Medios y organizaciones de izquierda han denunciado el despido de 128 funcionarios de los CAIF de Paysandú. Sugieren una maniobra política que pretendería beneficiar a una fundación cuyos directores tienen afinidad con el Partido Nacional. La directora del INAU por el Frente Amplio realizó un pedido de informes.
Como parte de su funcionamiento el INAU (Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay) firma convenios con instituciones privadas y con las comunas para la administración de los centros CAIF (Centros de Atención a la Infancia y Familia). Las transferencias rondan el millón de pesos por mes para cada centro (unos 23 mil dólares) y con esos fondos se deben pagar salarios y gastos de administración.
En el caso de la intendencia de Paysandú, el pasado 31 de diciembre decidió cesar a 128 funcionarios que tenía contratados para atender los referidos centros de atención a la infancia. Se realizó un llamado a licitación para que fuera una institución privada la que se encargara de la administración de dichos establecimientos y a la misma se presentó un solo oferente, la fundación A Ganar.
La fundación está presente en diez departamentos, con actividades que van desde cursos de formación para deliverys (en convenio con el Inefop), hasta otros sobre inclusión financiera y un programa denominado Rugby Inclusivo. También participa en programas de limpieza de zonas públicas, como ser plazas, en varios departamentos. Su accionar principal es en Montevideo y en Maldonado.
La revista Caras y Caretas citando un informe de Sudestada señaló que la fundación A ganar está presidida por Malena Secco, esposa del exministro de Economía del Partido Nacional (1992-1995), Ignacio de Posadas y su director ejecutivo es Alejandro Rico.
La repercusión mediática llevó a que desde la Intendencia de Paysandú se anunciara que aún no se sabe si finalmente se va a refrendar el acuerdo con la fundación A Ganar. No obstante, ya se adelantó que de los 128 funcionarios, 106 serán recontratados por la señalada organización, mientras los otros 22 deberán de presentarse a un concurso para llenar las vacantes. Esto se debe a que algunos de ellos tienen sanciones, sumarios o faltas graves.
Un tema central es el aspecto salarial. La Intendencia, y por el Estatuto del Funcionario Municipal, no puede pagar por menos de 30 horas semanales, pero debido a que estos funcionarios realizan 20 horas por semana (cuatro horas por día de lunes a viernes), su salario se vería rebajado en un 30%.
El intendente sanducero, Nicolás Olivera, pretende que se mantenga el mismo presupuesto que el INAU envía para el convenio. De acuerdo a diversas fuentes, el objetivo de no tener funcionarios bajo el control municipal, es tener «un ahorro», ya que se evitará el pago de los aportes patronales, que se ubican, según Olivera, en 15 millones de pesos por año.
Con esos fondos sobrantes Olivera dijo que se instalarán nuevos centros CAIF. No obstante, no está claro si se mantendrán las mismas partidas monetarias, al no tener que pagar los aportes patronales. El intendente espera ahora la resolución del directorio de INAU para saber si es posible llevar adelante su proyecto de tercerización.
Para Olivera, de los entre 20 y 30 millones de pesos anuales que INAU vuelca para los CAIF, “ni un peso va a parar a los niños”, acotando que los centros CAIF fueron instrumentados para ser administrados por la sociedad civil y no por el Estado.
INAU: la prioridad es mantener el funcionamiento de los CAIF
En la sesión del 30 de diciembre, el presidente del directorio Pablo Abdala (Partido Nacional), y los directores Aldo Velázquez (Cabildo Abierto) y Natalia Argenzio (Frente Amplio) comenzaron a recibir mensajes sobre lo que estaba ocurriendo en Paysandú. Desde la Intendencia se comunicaron con la directora departamental del INAU de Paysandú y con la unidad Primera Infancia, para informar la resolución del cese de los funcionarios, pero nunca desde la comuna sanducera existió una comunicación directa con ningún miembro del directorio.
Los convenios entre el INAU y las instituciones para la administración de los CAIF son muy detallados. Se señala cuánto se debe destinar a cada rubro y existe un control sobre el pago de salarios al personal. La duda que se genera es si es posible que la intendencia tercerice el servicio de personal, ya que INAU tendría que efectuar los controles en materia salarial a otra institución, en este caso la fundación A Ganar. El tema tiene que ser resuelto a la brevedad, ya que el 1º de febrero los CAIF deben ser abiertos.
Esta es la primera vez que sucede un hecho de estas características, debido a que los convenios se firman con instituciones (ya sean públicas o privadas) y estas no tercerizan parte de las tareas. El directorio solicitó a la asesoría jurídica que le informara sobre si es posible este tipo de tercerización, ya que en este punto, el reglamento del acuerdo es bastante ambiguo.
Aldo Velázquez, director de INAU por Cabildo Abierto, dijo a La Mañana que «lo que más preocupa es la continuidad de los proyectos y que el 1º de febrero puedan reabrir los ocho CAIF de Paysandú y atender a toda la población que llega hasta los mismos».
«Otra cosa que también nos preocupa es si se está cumpliendo con el reglamento y si el mismo habilita o no la posibilidad de contratar personal con un tercero», agregó.
«Este hecho es inédito y se debe analizar muy bien, ya que podría generar un precedente para otras asociaciones que quisieran hacer lo mismo, o sea, contratar a una empresa para que le provea el personal», dijo Velázquez.
En el mes de agosto de 2020 La Mañana informaba que el INAU tiene contratadas más de 800 ONG. Además, el directorio del organismo resolvió presentar una denuncia penal contra dos de ellas tras haber encontrado hechos de apariencia delictiva. Se trata, específicamente, de faltantes de dinero. En una de las organizaciones sociales la fuga fue de 16 millones de pesos y, en la otra, de 13 millones de pesos. Además, en una auditoría se constataron irregularidades de distinta entidad, en relación a múltiples convenios vinculados a unas 50 organizaciones. Existe dentro de INAU la preocupación por la forma en que se asignaron muchos proyectos durante las administraciones anteriores.
«Me agraviaron y me dolió», dice el intendente
La situación generada en los CAIF de Paysandú llevó a que los funcionarios que fueron cesados en sus cargos realizarán una manifestación frente a la comuna sanducera. El intendente Nicolás Olivera dijo que en la misma “había actores políticos que no hicieron nada para que la Intendencia no se viera afectada en su honor”.
Según informa el diario El Telégrafo, el jerarca comunal sostuvo que le faltaron el respeto «con agravios e insultos que son lacerantes de la institucionalidad. Le faltaron el respeto a mi persona y a mi familia. Hay gente que ha decidido hacer política en base al agravio, una forma que hasta ahora no la conocía. Se instaló una nueva forma de hacer política el 30 diciembre, faltándole el respeto a una persona e institución. Estamos abiertos a todos los reclamos, pero esto realmente me dolió, como persona e institucionalmente».
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