Un decreto del Poder Ejecutivo del 8 de agosto ha cambiado las reglas dentro del mercado energético nacional y llevará a que los más grandes clientes de UTE –que significan el 20% de la facturación de la empresa– puedan contratar suministro de energía a los privados.
Este hecho implicaría importantes pérdidas para la empresa estatal, que se cargarían en las facturas de los 1,6 millones de clientes minoristas, según asegura el director de UTE, el Ec. Enrique Pées Boz.
Pero también afectará al fisco. En el periodo 2020-2022, las transferencias por impuestos recaudados por UTE a Rentas Generales fue de US$ 1200 millones, mientras que las utilidades que terminaron en el tesoro nacional llegaron a US$ 160 millones y las inversiones en infraestructura en el periodo fueron de US$ 620 millones.
La situación se presenta de una manera compleja por diferentes aspectos. Uno de ellos tiene que ver con los efectos sobre los clientes residenciales. Desde la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) se señaló a La Mañana que se está siguiendo de cerca el tema para saber si esto afecta directamente a los consumidores, en especial si las tarifas de UTE se deben subir para compensar las pérdidas. Sobre lo referido a las conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante por parte de los privados que se podrían registrar, se indicó que desde la Ley de Presupuesto estos controles competen a la Comisión de Defensa de la Competencia, que es una dependencia del Ministerio de Economía.
La clave: la potencia firme
La argumentación para llevar adelante este procedimiento de liberación del mercado eléctrico es que los nuevos proyectos de hidrógeno verde llevarán a que se requiera más energía. La norma obliga a UTE a dos cambios considerados críticos para la empresa pública. Por un lado, UTE debe permitir que las empresas privadas utilicen sus redes para transportar la energía que venden y, en un segundo punto, la empresa queda como soporte si las empresas privadas no pueden cumplir con el suministro.
Un ejemplo de esto es el siguiente. Una empresa privada de energía eólica o solar firma un contrato de suministro con un gran cliente al que debe proveer energía las 24 horas. Cuando no puede hacerlo, el cliente recurre entonces a la energía que proporciona UTE. Ese cambio hace que la empresa estatal sea usada como respaldo, pero el cliente sigue siendo de la empresa privada.
Quizás este es el punto más importante para los privados, porque anteriormente se le exigía “suministrar potencia firme”. De esta manera se liberan de ese requisito, el cual no podían cumplir. Si es de noche no hay energía fotovoltaica y si no hay viento no hay energía eólica. “Este es un paso muy importante porque facilita la venta de energía entre privados utilizando las redes de UTE, algo que hasta el momento era inviable por los altos costos que significaba”, dijo Fernando Schaich de la consultora SEG Ingeniería al diario El País.
Largo proceso privatizador
Para el director de UTE por Cabildo Abierto, Enrique Pées Boz este decreto es la culminación de un largo proceso de privatización de la energía eléctrica en Uruguay y que llevará a UTE a convertirse en una empresa de redes e infraestructura para uso de los privados. En diálogo con La Mañana, dijo que estamos frente a “un proceso en curso con claro sustento ideológico”, que se inició hace 35 años y que tiene como fin la privatización del Sistema Eléctrico Nacional.
Se retrotrae a 1992 cuando se intentaron las privatizaciones de varias empresas públicas, entre ellas UTE, pero esto fue rechazado en un plebiscito. El segundo paso en este proceso llegaría en 2003 con la creación de ADME, una persona pública no estatal, cuyo fin es administrar el mercado mayorista de energía eléctrica. Su directorio está compuesto por un presidente y un representante por cada uno de los siguientes sectores: Salto Grande, generadores privados, grandes consumidores y UTE. Ahí y con esa conformación es donde se decide el futuro de la energía eléctrica en Uruguay.
Entre 2012 y 2018 llega la siguiente etapa, según explica Pées Boz. Se comienza el proceso de energía no renovable (eólica y fotovoltaica, solar) con la firma de contratos calificados como “leoninos” por el director. Sobre este punto, en particular, señala que representa “un claro ejemplo de políticas de Estado cuyos costos los pagamos 1.6 millones de clientes cautivos a través de las tarifas más caras de la región”.
Es que los contratos señalan que UTE debe comprar energía pagando por el producto fotovoltaico US$ 130 y el eólico US$ 95 el megavatio por 20 años. Estos valores son fijos y representarán para las empresas US$ 5000 millones en el período de los contratos.
Pero esos costos han bajado de manera significativa con el correr de los años. Está previsto que las empresas que abastezcan a los grandes consumidores lo puedan vender a US$ 30, que es el costo actual de producción.
En esta cadena de eventos, el 2017 se firmó un contrato con UPM 2, por el cual UTE está obligada a comprar a esa empresa el excedente de energía que produzca.
El director de UTE explicó que con el decreto del Poder Ejecutivo se calcula que “UTE podrá perder hasta US$ 280 millones anuales, que corresponde a la facturación actual de los 470 grandes clientes a los cuales se le facilita la salida”. Sostiene que la consecuencia directa, y para que UTE puede sobrevivir, será un potencial aumento de tarifas compensatorio por menores ingresos, que según sus cálculos lleva a que se deba subir un 10% las tarifas a los clientes residenciales.
“Estos privados van por la fácil. Van por 470 clientes para embolsarse US$ 280 millones anuales. No le interesa lo que usted consuma o lo que yo consuma. Es decir, los 1.6 millones de clientes residenciales van a seguir atados a UTE y ahora con una tarifa que necesariamente va a tener que aumentar un 10% o más, por encima de la inflación, para compensar los ingresos que UTE va a perder”, dijo Pées Boz.
Esto se suma a otra consecuencia, que es que la empresa no podrá transferir a rentas generales utilidades a la vez que no habrá fondos para nuevas obras. Pées Boz pregunta: “Los técnicos del Ministerio de Industria habrán evaluado con el Ministerio de Economía este otro efecto de su insistente vocación privatizadora?”.
Consultado sobre las anunciadas futuras necesidades de energía para la producción de hidrógeno verde, manifestó: “Eso me suena a mí igual que gas Sayago. No he visto un solo contrato de hidrógeno verde, pero ése es el paraguas, así como el cambio climático fue el paraguas para hacer todo lo que se hizo en materia de contratos por energía eólica o fotovoltaica. ¿Y si fuera así? ¿Por qué no dejaban el reglamento como está y simplemente decían para aquella empresa privada que abastezcan a empresas productoras de hidrógeno que no regirá la potencia cero? No dijeron eso, dijeron, eliminaron la potencia firme, porque es lo más fácil”.
“Con uno simple firma de un decreto se habilitó a que agentes privados, sin dar potencia firme, puedan vender energía a grandes consumidores a US$ 30 y nosotros en UTE tengamos que estar en ese mismo mercado, brindando potencia firme y seguir pagando US$ 95 y US$ 130 por la energía que nos obligan a comprar”.
También informó que el borrador del decreto del 8 de agosto se le había enviado a UTE y que la empresa lo había rechazado marcando las consecuencias que tendría y “explicando que necesitamos tiempo, que no era el momento para un decreto de ese tipo”.
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