Sin dudas la mejora en la seguridad pública es uno de los resultados más tangibles y benéficos de la LUC. Adicionalmente, en estos casi 20 meses de gobierno de la coalición, las fuerzas policiales han contado con un respaldo político que no se observaba desde hace más de dos décadas.
Decimos dos décadas, porque el desastre en la seguridad pública no comenzó con la entrada del Frente Amplio al gobierno, aunque sin dudas su gestión fue pésima, y el respaldo político a las fuerzas del orden brilló por su ausencia. En realidad, la indiferencia ante las fuerzas policiales fue un proceso gradual y que tuvo un hito cuando en el año 2000 el gobierno de la época instauró la línea telefónica “0800-5000”. La iniciativa buscaba “profundizar el acercamiento con la sociedad”, lo que constituía prima facie un objetivo loable. Pero en la práctica, se convirtió en una suerte de justicia paralela, donde desde el anonimato cualquier individuo se encontraba habilitado y protegido para acusar a la Policía, muchas veces sin pruebas, y otras sin causa alguna.
Así comenzó a producirse un fuerte desgaste en la imagen pública de la Policía Nacional, que tenía pocas herramientas para defenderse ante denuncias infundadas de algunos oportunistas y de los nihilistas de siempre. En el otro extremo, la infamia que se intentó pergeñar contra la Policía en Plaza Seregni el año pasado quedó expuesta gracias a los elementos tecnológicos hoy afortunadamente a su disposición.
No podemos caer en los simplismos de asociar todos los problemas de seguridad a la gestión del Frente Amplio. Las fuerzas que buscan el desmembramiento del Estado trascienden a los partidos políticos. Son estos intereses inconfesables los que vía ONG, organismos internacionales y consultorías rimbombantes condicionan a las autoridades de turno con “innovaciones” y otros sofismas en su incesante búsqueda de la división.
Sigfrido Vaz
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