el Arancel Externo Común. En Uruguay hay consenso en que no debemos romper con el Mercosur porque hay muchas actividades que son intensivas en mano de obra que están fuertemente conectadas con la región, pero habría que encontrar la manera de, sin romper con el bloque, movernos hacia afuera.
En este sentido, abrir negociaciones con terceros es beneficioso. Después hay que ver de qué forma hacerlo. El gobierno uruguayo decidió recorrer este camino de explorar un TLC con China, cuyo estudio de prefactibilidad todavía no está hecho, pero tiendo a pensar que los efectos netos son positivos, o sea, los costos que algunas industrias –como la química, los laboratorios- pueden llegar a tener, van a ser más que compensados por los beneficios que tendría el país por ingresar a China con ventajas arancelarias en sus productos de origen agropecuario, quedando en pie de igualdad con Nueva Zelanda y Australia.
¿Qué desafíos plantea este TLC? ¿Cómo podrían reaccionar los países vecinos?
Un TLC con China plantea una serie de desafíos que van mucho más allá del tema comercial, en primer lugar, por cómo Brasil y Argentina lo visualizan. Eso puede suponer, para países como Brasil, mientras la zona de libre comercio rija en el Mercosur, una perforación de su sector industrial a partir del ingreso de productos chinos a Uruguay que puedan entrar de una manera relativamente sencilla a Brasil. Hay que ver cómo reacciona. Estamos en un momento muy complejo, de mucho desgobierno en los países vecinos. Argentina tiene una agenda parada por dos años por el resultado electoral y Brasil también, porque este año hay elecciones y hay que esperar a que asuma un nuevo gobierno en 2023.
El otro capítulo es Estados Unidos, es decir, cómo visualizaría un TLC bilateral de Uruguay con China. Yo estoy seguro de que lo debe mirar con cierta precaución. Hay que ser cuidadosos en cómo uno va avanzando en este tipo de cosas porque, así como se abren puertas, también pueden generarse problemas en otro lado. Seguramente esto el gobierno lo tiene evaluado; es parte del desafío.
¿La conclusión que hace es que el camino del TLC con China es una buena opción?
Yo creo que es una oportunidad, está bien que la exploremos y abre un conjunto de opciones, pero al mismo tiempo plantea desafíos que hay que trabajar con cuidado. Yo hubiera preferido que Uruguay se integrara a un acuerdo como el del Pacífico en lugar de ir por un TLC bilateral, pero el gobierno decidió recorrer este camino y tal vez tenga información que uno no tiene por la cual esto es lo más razonable.
En lo que respecta al tema de la usura, sobre el cual algunos parlamentarios han venido trabajando, ¿ve alguna solución de mercado posible para que las familias no tengan que pagar legalmente tasas de 150% o más, sin tener que llegar a una regulación?
Es una buena pregunta. Cuando uno hace un análisis comparado de tasas de interés a nivel internacional, puede llegar a la rápida conclusión de que las tasas que se pagan en Uruguay en el mercado formal para el crédito al consumo son notoriamente elevadas. Al mirar y comparar con el nivel de inflación que hay, las tasas reales son significativamente altas, y eso fue lo que motivó a diversos legisladores a elaborar iniciativas para introducir topes.
Está la discusión de bajar la tasa de usura. ¿Existen opciones de mercado para que estas tasas converjan a niveles más bajos? Yo creo que sí. Hoy hay negociaciones entre las entidades gremiales del sector financiero con el regulador, el Banco Central en particular, para poder alcanzar una disminución en ese sentido. Tampoco creo que esas rebajas vayan a ser sustantivas al punto de que mañana estemos en tasas que sean la tercera o cuarta parte.
¿Es acertado el camino de los legisladores que buscan una solución?
Lo que uno puede hacer desde esta profesión es advertirle al legislador que rebajar topes de tasas o introducir criterios para que esas tasas de usura sean más bajas, aunque sea con la mejor intención, puede conducir a un escenario de racionamiento del crédito, lo cual va a terminar haciendo que las familias más pobres paguen una tasa más alta si es que son expulsadas del mercado formal.
Dicho en otras palabras, si la tasa de usura se fija en un nivel suficientemente bajo como para no cubrir el riesgo que un tipo de perfil de deudor tiene, la entidad financiera no le prestará a ese deudor porque supone un riesgo, por la morosidad, por su comportamiento crediticio previo, por su nivel de ingresos, por la fragilidad de su inserción laboral. Así, ese sujeto tendrá que recurrir al mercado informal, que siempre es más caro y tiene otras implicancias. Es legítimo que el sistema político procure encontrar mecanismos para topear esas tasas, pero hay que tener cuidado de que esa buena inspiración no conduzca a un resultado no deseado.
¿Usted qué propone?
Yo soy partidario –como todos mis colegas- de que estas cosas tengan una regulación genérica, no muy restrictiva, y que el regulador se preocupe mucho por garantizar la competencia, que las entidades no coludan, de manera tal que los precios reflejen esto antes que por un tope. Generalmente, los precios máximos no conducen a las soluciones, pero es parte de la discusión histórica que hay en mercados de este tipo.
¿Qué cree que el gobierno debería hacer para promover la generación de empleo? ¿Los lineamientos trazados en la materia han sido correctos?
Cuando uno mira la evolución del empleo a lo largo del 2021, encuentra que la brecha que se abrió con la pandemia, prácticamente se cerró. El desafío que queda por delante tiene que ver con lo que el gobierno heredó de la administración anterior, o sea, los 50.000 puestos de trabajo que se perdieron entre 2015 y 2019.
La estrategia del gobierno para impulsar el empleo sigue siendo confiar en el sector privado, para lo cual ha tratado de promover una reducción de la incertidumbre fiscal, aunque todavía no ha procesado el ajuste de fondo en materia de gastos. Sí ha logrado una gestión fiscal razonable, de hecho, tenemos un resultado fiscal del 4% del PIB, y con eso intenta convencer a los agentes privados de que no está por venir un ajuste. Por otro lado, ha establecido reglas de juego más o menos claras para incentivar la inversión.
Sobre este tema, en mayo del año pasado, usted dijo a La Mañana que el país “debería haber desplegado una aceleración de los programas de obra e infraestructura”. ¿Lo cree viable para el año que comienza?
Hay una discusión sobre si el gobierno podría estar haciendo más esfuerzos en materia de obra pública o de promoción de obra de infraestructura, lo cual no formó parte de la agenda hasta ahora. Habrá que ver si a partir de la Rendición de Cuentas de 2022 esto emerge con más claridad.
De todas maneras, gestionó bien el shock en el empleo que se produjo por la pandemia, porque puso a disposición todos los instrumentos que tenía a su alcance para poder ayudar. El desafío que le queda ahora, como decía, es cerrar la brecha que se abrió del 2015 al 2019. A esto se le suma que esos 50.000 desempleados no necesariamente son los mismos que había en 2019, es decir, yo tengo la impresión de que el perfil del desempleado hoy es mucho más vulnerable que el que había al cierre del 2019.
¿Qué desafíos implica esta situación?
En la recuperación que ha tenido lugar en 2021 se han abierto posibilidades para personas con alto nivel de calificación, pero, por el contrario, ha habido muy pocas oportunidades para los individuos con baja capacidad de empleabilidad. Eso supone que el nivel de empleo que se tiene que generar para cerrar la brecha, va a requerir esfuerzos mayores, tanto en términos de promover una demanda de empleo de baja calificación, como de fortalecer las habilidades de las personas que buscan empleo y no lo consiguen.
Hoy hablaba del resultado fiscal del 4%. ¿Qué se puede hacer para seguir bajando el déficit, dada la situación económica actual?
El tema fiscal es un desafío para el gobierno, porque la mejora que ha procesado del resultado fiscal se ha explicado por la combinación del bajo nivel de inversión pública –el más bajo del que tenemos registro: 1,7% del PIB- y la contracción de los egresos, dada por la caída del salario real en 2020 y en 2021. Eso, hacia adelante, no necesariamente se va a mantener, porque el salario real en algún momento va a empezar a subir, sobre todo a nivel privado, a partir de los acuerdos que se están cerrando en la negociación salarial.
Es así que el gobierno tiene el desafío de consolidar un resultado fiscal en un proceso de mejora, cuando la inversión pública está baja y los salarios reales no van a caer. Eso implica atacar el corazón del gasto, que es el gasto corriente, y esa es la reforma más compleja. Son aquellos famosos US$ 900 millones que prometieron en campaña electoral. Uno tiene la impresión de que no ha habido avances significativos en ese sentido, posiblemente, producto de la excepcionalidad de la pandemia, pero ya no hay más tiempo para seguir postergándolo.
¿Qué debería hacer entonces el gobierno para lograr la meta que se marcó?
Si el gobierno quiere llegar a un resultado por debajo del 3,5% del PIB al final del período, como se comprometió, va a tener que hacer un esfuerzo en materia de gastos, entre otras cosas, porque por el lado de la recaudación no hay mucho que mejorar. Estamos en un nivel de presión fiscal muy alto, por lo que no hay mucho margen para que la recaudación siga mejorando.
Como el gobierno ha decidido no aumentar impuestos, por ese lado tampoco debería haber una mejora del resultado fiscal. El esfuerzo está en el gasto corriente, que es el lugar más difícil en el que hacer ajustes, porque ahí hay que meterse en cada uno de los incisos, identificar dónde están los elementos redundantes o las “gorduras”, y ese es un trabajo complejo, que se puede hacer, pero que no es de rápido resultado. Ahí estará la batalla principal del gobierno para 2022, sobre todo, luego del referéndum.
¿Qué cree que se puede hacer para mejorar la tasa de crecimiento económico?
Por un lado, está la recuperación cíclica de la economía, esto es, de qué manera la economía deja atrás el shock que enfrentó a partir de la pandemia, lo cual habría ocurrido en el cuarto trimestre de 2021, o sea, habríamos alcanzado el nivel de actividad que tuvimos prepandemia. Por otro lado, el desafío de acelerar la tasa de crecimiento supone avanzar en reformas que precisan liberar energía en el sector privado y promover la eficiencia en el sector público. Son muy amplias, variadas, y todas tendrían resultados no inmediatos.
¿Por ejemplo?
En primer lugar, hay temas que tienen que ver con capital humano, con la dotación de recursos disponibles en términos de calificación, y eso implica enormes esfuerzos para mejorar la capacitación de la mano de obra y, así, optimizar su nivel de empleabilidad.
Después, hay una agenda vinculada a reformas de sectores como combustibles, transporte, salud, para promover la eficiencia en rubros donde hay poca competencia y un exceso de regulación.
También está la inserción internacional, es decir, de qué manera dinamizar o potenciar mejor los recursos naturales que Uruguay tiene, darles acceso a más mercados, salirse del corsé del Mercosur con una estrategia efectiva.
Otra reforma es la de las empresas públicas, para promover la eficiencia de manera tal que la productividad aumente, y que los precios reflejen adecuadamente el valor entregado en términos de producto a la sociedad.
Hay una agenda larga que el gobierno tenía identificada antes de asumir, que la pandemia puso en paréntesis, y muchas de esas iniciativas están contenidas en expresiones de deseo en la Ley de Urgente Consideración. Luego del referéndum, si es favorable al gobierno, seguramente se van a efectivizar algunas de esas transformaciones.
¿Cuál es la importancia que tiene la reforma de la seguridad social?
Tiene una importancia determinante en términos del resultado fiscal de largo plazo. Como todos sabemos, el desvío sistemático del resultado fiscal que se produjo en los últimos años, que nos llevó a un déficit que la administración anterior siempre subestimó –aquel déficit fiscal que tendió a ubicarse en torno al 5% del PIB-, tuvo que ver con diversas razones, pero el componente más importante fue la asistencia financiera a la seguridad social proveniente de Rentas Generales.
Este es un tema crucial, de mediano plazo, para mostrarles a los inversores externos que Uruguay tiene una estrategia fiscal consolidada y sostenida a largo plazo. Si no se hace una reforma de la seguridad social, este desvío sistemático requeriría de tasas de crecimiento muy elevadas de la economía que difícilmente se alcancen. La reforma es muy importante, no por los resultados inmediatos que va a tener, pero sí para convencer a quien nos mira de afuera, a las calificadoras de riesgo, por ejemplo, de que tenemos una trayectoria fiscal sostenible hacia el futuro.
¿Qué lugar ocupa la discusión sobre las cajas paraestatales?
Esa discusión, que es más política, que tiene que ver con los regímenes especiales, tanto de las cajas Militar y Policial como de la Profesional, Notarial y Bancaria, es sustantiva. Ellas tienen mejores prestaciones que el promedio, pero varias son deficitarias –otras no lo son, pero podrían serlo en el futuro cercano- y, por lo tanto, requieren la asistencia financiera de Rentas Generales. Eso configura un escenario complejo, porque si hay que hacer ajustes paramétricos en el régimen general y no se hacen en otros regímenes, que son deficitarios, va a ser más difícil que la reforma avance políticamente o tenga los apoyos necesarios. Este es un capítulo programático muy relevante para Uruguay y el 2022 va a ser el año clave.
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