El sistema penitenciario de Uruguay enfrenta una crisis estructural que, según el Informe 2024 del comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, constituye “un gran y grave problema del Uruguay”. Petit realizó de esta manera su último informe, ya que se retiró de esta función para pasar a integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, el país alberga a 16.624 personas privadas de libertad en 2025, un crecimiento sostenido que triplica la población carcelaria desde los poco más de 4000 reclusos de los años 2000. Este aumento refleja un sistema desbordado, donde el 46% de los internos (7299 personas, 5904 en la zona metropolitana) “vive en condiciones crueles, inhumanas o degradantes”, señala el informe, el 37% (5870 personas) en centros con insuficientes oportunidades de rehabilitación, y solo el 17% (2750 personas) en entornos con condiciones adecuadas para la reinserción social.
La Oficina del Comisionado Parlamentario realizó el año pasado 868 visitas a las 26 unidades penitenciarias, el Centro de Derivación y Diagnóstico, el Hospital Penitenciario en Saint Bois y el Anexo de Salud Mental en la ex-Cárcel Central. Entre 2021 y 2023, gestionó 2331 denuncias, principalmente por condiciones de trato cruel, salud, traslados, seguridad y derecho a la defensa. El 88% de las denuncias proviene de la zona metropolitana, con el Comcar concentrando el 34%. En 2024, se presentaron 52 denuncias a la Fiscalía por muertes en custodia y violencia institucional, junto con cinco pedidos de intimación a la Justicia para atender derechos vulnerados. Las denuncias de mujeres destacan preocupaciones específicas, como la situación de sus hijos y familias, un tema menos recurrente en los varones.
Las preguntas de Petit
El informe subraya un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario. “¿Es lo mismo cumplir dos o tres años de cárcel cuando se tiene privacidad, higiene, alimento adecuado, recreación y rehabilitación que cuando esos años se deben cumplir en hacinamiento y sin actividades?”, plantea Petit. También cuestiona “¿cuánto vale un año en hacinamiento y en condiciones inhumanas frente al año legal que imagina la norma penal con ciertos mínimos cubiertos?”.
El informe plantea otras preguntas críticas, como “¿No debería el Poder Judicial ajustar las penas a las duras condiciones de las prisiones? ¿No debería iniciar un diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo para abordar las condiciones en las que los jueces envían a las personas a cumplir sanciones penales sin las garantías constitucionales? ¿No debería el Estado resarcir a quienes han enfrentado penas más dolorosas de lo legalmente estipulado debido a condiciones inhumanas?”.
“Si la cárcel solo acumula violencia, esa violencia volverá a la sociedad, tal como demuestran los estudios sobre reincidencia. Si buenas condiciones socioeducativas logran filtrar la violencia, decantarla y transformarla en ciudadanía, tendríamos decenas de miles de delitos menos anualmente. Vale la pena”, señala el comisionado parlamentario.
“La política criminal uruguaya (un colectivo aluvional y poco planificado de leyes, presupuestos, políticas sociales y penitenciarias)”, dice Petit, actúa como Penélope en la Odisea, “que descosía de noche lo que cosía de día”. De la misma manera, “rompe con una mano lo que hizo con la otra”. Se reconocen avances innegables como la incorporación de personal técnico y la creación de áreas productivas, pero el resultado final se ve socavado por una tendencia imparable de encarcelamiento.
“Rompe los ojos el excesivo uso de la prisión como mecanismo para frenar inconductas que tienen que ver con la supervivencia, la salud mental o la exclusión y que requieren una intervención más compleja y abierta que la mera privación de libertad”, manifiesta el informe. A esto agrega que “el aumento desmesurado de la población penal frena o anula los programas de rehabilitación y no hace más que agravar el problema, porque genera más reincidencia”.
Una alta reincidencia
La reincidencia “es un indicador alarmante del fracaso del sistema en su objetivo de rehabilitación”. Según un estudio del Ministerio del Interior, el 65,6% de los excarcelados en 2019 reincidió en un plazo de tres años, con tasas del 29,2% a los seis meses, 44,1% al año y 58,7% a los dos años. Estas cifras, “son mucho más altas de lo esperable para un país con las fortalezas sociales de Uruguay” se indica. Solo el 27,6% de los internos accede a actividades educativas formales, con proporciones aún más bajas en grandes cárceles metropolitanas como el Comcar (17%) y Canelones (14%). En el interior, unidades como Rivera (35%) y Salto (47%) muestran mejores índices, pero otras, como Maldonado (18%), se asemejan a las problemáticas metropolitanas.
El acceso al trabajo en prisión es igualmente limitado. Aunque el 36% de los internos participó en actividades laborales en 2024, el 86% no recibió remuneración, y la falta de seguridad social impide que los años trabajados en prisión cuenten para la jubilación. El informe del Comisionado Parlamentario indica que “esto condena a muchos exreclusos a depender de pensiones por vejez o jubilaciones por edad avanzada a los 70 años, perpetuando su exclusión social”.
El informe dedica especial atención a las mujeres privadas de libertad, cuya población creció un 18% en el último año, frente al 6% de la población carcelaria general. Las mujeres representan más del 8% del total, con un promedio de edad de 34 años, y el 90,6% son madres, con un promedio de 2,65 hijos, muy por encima del promedio nacional. En 2024, 65 mujeres cumplían penas junto a 68 hijos, la mayoría menores de dos años. En setiembre de 2024, esta cifra alcanzó un máximo de 73 niños alojados en cárceles.
También se indica que el 79% de las mujeres en la Unidad 9 (centro penitenciario para mujeres con hijas e hijos) está encarcelada por microtráfico de drogas, “delitos no violentos que podrían abordarse con penas alternativas, como la prisión domiciliaria”. A este respecto se indica que “las evaluaciones de riesgo Oasy’s muestran que solo el 5% de estas mujeres presenta un riesgo alto de reincidencia, y ninguna representa un peligro significativo para terceros, lo que refuerza la viabilidad de alternativas al encarcelamiento”. El informe propone cambios normativos con un enfoque de género, priorizando el interés superior del niño y la no trascendencia de la pena.
Violencia y muertes
El informe señala que en 2024 se registraron 57 muertes bajo custodia, el segundo año con mayor incidencia tras las 86 de 2021. De estas, 36 fueron violentas: 18 homicidios, 15 suicidios, 2 intoxicaciones accidentales y 1 caída de altura por causa no esclarecida. La tasa de homicidios en cárceles es 11 veces superior a la nacional, y la de suicidios casi 5 veces mayor. Tres de las muertes fueron de mujeres, todas violentas: dos por suicidio y una por intoxicación accidental tras intentar ingresar droga a una cárcel. En el 47% de los casos “se detectaron negligencias asistenciales o fallas institucionales, un porcentaje alarmante que supera los registros de años anteriores (20% en 2023, 31% en 2022 y 2021, 10% en 2020)”.
Costos y recursos
El gasto anual por persona privada de libertad en 2024 se estima en US$ 12.413 (aproximadamente $ 499 mil), pero se destinan apenas 91 pesos diarios para alimentación, con un gasto diario por privado de libertad de 1367 pesos.
Sin embargo, la inversión en infraestructura (US$ 27,5 millones en el quinquenio 2020-2024) y la cantidad de funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) no han crecido al ritmo de la población carcelaria, resultando en una relación de 3,8 presos por funcionario en 2024.
El informe propone un “Pacto de Estado” para transformar el sistema penitenciario, con acciones concretas. Plantea el reducir la reincidencia a la mitad mediante un fondo concursable para proyectos socioeducativos, recreativos, culturales y de tratamiento, inspirado en modelos exitosos del Estado para la cultura y la investigación.
También integrar a los presos al Sistema Nacional Integrado de Salud para garantizar atención médica adecuada, beneficiando tanto a los internos como a la comunidad y fortalecer la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) con más recursos para apoyar la reinserción de exreclusos.
Asimismo, implementar penas alternativas con enfoque de género, especialmente para mujeres con hijos, “priorizando el interés superior del niño y la no trascendencia de la pena”.
Otro aspecto es reformar la infraestructura y gestión penitenciaria para optimizar el uso de espacios, reducir el hacinamiento y garantizar condiciones dignas.
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