El plan llevado adelante por la mayoría de los bancos, las financieras y algunos de los denominados “estudios de cobranza” se ha puesto en marcha. No obstante, el que no se incluyan todas las deudas, no ingresen todas las financieras y dos bancos no aceptaran participar se puede considerar como un contratiempo. Es por esta razón que Cabildo Abierto continúa adelante con su iniciativa denominada Deuda Justa. El líder de Cabildo Abierto, senador Guido Manini Ríos, ya lo calificó como “una solución parcial que no termina con el problema”.
Las cifras indican que hay casi 800 mil personas que están con deudas consideradas incobrables y, por lo tanto, no tienen acceso al sistema crediticio. Sus deudas están mayormente en los denominados “estudios de cobranzas”, en financieras y en una cantidad menor en los bancos. Tanto estos como las financieras más grandes se desprenden de las deudas considerables incobrables y las venden a los “estudios de cobranza”. Es por esta razón que la mayoría de esas deudas están radicadas allí. Desde que comenzó la propuesta, hace menos de una semana, se han realizado 33 mil refinanciaciones, habiendo ingresado más de 233 mil personas para consultar las deudas que tiene.
Si bien se sumó la mayoría de los bancos que actúan en la plaza uruguaya, otros no aceptaron hacerlo, aunque se mantuvieron conversaciones por parte de los promotores de la iniciativa. Los que no participan son el Banco Nación de Argentina y el Bandes. El Banco Hipotecario tampoco lo hizo, ya que tiene garantías hipotecarias por sus préstamos y, a su vez, la refinanciación no se aplica para quienes tienen en los bancos garantías hipotecarias u otras garantías reales. Tampoco se sumaron muchas casas de crédito, principalmente del interior. Se estima que son más de 100 las financieras existentes en el país. Se ha señalado que quizás muchas no lo hicieron por desconocimiento de lo que se venía manejando desde el año pasado por parte de la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito de Personas (Aneac).
No existe un monto estimado sobre de cuánto dinero se está hablando en materia de deudas de aquellas personas que pueden ingresar al programa. Esto se debe a que hay instituciones (como los estudios dedicados al cobro de deudas vencidas) que no reportan al Banco Central. Pero sí se sabe cuántas personas están en condiciones de refinanciar sus deudas y que tienen severos atrasos en los pagos: son 786.312 las que integran esta base de datos. Esto incluye a los categoría 5 del BCU, pero no a todos, solo a aquellos que cayeron en ella a mayo de este año. A estos se suman las personas que están en el Clearing como incobrables y que son reportadas por las financieras y cuyas deudas fueron compradas por “estudios de cobranza”. También hubo casos de financieras que no entraron con el 100% de los clientes. Es por eso por lo que al ingresar a la página puede aparecer alguna oferta de refinanciación de empresas que no están en el listado, ya que aquellas que figuran en la página web están con la totalidad de sus deudores con severos atrasos.
Otro aspecto se refiere a los estudios de cobranza, que compraron deudas a bancos y financieras. Para los impulsores de la idea era fundamental que se sumaran al programa, pero no adhirieron a la cancelación de deudas menores de $ 5000. Para los estudios el mínimo fijado fue de 1000 pesos. Es por eso por lo que no firmaron como adherentes.
“Una coordinación histórica”
Bárbara Mainzer, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) destacó que desde que se lanzó el proyecto, ingresaron 233 mil personas a la página web (soluciondeuda.com.uy), y ya se efectuaron 33 mil refinanciaciones. Los bancos que participan son de la ABPU (BBVA, Banque Heritage, HSBC Bank, Itaú, Scotiabank y Santander). Se suma el Banco República desde la órbita estatal y República Microfinanzas. En las casas de crédito están Cash, Credisol, Creditel, Crédito de la Casa, Crédito Naranja, Crédito Uruguayo, Crédito Valor, Crediton, Fucac Verde, Oca y Pronto.
Mainzer asumió el año pasado la dirección de la ABPU y al poco tiempo se contactó con ella Alejandro Grasso, presidente de Aneac, el cual le presentó el proyecto e invitó a los bancos a que se unieran. De ahí surgió una reunión con el presidente del BCU, Diego Labat. El encuentro fue antes de noviembre del año pasado y se comenzó a trabajar también con la unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía para llevarlo delante.
Mainzer dijo a La Mañana que esto se trata de “una coordinación histórica del sistema financiero. Es una iniciativa privada, pero el apoyo del regulador [BCU] fue fundamental”. Otro aspecto que destacó es que la mayoría de los deudores dentro del programa no pertenecen a los bancos, ya que en la mayoría de los casos son deudas pequeñas. “Lo que se busca es atender a la población más vulnerable y esa población mayormente está por fuera del sistema bancario” acotó.
La ejecutiva sostiene que “el negocio de una institución es prestar y cobrar. No prestar mil pesos y que con los intereses llegue a 400 mil, porque así no se lo van a cobrar a nadie. El negocio de un acreedor es prestar plata y cobrar”. También indicó que no descarta que se sume en los próximos días alguna institución o financiera más al proyecto de refinanciación.
“Uruguay es un país de diálogo”
Se le consultó a Mainzer sobre el Código de Ética que el BCU creó para las cobranzas. Entre ellas se indica que cuando un banco vende una deuda a un estudio de cobranza se deben seguir determinadas normas. Al respecto indica que los bancos cuando venden esas carteras, para la cobranza, “se les exige un standard de calidad alto y se les audita las prácticas que llevan adelante estas empresas”.
“Hay prácticas que están mal y no deben de pasar. Por suerte pasan cada vez menos, pero si pasan, la persona tiene las canales para denunciarlas, como ser Defensa del Consumidor”, acotó.
Sobre el proyecto de Cabildo Abierto denominado Deuda Justa, Mainzer señala que existen también otros proyectos que van en el mismo sentido, pero no se manifiesta partidaria de topear las tasas de interés. “Por suerte Uruguay es un país de diálogo. El tipo de soluciones como la que se encontró acá, que es algo consensuado, respetando el orden jurídico y cuidando los balances de las instituciones, busca favorecer a las personas más vulnerables, va a ser un ganar-ganar, tanto para el deudor como para el acreedor”, finalizó.
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