El gobierno y el Pit-Cnt abrieron un compás de 60 días para negociar lo relativo a los descuentos por las licencias médicas en la administración central. Durante ese plazo el Pit-Cnt no innovará sobre la reclamación realizada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Poder Ejecutivo suspenderá la aplicación de la norma hasta el 30 de agosto y vencido el plazo, si las partes no arribaran a un acuerdo, quedarán en libertad de acción. La ley era de 2022 y fue reglamentada a mediados de 2023. La Mañana dialogó con el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, quien explicó en qué consiste la ley vigente y los cambios que se plantean.
El nuevo régimen implica el descuento de hasta un 25% del salario de los trabajadores. La norma fue aplicada por el gobierno anterior, lo cual llevó a COFE a presentar desde un recurso de inconstitucionalidad, otro en el Tribunal de Cuentas, hasta varias movilizaciones. Luego se presentó una reclamación en la Organización Internacional del Trabajo. López señaló que esa medida se tomó “porque esta ley se implementó violando varios convenios ratificados por nuestro país de la OIT, como el Convenio de la Negociación Colectiva, el vinculado a la protección del salario y el que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo”. La OIT admitió ese reclamo, indicando que hay fundamento para estudiar y pronunciarse por el fondo del asunto, pero ofreció un protocolo que establece la posibilidad de una conciliación antes de que el comité de normas se pronunciara.
Se instaló ese ámbito de conciliación tras admitir la reclamación. Esto ocurrió aún en el gobierno anterior, y el Pit-Cnt aceptó esa conciliación. Luego vino el proceso eleccionario, la transición, y se instaló el proceso de conciliación con el actual gobierno.
López dijo que con el gobierno de Orsi tuvieron “controversias porque ellos pretendían no discutir esto en la conciliación, sino pasarlo a la Ley de Presupuesto”.
El tema terminó entonces en la Conferencia anual de la OIT, que terminó de sesionar la semana pasada. “Íbamos a pedir que se retomara el tratamiento del fondo del asunto, suspendido para habilitar la conciliación, y que la OIT se pronunciara, lo que normalmente implica dar la razón al denunciante. En este caso, Uruguay quedaría como violando los convenios ratificados por la OIT”, dijo el dirigente sindical.
En plena conferencia de la OIT se generaron reuniones en Ginebra y otras en Torre Ejecutiva y de esta manera se llegó a un acuerdo, que establece que, por 60 días a partir del 1º de julio, se suspenderá la aplicación de la actual ley que genera descuentos a los trabajadores. En ese lapso no se aplicarán esos descuentos y se instalarán ámbitos de negociación para intentar llegar a un acuerdo sobre el fondo del asunto. Desde el Pit-Cnt se plantea la posible derogación de la ley, “pero el gobierno parece querer modificarla. Se abrirá la negociación y veremos hasta dónde podemos llegar, si conseguimos un acuerdo o no”, sostiene nuestro entrevistado.
Funcionamiento del sistema
Antes del nuevo sistema cuando un trabajador se enfermaba y presentaba un certificado médico por los días de licencia médica, no recibía descuentos del salario, sino que se procesaban en partidas complementarias, que a veces pesan más que el salario. Por ejemplo, una partida de presentismo que se pierde con una sola falta puede ser superior al descuento por dos o tres días de trabajo. En algunos lugares es presentismo, en otros compromisos de gestión, cumplimiento de metas o salario variable. Los descuentos se tomaban de esas partidas, pero no del salario básico. Desde que se implementó la ley, se descuenta hasta un 25% del salario, a partir del noveno día de licencia en el año, además de las partidas complementarias. José López dijo “si estás un mes de licencia por una enfermedad compleja, te descuentan el 25% de tu salario desde el décimo día. Hay excepciones para algunas enfermedades oncológicas, pero todo lo demás entra, incluso las enfermedades profesionales surgidas de la tarea en el lugar de trabajo”.
Otro aspecto es lo relacionado con la equiparación entre el sector público y el privado en materia de licencias, según lo había señalado el exministro de Trabajo, Pablo Mieres. López indica que “eso no solo es falso, sino que genera una diferenciación dentro del sector público, ya que este régimen abarca a menos de la mitad de los funcionarios públicos”.
Explica que la medida abarca a la administración central, pero exceptúa a los cargos políticos y de particular confianza. Ejemplificó que “en un ministerio se aplica a los funcionarios, pero no a los jerarcas de cargos políticos o de confianza. En la Fiscalía se aplica a los funcionarios, pero no a los fiscales. En el Poder Judicial se aplica a los funcionarios, pero no a los jueces. En el Parlamento no se aplica ni a funcionarios ni a legisladores. Es totalmente discriminatorio”. A esto se suma que los organismos con autonomía, como la mayoría de las intendencias, toda la enseñanza y la mitad de las empresas públicas, no están afectados y mantienen el régimen anterior. Para López “hay una discriminación brutal respecto a quiénes alcanza esta ley. No se equipara el sector público con el privado, sino que genera una inequidad y diferenciación dentro del sector público, que es lo que cuestionamos”.
Resume que los afectos son funcionarios de los ministerios, los servicios descentralizados y el Poder Judicial, mientras que los organismos con autonomía, como las intendencias, las empresas comerciales del Estado y la enseñanza, no están afectados por este régimen.
Otro punto son las licencias en el Ministerio del Interior, que representan el 66,7% de los días de certificación de la Administración Central. Al respecto el secretario general de COFE indica que si se toma la cantidad de trabajadores y se comparan las licencias médicas con el sector privado, en el sector público hay menos licencias. Pero “si se incluye al Ministerio del Interior, con unos 14.000 o 15.000 trabajadores, las licencias se disparan. Esto se debe a la tarea que desarrollan, sobre todo los policías ejecutivos, con problemas de estrés laboral y enfermedades de salud mental. Hay mediciones que muestran que los policías tienen una tasa de suicidio muy superior a otros trabajos, vinculada a su tarea”. Califica las licencias médicas en el Ministerio del Interior como “un grave problema que eleva el promedio de la administración central, pero es algo concentrado en ese ministerio”.
Buscando “una solución duradera”
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez explicó que el gobierno busca “crear una mesa de diálogo con el movimiento sindical” para discutir la aplicación de recomendaciones relacionadas con las licencias médicas. El acuerdo por 60 días se enmarca en el Presupuesto debido a sus implicaciones fiscales, lo que permitirá buscar “una solución duradera a este conflicto”.
El secretario de la Presidencia afirmó que “ningún trabajador o trabajadora tiene que trabajar enfermo” y que el objetivo es evitar abusos en el uso de licencias. Para ello, propuso “un marco jurídico que reconozca esta situación”, que proteja a los trabajadores de ser obligados a trabajar enfermos y establezca “un control muy estricto” contra certificaciones irregulares. “Hay que evitar a los vivos que mal utilizan las licencias por enfermedad”, señaló, al tiempo que se busca garantizar sistemas de protección para quienes están enfermos.
Sánchez indicó que el gobierno considera “modificar el decreto” como punto de partida, aunque los alcances de los cambios dependerán de la negociación. “Veremos en el marco de la negociación hasta dónde llegamos”, afirmó.
También reconoció problemas específicos en el Ministerio del Interior, donde existen “dificultades con temas de salud mental”, particularmente entre trabajadores que “tienen un arma en la cintura”. Destacó la importancia de que estos funcionarios no enfrenten “jornadas estresantes cuando están enfermos” para garantizar un desempeño adecuado. El gobierno está “monitoreando absolutamente todos los ministerios” para corregir el “mal uso de estos sistemas” y mejorar las condiciones laborales.
Sánchez subrayó el enfoque del Ejecutivo. “Lo que hemos comprometido sistemáticamente es dialogar y, para dialogar, hay que establecer una mesa de negociación”, sostuvo.
