Los senadores oficialistas entendieron que se actuó conforme a derecho y el Poder Ejecutivo promueve un cambio en la normativa actual para la expedición de pasaportes en el exterior, mientras que la bancada interpelante consideró “insatisfactorias” e “inaceptables” las respuestas. Legisladores de la coalición apuntan a trabajar en “políticas de Estado” en la lucha contra el narcotráfico.
El lunes 22 el Frente Amplio interpeló al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller Francisco Bustillo para que den explicaciones sobre el pasaporte que se expidió el pasado 28 de octubre al ciudadano uruguayo Sebastián Marset en Dubái, quien estaba detenido por ingresar a Emiratos Árabes Unidos con un pasaporte falso el 10 de setiembre de 2021. Sobre él recae una orden de captura emitida por Interpol desde el 3 de marzo de este año, a partir de que una investigación de la justicia paraguaya y agencias internacionales señaló al uruguayo como el líder de una de las organizaciones criminales más grandes de ese país dedicada al narcotráfico.
El miembro interpelante, Mario Bergara, sostuvo que las actuaciones ministeriales fueron “funcionales” a los intereses privados de Marset y advirtió que no logró ver “cómo se custodió el interés nacional” en este caso. Manifestó que el decreto actual (129/2014) por cual se rigió el trámite en cuestión “no obliga” a expedir un pasaporte a un ciudadano con extenso prontuario y expresó que “las consecuencias de las decisiones tomadas y de la forma en que se aplicaron son claramente nefastas.
Bergara subrayó que “la obtención del pasaporte uruguayo por parte de esta persona fue un elemento clave utilizado por la defensa de Marset para obtener su liberación por parte de la Justicia emiratí, y a partir de allí moverse y permanecer inubicable en el momento en que en Paraguay se llevaba adelante la mayor operación antidrogas de la historia”.
Las alertas
El senador frenteamplista aseveró que “cuando hablamos de combatir el crimen organizado, cuando asumimos el objetivo de contrarrestar el avance del narcotráfico, debemos atender principal y fundamentalmente a casos como el que hoy nos convoca”. “Casos como este son causa primordial de la violencia, el sicariato y la corrupción que tanto aquejan a América Latina, que debilitan las instituciones y afectan al ciudadano de a pie, especialmente a los más vulnerables”, advirtió Bergara. Se preguntó “dónde fallaron las alertas” que repercutieron que el proceso derive en “un escándalo de proporciones que afecta a la reputación y la credibilidad del Uruguay”, por lo que realizó diez preguntas a los dos ministros interpelados en el Senado.
En primer lugar, Bergara consultó sobre el rol que tuvo cada ministerio en el procedimiento de expedición del pasaporte a Marset y sobre la existencia de advertencias e investigaciones en curso que involucraban al referido individuo. También preguntó (aunque esta interrogante no fue respondida por ningún ministro) “¿qué rol jugó en este tema la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y, en particular, el coordinador de la misma en el Ministerio de Relaciones Exteriores?”.
Bergara cuestionó, además “¿por qué no se aplicó el art. 34 del Decreto 129/2014 que hubiera permitido otorgar a Marset un documento válido directo a la República por un solo viaje” en lugar de un pasaporte por 10 años? y “¿qué uso se hizo de los márgenes de acción en situaciones no previstas que habilita el art. 48 del referido decreto, que hubiera posibilitado tiempos y condiciones más acordes con el caso presente?”. Por último, consultó si entienden que se debió actuar de forma diferente. “¿Hay espacio para alguna autocrítica? ¿No reconocen errores en el proceso?”, preguntó.
Ajustado al marco legal vigente
Por su parte, el ministro Heber afirmó que “lo que queda claro es que si estaba vigente el decreto del año 93 no salía con el pasaporte”, debido que allí se pedían los antecedentes internacionales, mientras que con el nuevo decreto de 2014 Marset está libre. Heber anunció que están trabajando en “reparar una omisión que no advertimos”, que con este decreto permitía que con antecedentes en el exterior se diera el pasaporte. “Una barbaridad que queremos corregir cuanto antes”, manifestó el secretario de Estado.
En tanto, el canciller Bustillo trazó en una línea del tiempo del proceso de actuación de la cancillería. “No hay un problema legal, hay un decreto que da cuenta de un marco jurídico perfectible”, explicó el canciller. Justificó el trámite expedido porque Marset “no tenía causa abierta en Uruguay” y que “no existió requisitoria hasta el 3 de marzo”. Bustillo negó que haya sido un trámite exprés, como sostuvo el senador interpelante. “No hubo un trámite inusual y todo estuvo dentro de la asistencia consular” que se brinda a los uruguayos en el exterior, aseguró. Explicó que el trámite del pasaporte, iniciado en octubre, demoró 33 días en llegar a las manos de un apoderado de Marset. Bustillo sostuvo que “el pasaporte uruguayo no lo liberó” a Marset, porque accedió al documento a finales de noviembre y quedó libre en enero; “lo liberó la Justicia emiratí de portar un pasaporte falso”, explicó el lunes el ministro.
La cuestión de fondo
Los senadores de Cabildo Abierto dieron su voto de confianza sobre los procedimientos realizados, pero hicieron hincapié en el tema de fondo del avance del crimen organizado y las insuficientes respuestas dadas en los últimos años. “Entiendo que se le ha dado un volumen desmedido (a Marset) como capo de una mafia, se lo ha equiparado, creo yo, en forma equivocada a un Pablo Escobar o a un Chapo Guzmán. Creo que lo tenemos que ubicar como en un engranaje menor en la tenebrosa organización que hace por lo menos 15 años intenta trasladar al Atlántico Sur la principal boca de salida de las drogas pesadas de Sudamérica hacia su principal mercado de consumo que es Europa”, dijo Guido Manini Ríos.
En tanto, el senador Guillermo Domenech dijo que “si nos limitáramos a tratar el tema de la expedición de este pasaporte, acudiendo un poco a Hanna Arendt diría que estamos banalizando lo ocurrido y quitando importancia a un hecho grave que sucede en el mundo y del que Uruguay no se puede sustraer que es el avance de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”.
El senador Raúl Lozano a su vez afirmó que “tenemos que ver el crecimiento que ha tenido en el mundo y en América Latina este flagelo del narcotráfico. Hay que atacar al narcotráfico a gran escala y también al narcomenudeo, no es que uno es más importante que otro. Las familias uruguayas están siendo destruidas por lo que está pasando con las drogas. Crear políticas de Estado para enfrentar el problema y de eso nadie escapa, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo ni tampoco el Poder Judicial. Debemos enfrentar de una vez por todas el problema en su totalidad”.
Frente Amplio pidió la renuncia de los ministros
Después de 12 horas de interpelación, los senadores del FA elevaron una moción en la que expresaron que las explicaciones dadas por las autoridades eran “insuficientes” e “inconsistentes” y que ambos ministros debían renunciar a sus respectivos cargos. “Las autoridades convocadas debieron asumir su responsabilidad política en lugar de esgrimir meros argumentos administrativos y burocráticos”, concluyó la oposición. Ante la evidencia expuesta “resulta injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo de 2022, fecha en que se dio la requisitoria internacional, a pesar de estar siendo investigado por la propia policía”, apuntaron desde el FA.
El pedido de la bancada del FA fue desestimado y, en cambio, el cuerpo senatorial aprobó por 18 en 31, una moción elevada por los senadores de la coalición de gobierno. Por lo tanto, la sesión parlamentaria terminó sin censura a los ministros interpelados y con una declaración de apoyo de la bancada senadores del oficialismo que, tras haber escuchado y tomado nota de las explicaciones aportadas por los jerarcas declaró: “Que son absolutamente satisfactorias las explicaciones aportadas” por los jerarcas dado que “en todo momento actuaron conforme a derecho, respetando la normativa vigente y siguiendo los lineamientos establecidos en estos procedimientos”; y que los ministros contestaron las interrogantes planteadas, “esclareciendo su actuación y demostrando, que en ningún momento se constató irregularidad y que la situación que se ha vivido fue fruto de los defectos existentes en la presente normativa”.
Los partidos de la coalición aseveraron que “el gobierno lleva a cabo una firme política de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y que para evitar la reiteración de casos como el que motiva estas actuaciones, debe implementarse un cambio de normativa que imposibilite casos análogos”. También expresaron la voluntad de trabajar en la elaboración de “políticas de Estado en la lucha contra el narcotráfico”, respaldando lo actuado hasta ahora, por parte del gobierno, para enfrentar este flagelo.
Jerarca del DNIC investigado
Mientras transcurría la interpelación el Parlamento Nacional, el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior (DNIC), Alberto Lacoste, fue cesado de su cargo. En la Cámara de Senadores, el ministro Heber informó que “este sábado (20/8) –en este proceso de informar al Parlamento– se nos acerca una información de que había habido una instancia –de comunicación por e-mail– entre Identificación Civil y Policía Científica procurando apurar tres pasaportes. (…) Entre ellos, el de Marset”, indicó el jerarca. A partir de esa información “hicimos una investigación de urgencia que hoy mismo está dando resultado”, aseguró Heber.
En conferencia de prensa, Heber explicó que “no nos gustó que se haya puesto este pasaporte con todos los otros en una priorización”, entre lo que tiene que ver con el “relacionamiento de Identificación Civil con Policía Científica”. Aseveró que el enterarse de esta situación fue motivo suficiente para retirarle la confianza. Por su parte Bustillo también anunció una investigación administrativa en la Cancillería.
TE PUEDE INTERESAR:
