El proyecto de la represa de Casupá, ubicada en la zona del arroyo del mismo nombre y las afluentes sobre la margen oeste al límite entre Lavalleja y Florida, avanza bajo la gestión del actual gobierno. Se trata de una obra impulsada por Obras Sanitarias del Estado (OSE) para crear un reservorio de 118 millones de metros cúbicos de agua bruta, destinado al abastecimiento de la zona metropolitana de Montevideo. El embalse, que inundaría unas 3500 hectáreas, se presenta como una solución para garantizar el suministro potable hasta 2045, incluso en escenarios de sequía severa, según informes técnicos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y supervisados por OSE y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua).
El financiamiento proviene de un préstamo de 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), de los cuales 110 millones se destinan a la construcción y 20 millones a expropiaciones. OSE planea lanzar la licitación a inicios de 2026, adjudicarla a fines de ese año y comenzar las obras en 2027. La finalización de la obra sería a mediados de 2029 y se estima entre seis meses y un año llenar el embalse, por lo cual estaría recién operativa en 2030.
El proyecto, que demandaría un total de alrededor de 100 millones de dólares, fue una prioridad en la campaña electoral del Frente Amplio en 2024 como alternativa al descartado plan Neptuno. Sin embargo, su reactivación enfrenta resistencias locales, especialmente en Lavalleja, donde se estima que afectaría a unas 100 familias de productores rurales con predios de 100 hectáreas.
En entrevista con La Mañana, la diputada del Partido Nacional por Lavalleja Adriana Peña detalló el impacto en su departamento. “Es una zona amplia de productores rurales pequeños de 100 hectáreas, lugar de productores familiares, y afecta a unas 100 familias en la zona”, explicó. La construcción inundaría casas y predios productivos porque “ahí hay una zona rural de casas y de familias. Un detalle que creo que indica cuánta gente vive es que hay tres escuelas en la zona de influencia, alguna de ellas tiene 100 años, y siguen abiertas y funcionando”.
Los terrenos afectados incluyen praderas naturales donde se produce, dejando tras las expropiaciones a los propietarios con zonas rocosas y áridas. Peña dijo que “se inunda la zona que tiene praderas naturales, que tiene que ser donde se produce. El resto que queda es una zona rocosa. O sea, que a los productores se les quita la parte productiva y se les deja el resto, que es árido”.
La represa inundará unas 3500 hectáreas en total, principalmente de praderas, montes nativos dispersos y áreas de producción ganadera y lechera. De esa superficie, se calcula que alrededor de 2000 hectáreas son predios privados que deberán ser expropiados para formar parte del embalse o su zona de seguridad. Las restantes corresponden a áreas de servidumbre, caminos y zonas de protección alrededor del lago.
El proyecto se anunció sin una evaluación ambiental previa, según Peña. “El gobierno salió con esta información entre gallos y medianoches sin tener una evaluación ambiental, diciendo que la construcción era por una promesa política de campaña, con una idea más que nada de solucionar el tema del agua en la zona metropolitana de Montevideo. Es una buena noticia para la zona metropolitana, pero no tuvo en cuenta el daño ambiental, daño social, cultural y económico de la afectación de estas 100 familias, que viven tanto en Lavalleja como en Florida”, acota.
Peña compara este proyecto y sus efectos con la compra de la estancia María Dolores por el Instituto de Colonización. “Con María Dolores estamos pagando 32 millones de dólares para instalar 17 productores, 17 familias. Acá vamos a echar 100 familias, que no piden un peso al Estado, que pagan intereses, impuestos, que trabajan”.
El estudio de impacto ambiental, presentado originalmente en 2017 y reactivado en abril de 2025, identifica riesgos como la división de 46 padrones productivos y la pérdida de viviendas en cinco de ellos, además de impactos en el patrimonio histórico colonial relacionado con familias como Artigas y García de Zúñiga.
Sin novedad por expropiaciones
Sobre las expropiaciones no hay avances concretos. “No sabemos absolutamente nada. Cuando jerarcas del gobierno han venido al Parlamento contestan que estaban viendo todos los procedimientos para las expropiaciones, pero en este tema de Casupá es ‘todo lo estamos viendo’. Lo único que dicen es: ‘Necesitamos juntar agua para la zona metropolitana y lo vamos a tener que hacer’”.
Peña, a su vez, cuestiona el monto de las indemnizaciones (20 millones de dólares), citando el caso de la represa de Rincón del Bonete. Recuerda un estudio hecho en la represa de Rincón del Bonete, “donde lo que se le pagó por expropiación a los vecinos fue una miseria”. Y a esto acota: “Hay quienes mantienen hijos estudiando en Montevideo, hay quienes mantienen sus familias arraigadas donde están desde sus abuelos en esa zona. Toda esa gente lo único que se podrá comprar es una casa en un pueblo. ¿Y después de qué van a vivir?”.
Pero el impacto se extendería más allá de las inundaciones. La legisladora señala que “si a esos productores les quitan la parte productiva real de sus predios, esos productores y esa familia se van. Porque no pueden sobrevivir con lo que les va a quedar. Además, hay que tener en cuenta que, por la represa, aguas abajo va a haber 30% menos de caudal de agua continuo. O sea, que también va a afectar todos los campos aguas abajo, no solamente los que se inundan”. Esto pondría en riesgo las tres escuelas locales, ya que las familias tendrían que emigrar. El proyecto también destruiría 426 hectáreas de monte nativo, afectando la fauna, y generaría costos adicionales por incumplir estándares ambientales en préstamos internacionales. “Cuando uno no cumple con las exigencias medioambientales de los organismos internacionales que nos dan préstamos, los intereses son aumentados. Por lo cual vamos a pagar más intereses por deuda externa por dañar el medioambiente” sostiene
“Violación a los derechos humanos”
La diputada nacionalista ha impulsado la oposición a este proyecto en el Parlamento durante el debate presupuestario. Al respecto, indica que “cuando se trató el Presupuesto, ante cada ministerio que se presentó, nosotros planteamos la negativa acerca de hacer esta represa”. Destaca a su vez dos datos. Uno de ellos es que el ministro de Economía y Finanzas expresó reparos, y se creó una secretaría controladora ambiental en su ministerio para proyectos como este, ya que su implementación puede terminar encareciendo los préstamos que recibe Uruguay por el daño ambiental. El otro es que los vecinos locales no podrían usar el agua acumulada en la represa para riego, pese a sequías recurrentes en la zona. Por esta razón, está segura de que “vamos a tener que enfrentar en el Estado la violación a los derechos humanos de los vecinos que van a tener un espejo de agua que no lo van a poder usar para riego, porque esa agua es para aquellos que están a 100 kilómetros en la zona metropolitana, o sea gente que no tiene nada que ver con estos pobladores”.
Como alternativa a Casupá, Peña propone una toma en Delta del Tigre, en el Río de la Plata. Explica que la obra sería más rápida de hacer y no implicaría desplazamiento de productores.
Este proyecto, según técnicos de OSE, resolvería no solo el suministro metropolitano, sino también problemas en San José y dos poblados de Colonia, sin necesidad de grandes lagunas de contención. Esto en contraposición con el descartado proyecto Neptuno, que tenía agua que algunos días era salada y además había que hacer un gigantesco depósito.
Rechazado por Tabaré Vázquez
El proyecto de Casupá no es nuevo. Data de gestiones anteriores, como la del presidente Tabaré Vázquez en 2017, cuando Peña, entonces como intendenta de Lavalleja, participó en reuniones con vecinos. “Vi esa afrenta impresionante que era que los vecinos tuvieran agua acumulada y no la pudieran utilizar y nos opusimos desde la Intendencia, porque entendíamos que era disparatado”. Relató que Vázquez, tras sobrevolar la zona en helicóptero, archivó la iniciativa por sus efectos. La versión actual de la represa prevé mayor altura, inundando más terreno.
Sobre los apoyos que recibe la obra entre los vecinos, Peña manifiesta que “están a favor las ciudades. Está a favor Casupá ciudad y la gente de la ciudad de Florida. Es como poner adelante una zanahoria de que va a haber mucho trabajo. Y en realidad las empresas siempre se llevan empleados. Son pocos los lugareños que trabajan, lo hacen por un tiempo y después ya se quedan sin trabajo”.
