El fiscal de delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez, se prepara para citar a declarar al diputado Daniel Diverio y al senador Óscar Andrade, ambos del Partido Comunista, por un caso de desvío de más de un millón de dólares desde el Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) hacia cuentas de particulares.
El Fosvoc, creado en 1967 mediante un acuerdo entre gremiales empresariales y de trabajadores, bajo el amparo de la Ley de Vivienda del mismo año, tiene como finalidad brindar ayuda a los trabajadores de la industria de la construcción para la adquisición, construcción o reforma de viviendas, ya sean nuevas o usadas.
El fondo es administrado por una comisión honoraria y bipartita, integrada por representantes del sector empresarial y de los trabajadores. Por el lado de los trabajadores, participa el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca); por el sector empresarial, lo hacen la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), la Liga de la Construcción del Uruguay (LCU) y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE). El fondo se financia con aportes del 0,025% de los trabajadores y un porcentaje similar por parte de los empresarios.
Además de apoyar en materia de vivienda, el Fosvoc otorga ayuda a trabajadores en casos de enfermedad o necesidad extrema y realiza aportes a organizaciones sin fines de lucro.
Una maniobra compleja
Los hechos sobre la estafa se conocieron a comienzos de 2025. En enero, el Fosvoc presentó una denuncia ante Fiscalía tras detectar maniobras que, inicialmente, indicaban un faltante de 900 mil dólares. Esta denuncia llevó al Sunca a expulsar a varios de sus miembros involucrados. En diciembre de 2024, el gremio ya había expulsado a Víctor Rivero (secretario del Área Social del Sunca en la Departamental de Montevideo) y a Santiago Bernaola (integrante de la Secretaría de Organización de Montevideo). Ambos, también miembros del Partido Comunista, fueron expulsados de esta organización.
Asimismo, el Sunca decidió sustituir a sus delegados en el Fosvoc, Bruno Bertolio y Mateo Carvalho, mientras se realizaba una auditoría. Esta reveló un faltante de 35 millones de pesos y 17 mil dólares. El dinero fue extraído mediante 193 transferencias electrónicas realizadas entre febrero y diciembre de 2024, dirigidas a 14 cuentas, siete de las cuales pertenecían a integrantes del Sunca. Tras conocerse más detalles, el Sunca expulsó, además de Rivero y Bernaola, al delegado Bruno Bertolio y a otras cuatro personas, sumando un total de siete expulsados.
La investigación, a cargo de Fiscalía, también indagó a la gerenta financiera del fondo, Stella Rey, quien fue despedida en enero de 2025. En su declaración, Rey afirmó que realizaba las transferencias por orden de Bertolio. Durante una licencia de Rey, su suplente detectó las transferencias irregulares, que incluían préstamos a personas inexistentes, registrados con números de cédula falsos, y transferencias a organizaciones sociales que nunca recibieron los fondos. El dinero terminaba en cuentas de afiliados al Sunca, quienes luego lo derivaban a los ahora procesados.
El abogado Óscar López Goldaracena, representante legal del Fosvoc, explicó que la investigación reveló una “operativa muy compleja” que involucró a exdirigentes del sindicato que integraban el fondo. “Se comprobó la participación de exdirigentes del sindicato de la construcción que utilizaban a terceras personas para recibir parte de ese dinero y, a su vez, apropiarse de él”, detalló.
El mecanismo consistía en transferencias desde la cuenta del fondo a cuentas de terceros, desde donde el dinero regresaba a cuentas personales de los responsables. “La encargada realizaba las transferencias a cuentas de terceros y luego ese dinero volvía a la cuenta de quien había dado la orden o era el autor intelectual, uno de los imputados en la causa”, explicó López Goldaracena en declaraciones a Subrayado (Canal 10).
Además, se detectaron maniobras con cheques del fondo. Uno de los imputados, identificado como el principal responsable en la gestión de la institución, presentaba solicitudes para “obreros de la construcción” que, en muchos casos, eran personas inexistentes con cédulas falsas o incluso identidades de personas fallecidas. Estos cheques eran retirados y cobrados por los responsables.
López Goldaracena destacó que la falta de controles estrictos en la institución facilitó la estafa, especialmente porque uno de los imputados era el principal encargado de su gestión. “La institución funcionaba de una manera que generaba que los controles no fueran tan estrictos como podrían haberlo sido, porque precisamente una de las personas imputadas era el principal responsable en el manejo de la propia institución”, afirmó.
Acusaciones a Andrade y Diverio
Uno de los aspectos que más ha impactado al ambiente político es la declaración de varios acusados, quienes afirmaron que parte del dinero desviado se destinó a financiar al Partido Comunista y su campaña en las elecciones de 2024, así como la campaña para derogar parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El fiscal Gilberto Rodríguez, al ser consultado por la prensa sobre si el dinero se destinó al Partido Comunista, respondió “en principio, aparece de manera bastante sólida que parte de ese dinero, no sabemos qué porcentaje, se utilizó para el financiamiento del Partido Comunista y del Sunca”. Los condenados indicaron que un porcentaje de lo sustraído se destinaba a actividades de locomoción, transporte y viáticos para correligionarios. En sus declaraciones, mencionaron que el senador Óscar Andrade y el diputado Daniel Diverio estaban al tanto de estos movimientos. Andrade fue secretario general del Sunca durante varios años y Diverio integró la directiva del gremio.
El fiscal adelantó que podría citar a ambos legisladores en calidad de imputados, dado que fueron mencionados en el marco del delito. Sin embargo, aclaró que esto no implica una conclusión previa, y que las declaraciones de ambos podrían presentarse por escrito, aunque estos detalles aún no están definidos.
El senador Andrade afirmó “puedo ser citado diez veces a la Justicia, pero no va a haber medio gramo de prueba que me vincule con esta matufia”. En declaraciones a TV Ciudad, sostuvo que la investigación se archivará “sin encontrar nada ni contra el Sunca ni contra el PCU, porque no puede haber pruebas de lo que no pasó”. Aseguró que “ningún peso” del fraude se destinó al Sunca ni al Partido Comunista. Diverio se expresó en términos similares. Andrade calificó las acusaciones como una estrategia de los imputados para desviar la atención, afirmando que “están hasta las manos” y que no existe evidencia, como mensajes de texto o transferencias, que lo vincule al caso.
Dentro del Frente Amplio, la vicepresidenta Carolina Cosse se pronunció sobre el caso. “En tiempos de redes sociales, debemos ser especialmente cuidadosos. Las condenas anticipadas y equivocadas hacen daño a las personas y a la democracia. La presunción de inocencia es un principio fundamental: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, señaló. En un mensaje en la red X, Cosse afirmó que Andrade “ha sido claro y contundente: ni él ni el Partido Comunista participaron del esquema fraudulento del Fondo de Vivienda”. Agregó que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna prueba que indique lo contrario, y que “inundar las redes con acusaciones injuriosas y difamatorias no solo es injusto: es irresponsable y le hace daño a la democracia”.
El Partido Comunista, que apoyó a Cosse en las elecciones internas, espera el regreso de su secretario general, Juan Castillo, quien se encuentra en una reunión de la OIT en Suiza, en su calidad de ministro de Trabajo de Uruguay.
Este movimiento en la interna comunista ocurre a pocas semanas de un congreso donde se definirá el sustituto de Castillo al frente del PCU. Andrade se perfilaba como un posible sucesor, pero, tras este escándalo, su candidatura parece desvanecerse. La investigación sigue en curso, y el fiscal Gilberto Rodríguez espera tomar nuevas resoluciones antes de la feria judicial que comienza el 1 de julio.
