El directorio de Antel anunció ayer miércoles 2 de junio que realizará una denuncia penal por la construcción del Antel Arena y se elevará la documentación a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El vicepresidente de la empresa estatal, Robert Bouvier, dijo que no corresponde al ente hacer imputación de delitos, sí la denuncia tal como están obligados los funcionarios públicos.
El jerarca recordó que el proceso comenzó cuando el actual Directorio revocó la reserva de la documentación e información por diez años sobre todo lo concerniente a Antel Arena, lo que había sido decidido por las autoridades anteriores.
Posteriormente se contrató la auditoría por licitación pública sin participación del Directorio y ésta tuvo “dos etapas”.
En la primer etapa “se presentó un informe en el cual pudimos comprobar la observación del Tribunal de Cuentas advirtiendo que la construcción del complejo no estaba en el cometido de Antel y violaba el principio de especialidad” por lo que “a partir de ese momento, todo lo concerniente a Antel Arena quedó observado”.
Agregó que se pudo “obtener el dato certero de cuanto costó, que inicialmente se dijo que era una inversión de US$ 40 millones, luego de US$ 56 millones, y terminó costando US$ 120 millones”.
Además, se concluyó que “la gestión del proyecto tuvo muchas debilidades”, habiéndose iniciado con “la falta de un cronograma maestro, el cual fue confeccionado tarde; una incompleta definición del alcance del proyecto; faltaron definiciones de controles y procesos; faltó un plan detallado de contrataciones; los plazos de ejecución de los hitos más importantes tuvieron diversas y sucesivas modificaciones entre otras tantas insuficiencias”, dijo Bouvier.
A lo anterior se suma que “la gestión del proyecto fue parcial”, indicó, y añadió que “no se pudo evaluar un programa financiero porque no se encontró ni ubicó por lo que las autoridades no tuvieron acceso al mismo, con lo cual cabe suponer que se fue gastando a medida que era necesario”.
También se comprobó que al 30 de junio del año pasado había “obligaciones financieras derivadas del Antel Arena por US$ 47 millones” y según la auditoría externa “el complejo estaba evaluado en US$ 34 millones”. O sea que costó US$ 120 millones, Antel debía US$ 47 millones y vale US$ 34 millones”, resumió.
El análisis jurídico.
Ahora Antel cuenta con la segunda etapa de la auditoría consistente en un análisis jurídico de las contrataciones y los resultados económicos operacionales.
Referente a las contrataciones, Bouvier dijo que “queda claro que la norma fue la contratación directa y directa por excepción”, con casi US$ 98 millones contratados mediante esa modalidad. Así, entre otras cosas, “se dejó de lado la licitación pública como procedimiento”.
“Se acudió al uso reiterado de la excepción del Art. 33 del Tocaf” (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), lo que también observó el Tribunal de Cuentas en reiteradas oportunidades.
Todas las resoluciones de adjudicación incluyeron una disposición de reserva de 10 años, lo que el Tribunal de Cuentas consideró como una medida que no estaba “debidamente fundada”.
De la muestra de expedientes relacionados a las compras, surgió que “las resoluciones no están suficientemente motivadas, faltan estudios comparativos, relevamiento de mercado, análisis de racionalidad de los precios y fundamentación de la compra”.
No surge información de oferentes ni cotizaciones, solo la empresa seleccionada y no se puede “corroborar que las adjudicaciones hayan sido las más convenientes para los intereses de Antel”, enfatizó.
“Todas las compras fueron realizadas sin contar con disponibilidad presupuestal”, lo que también fue observado por el Tribunal de Cuentas porque en “los presupuestos no estaba previsto el gasto ni tampoco una situación de excepción que justificara la erogación. En todos los casos Antel reiteró los gastos y el Tribunal de Cuentas volvió a hacer observaciones por ausencia de justificación”.
“Apartamiento de la norma y principios rectores de la buena administración”
De “los hallazgos de la autoría” surge “la existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia administrativa”, también que “se vulneraron los principios rectores que rigen las normas de la buena administración”, dijo Bouvier, y como todos los funcionarios públicos están obligados a denunciar irregularidades el Directorio de Antel resolvió realizar la denuncia penal y remitir los antecedentes a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).
Los informes de la auditoría quedan a disposición de la población en la web de Antel.
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