Los números de la Intendencia de Montevideo (IM) tras 30 años de gobierno frenteamplista marcan una realidad compleja, que en la opinión de los integrantes de la oposición es insostenible en el tiempo, signada por una abultada deuda, con una gran presión tributaria y malos servicios.
El anuncio realizado por los candidatos del FA para estas elecciones municipales, en el sentido que instalarían en la comuna un gobierno paralelo al nacional, hace temer que la deuda se pueda hasta multiplicar y a la vez tener que efectuar un gran aumento de impuestos y tasas para poder mantener una pesada estructura burocrática que parece se va a incrementar.
Según un informe no oficial de la oposición capitalina al que accedió La Mañana, ese «gobierno paralelo» intentaría llevar adelante planes en materia de trabajo, creando miles de puestos públicos, o ingresar en otras áreas como ser la construcción de viviendas, tareas que son resorte del gobierno nacional. Estas acciones estarían destinadas pensando en las elecciones de 2024.
El presupuesto de la IM es de unos U$S 700 millones por año (con una recaudación de U$S 685 millones), incrementando desde 2015 a la fecha de manera abrupta y constante, y que genera, por lo tanto, un déficit que está siendo cubierto con deuda.
Solo en el rubro salarios se pasó de U$S 274 millones en 2015 a U$S 295 millones en 2019 (último dato conocido). Esto significó un incremento de 8 %. Los gastos de funcionamiento aumentaron un 24 % (de U$S 172 millones a U$S 214 millones), y las inversiones de U$S 102 millones a U$S 153 millones (49 %), al igual que el ítem otros (de U$S 27 millones se pasa a U$S 36 millones).
Es de destacar que el presupuesto de la IM es el cuarto presupuesto público más grande de Uruguay -excluyendo a las empresas públicas-, apenas por detrás de la ANEP, ASSE y el Ministerio del Interior. Por otra parte la recaudación el año pasado fue de U$S 685 millones.
El aparato político
Mientras que la deuda de la comuna supera los U$S 213 millones, el déficit acumulado se ubica en U$S 63 millones. Es que la administración del FA se dedicó, en especial en los últimos cinco años, a crear un verdadero aparato político entorno a su máximo jerarca para lo cual precisa muchos fondos. Se trata de un área denominada Programas de Alta Dirección, para lo cual se destinan unos U$S 100 millones por año, casi tres veces de lo que la IM invirtió en obras con fondos propios (U$S 39 millones) y es superior a lo destinado a los 8 municipios de Montevideo (U$S 87 millones en 2019).
Dentro de ese sector se observa que el gasto de la Secretaría General pasó de U$S 33 millones en 2016 a U$S 57 millones en 2019. Para sostener todo este aparato, además de deuda, la comuna capitalina fue por más tasas, impuestos y fondos que llegaban desde el gobierno central, los cuales alcanzaron los U$S 75 millones en 2019.
Como precisaban aún más dinero, entre 2015 y 2018 se realizó un programa por el cual se logró aumentar en un 27 % la recaudación producto de impuestos, tasas y multas, pasándose de U$S 476 millones a U$S 604 millones en tan solo tres años.
La basura y el transporte
Uno de los servicios más cuestionados es el de retiro de basura en la ciudad. En este sentido los propios datos dentro del presupuesto municipal muestran que se paga más del doble por año por levantar un contenedor de basura, en comparación con igual servicio prestado por una empresa privada. A la IM le cuesta U$S 7.000 por año, y al privado U$S 2.700.
En el mismo rubro, en 2012 la comuna compró seis camiones lava-contenedores a un valor de casi U$S 300 mil cada uno (casi U$S 2 millones de gasto total) y seis años después, en octubre de 2018, fueron encontrados abandonados en un predio comunal ubicado en los límites con Canelones.
El tema del transporte también está siendo cuestionado y se presenta como un grave problema si se mira hacia el futuro. Se debe tener en cuenta que en 2014 se vendían por año 300 millones de boletos, y en la actualidad rondan los 240 millones. Además, durante los primeros meses de la pandemia, la caída fue de hasta un 70 % y recién se observa alguna recuperación.
La sobrevivencia de las empresas se debe a que el transporte público capitalino está fuertemente subsidiado. El Sistema de Transporte Metropolitano (STM) necesitó en 2019 más de U$S 240 millones. El 65 % fue por el pago de boletos, pero el restante 35 % se compone de un 13 % de aportes de la intendencia, un 11 % del gobierno nacional y otros 11 % del fideicomiso del gasoil, un mecanismo vigente desde 2006 y el cual implica un sobreprecio de $3,48 por litro de gasoil consumido en el país. Ese dinero termina en las empresas de transporte colectivo.
Por año, desde el sector público y consumidores de gasoil, salen unos U$S 84 millones para el Sistema de Transporte Metropolitano, lo cual se considera insostenible en el tiempo. En este sentido las diversas administraciones del FA han hablado de la necesidad de una reformulación, pero nunca se llevó a cabo. Se considera que el sistema como tal no podrá sobrevivir mucho tiempo más, ya que los subsidios se deberán incrementar este año por la baja venta de boletos debido a la emergencia sanitaria.
En los últimos días del mes de agosto, desde la Junta Departamental de Montevideo, se aprobó la solicitud por parte de la comuna de un préstamo al BROU por 76 millones de unidades indexadas (unos U$S 8 millones), el cual tiene como destino el STM. En la solicitud se señalaba que «este crédito será destinado a paliar la crisis del transporte metropolitano y brindar sustentabilidad económico-financiera al sector, en vista de la baja en la venta de boletos. Además, permitirá sostener a un servicio público esencial para la ciudadanía, como es el transporte de pasajeras/os».
El extraño monumento
Un monumento ubicado en General Flores y Bulevar Artigas llamó la atención del edil Gustavo Zúñiga, presidente de la Comisión de Nomenclatura de la Junta Departamental. Lo primero que le vino a la mente fue no recordar que se hubiera aprobado la instalación de ninguna obra en ese lugar, según relató a La Mañana. Es que el nombre de calles o la instalación de monumentos debe pasar por la Junta para su aprobación y se debe tener una mayoría especial.
Este extraño hecho lo llevó a realizar una investigación al respecto. Quién colocó el monumento (una réplica de una obra de Octavio Podestá) fue el Municipio C. Ante un pedido de informes de Zúñiga, desde el referido municipio se señaló que el espacio donde se ubicó la obra es municipal, por lo cual pueden colocarlo. «No tiene esto ningún fundamento legal», dijo el edil recordando que solo la Junta Departamental puede autorizar la colocación de monumentos en lugares públicos.
El costo de la instalación fue de casi U$S 37 mil, realizado por una empresa privada. El curul recordó que cuando el movimiento Un solo Uruguay colocó un monolito frente al Palacio Legislativo, el mismo se levantó porque no tenía el permiso de la Junta Departamental y se le aplicó una multa. «¿Que van a hacer ahora, van a levantar este monumento que no fue autorizado por la Junta o hay un doble criterio?», se preguntó el curul por Cabildo Abierto.
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