Los primeros días de la administración del gobierno de Lacalle Pou no pasaron desapercibidos. Después de una larga transición relativamente tranquila, con algunos chispazos generados por el borrador del anteproyecto de la ley de urgente consideración y el inicio de las campañas departamentales, el gobierno de coalición asumió la conducción del país decidido a marcar su impronta.
El Partido Nacional tomó la delantera y marcó la cancha a través de varios actos simbólicos. Lo hizo en las horas previas y durante la jornada de asunción, imprimiendo con su sello la realización de fogones criollos con canto tradicional en el Prado, con la participación de miles de jinetes que atravesaron el país y la capital, dejando en claro la posición personal del presidente en el plano de la diplomacia regional y marcando la diferencia entre la laicidad y el laicismo a partir de la oración interreligiosa por el nuevo gobierno.
El primer día hábil del nuevo periodo se abrió con la asunción de todos los ministros. Allí quedaron plasmados en varios discursos algunas de las continuidades y las divergencias en el rumbo de las políticas llevadas adelante durante la era frenteamplista. Posiblemente las palabras del ministro de Defensa, Javier García, priorizando el patrullaje fronterizo, la lucha contra el narcotráfico, la desestigmatización y la reivindicación socio-económica de los soldados, fue uno de los mensajes más enfáticos y mejor recibidos en esa fecha.
La determinación mostrada por el presidente Lacalle Pou y el ministro Larrañaga al transmitir a la Policía un respaldo con el que no contaban hasta el momento, tuvo un evidente e inmediato reflejo en las calles. El nuevo despliegue y la mayor presencia policial parecen apuntar a una recuperación de los espacios públicos. Al mismo tiempo se busca desnaturalizar una realidad que se hacía cotidiana sobre todo en Montevideo, con miles de personas durmiendo y viviendo en las calles. En las últimas horas se ha anunciado además una serie de operativos contra bocas de pasta base, las que suelen ser archiconocidas y padecidas por los vecinos de los barrios afectados.
De forma presumiblemente contraintuitiva y algo apresurada, varios dirigentes del Frente Amplio salieron a criticar duramente el nuevo accionar policial y apoyar denuncias aisladas de abuso policial. Una postura radicalmente distinta a la asumida frente a los operativos de seguridad, como el conocido “Mirador”, que encabezó Gustavo Leal (quien había sido anunciado como ministro del Interior en caso de una victoria de Daniel Martínez). Quien se desmarcó fue el senador Charles Carrera, que en entrevista con radio Sarandí dijo que “hubo compañeros a los que se le fue la mano” al criticar a través de Twitter las primeras medidas de Larrañaga.
El asesinato de la agente policial Daniela Da Silva se convirtió también en un trágico episodio que encerraba más de un significado. Por un lado, el momento de marcar por parte del gobierno la línea roja a la ola de ataques que en los últimos tiempos viene sufriendo la Policía. La participación del presidente Lacalle Pou y toda la plana mayor del Ministerio del Interior y jerarcas policiales de Montevideo en el funeral de Da Silva supuso elevar esta alarma a una verdadera causa nacional.
Por otro lado, el asesinato de la mujer policía mostró las incongruencias en que caen buena parte de las organizaciones feministas en vísperas del 8 de marzo. Lo mismo cuando algunas participantes de la marcha por la principal avenida mostraron consignas contra la primera vicepresidente mujer elegida en las urnas, que es además una activa militante de las políticas de género. La marcha sirvió también que bastaba con un eficiente despliegue policial para prevenir violentos incidentes como ocurría cada año por culpa de ciertos grupos radicalizados, que esta vez fueron disuadidos.
La fuerte sequía que afecta a una parte considerable de
l territorio nacional motivó la declaración de emergencia agropecuaria y la rápida disposición de ayuda económica para evitar que la situación se vuelva crítica en varios sectores. El subsecretario del MGAP afirmó que el apoyo haría foco en productores familiares y pequeños productores “que son los que pasan situaciones complicadas”, dijo en entrevista con El País.
Al mismo tiempo, como cada año, volvió la discusión sobre el ajuste tarifario. Esta vez centrado en quién pagaría el costo político por el aumento de las tarifas en el escenario de un alto déficit fiscal. La nueva polémica se disparó por una carta enviada por el director de OPP a los directorios de los entes estatales, todavía con mayorías frenteamplistas, solicitando la realización de un “estudio del precio de venta (tarifas)” para ser entregado antes del miércoles 4 a las 16 horas.
En la carta Alfie recordó a los entes que no se ajustaban los precios desde enero 2019, y en ese lapso “los precios al consumo habían variado por encima del 11,75%”; el dólar subió 21,5% y los salarios un promedio de 17,9%”.
Mientras en ANTEL, OSE y UTE se negaron a enviar la información requerida y sus presidentes pusieron el cargo a disposición, la jerarca de Ancap, Marta Jara, se desmarcó y respondió al pedido de forma “republicana”, según reconocieron desde el gobierno.
En línea con los planteos del ministro Uriarte del MGAP, el gobierno dispuso en principio un tiempo para definir el tema del ajuste de las tarifas, tomando en cuenta además la altísima volatilidad que existe con el desplome del precio del barril de petróleo, la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y la devaluación de las monedas en la región que obligan a una corrección cambiaria.
Según informó El País, el ministerio de Economía prepara anuncios para este miércoles donde podrían producirse definiciones sobre tarifas y sobre un plan de ahorro a nivel de los ministerios y empresas públicas en los gastos de funcionamiento.
En ese contexto, la situación del dólar que cotizó al alza durante trece días consecutivos y el aumento del riesgo país que llegó a 210 puntos genera un nuevo desafío para las autoridades económicas y financieras. El Banco Central vendió US$ 17,3 millones a principios de la semana, acumulando US$ 51 millones en lo que va de 2020. El martes se logró moderar la suba del dólar sin la intervención del BCU.
En el plano de la política exterior, al cierre de esta edición el ministro Talvi anunció la retirada de Uruguay de la Unasur y la reincorporación al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), en momentos en que el gobierno brasileño firmó en Washington un acuerdo de defensa con EEUU y cerca de la elección del nuevo secretario general de la OEA.
Ante los nubarrones que asoman en un mundo incierto, el gobierno central afronta el desafío de apoyarse inteligentemente en el respaldo de una amplia coalición para encaminar el proyecto contraído en el Compromiso por el país que votó la mayoría de la población, mientras que la oposición de izquierda luego de quince años en el poder tiene que decidir si pone su experiencia al servicio del país o por el contrario priorizará el señalamiento de cualquier error en busca de algún tipo rédito.
