El economista Nicolás Pose brindó su visión acerca del avance de Uruguay para integrar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. Remarcó la importancia de darles voz a los inventores de las industrias para llegar a un consenso y fue cauteloso sobre las posibilidades de integrar el Acuerdo Transpacífico.
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) data de la década del 70. En Uruguay se intentó ratificar en diversos períodos de gobierno, la primera vez fue en el mandato de Luis Lacalle Herrera, luego lo intentó Julio María Sanguinetti en su segunda presidencia, posteriormente Jorge Batlle volvió impulsarlo y, finalmente, Tabaré Vázquez, durante su segundo mandato, también lo envió. No tuvo éxito en ninguna de esas instancias.
Las resistencias siempre fueron las mismas y, fundamentalmente, provinieron de la industria nacional, tanto desde los laboratorios de fármacos como de la industria del agro, debido a que entendían que el impacto del PCT podría perjudicarlos. Recientemente se llegó a una solución que implicó postergar uno de sus puntos, el del informe internacional del producto que se quiere patentar, lo cual desencadenó la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados. Debido a esto, es muy probable que lo mismo termine sucediendo en el Senado.
En este marco, La Mañana consultó a Nicolás Pose, docente e investigador en Economía Política Internacional, quien dio su visión respecto al tema y sugirió que, por más que uno los impulsos del tratamiento de la aprobación del PCT sea llegar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), aún existen diversas limitaciones que no permitirán acceder en un corto plazo.
El PCT es un acuerdo administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que busca facilitar el patentamiento internacional de las invenciones y lo hace, básicamente, a través de dos grandes mecanismos. El primero es otorgando una reserva a quienes presentan una invención que pueda ser patentada en la oficina de alguno de los miembros del acuerdo durante 30 meses, y es algo que aplica a todos los miembros.
Luego, el segundo elemento es que el acuerdo otorga la posibilidad a quienes solicitan las patentes, de pedir un examen preliminar internacional, que es una suerte de evaluación encargada a una oficina de la OMPI. Posteriormente se da un dictamen no vinculante respecto a la posibilidad de esa propuesta de ser, eventualmente, patentada.
En el caso de Uruguay, está en proceso de adhesión –sujeto a la ratificación del Senado–, pero con la reserva del este segundo elemento, es decir, del capítulo 2 vinculado al examen preliminar internacional, ya que existía el temor por parte de los laboratorios nacionales e industrias de agro de verse afectados.
“Los representantes de estas industrias se manifestaron con el apoyo de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, alegando que esos exámenes son más flexibles que los que rigen en la legislación nacional, la que es bastante exigente a la hora de aceptar una invención como patentable”, explicó el entrevistado.
El partido Cabildo Abierto fue quien planteó esta posibilidad de la reserva, y junto al Frente Amplio fueron las dos bancadas que en principio se habían opuesto a la ratificación del acuerdo. “Con la reserva del capítulo 2, terminaron votando a favor de la aprobación y es muy probable que, tomando en cuenta que fue votado por unanimidad, llegue al Senado y pase lo mismo”, aseguró Pose.
Frente a esto aparece la pregunta de por qué, esta vez, esta propuesta logró ser tramitada. En respuesta, el especialista comentó que ahora apareció el asunto del TPP para el Poder Ejecutivo, “y el principal objetivo de adherir al PCT no es estrictamente la adhesión al instrumento en sí mismo, sino que como planteó el propio canciller Omar Paganini, es un esfuerzo de marketing de cara a posicionar al país en una mejor situación para los miembros del TPP y que acepten la solicitud de Uruguay”, argumentó.
Pose entiende que esto fue un estímulo adicional, combinado con la medida de mitigación a los intereses de la industria nacional en la reserva del capítulo 2, que explica el avance y la unanimidad favorable en la Cámara de Diputados.
Posibilidades limitadas
Uruguay cuenta con un desafío hace un par de décadas y es mejorar su acceso a mercados vía acuerdos preferenciales, teniendo en cuenta que, en los últimos 30 años aproximadamente, la cantidad de estos acuerdos comerciales ha crecido exponencialmente en el mundo. “Nuestro país tiene un acceso preferencial algo acotado a los mercados, obviando el mercado del Mercosur, que es un acceso preferencial muy importante”, expuso Pose.
El entrevistado dijo que este último gobierno apostó, en una primera instancia y de forma muy fuerte, a la búsqueda de un acuerdo preferencial con China, en la medida que esa vía no ha avanzado es que se planteó la alternativa de ingresar al TPP.
“Dicho esto, evalúo que existen un conjunto de restricciones tanto internas como externas que van más allá de la adhesión o no al PCT, entonces creo que, a pesar de que Uruguay adhiera a este acuerdo, esas otras restricciones, tanto internas como externas, van a seguir operando y, por lo tanto, la perspectiva de concreción en el corto plazo de una adhesión al TPP no es muy probable”, fundamentó Pose.
Agregó que esa reflexión tiene que ver con otros capítulos que requiere el TPP y que también demandan algunos ajustes domésticos en Uruguay de difícil concreción, “y a nivel externo la restricción de que nuestro país como miembro del Mercosur tiene limitada la posibilidad de firmar acuerdos con terceros que impliquen la remoción recíproca de aranceles. Entonces, esas dos restricciones hacen que, a pesar de que se apruebe el tratado, todavía permanece lejana la perspectiva de llegar a un acuerdo transpacífico”.
Las dos caras de la moneda
Pose sostuvo que el debate sobre los beneficios de integrar PCT se da en torno a dos grandes tipos de argumentos: uno es que en la medida que se facilita a los inventores nacionales la posibilidad de que sus patentes rijan a nivel internacional –hace más fácil que las innovaciones nacionales lleguen a ser patentadas fueras del país– podría generar un estímulo a la innovación o invención. “Este es el argumento a favor, la expectativa positiva que puede generar el acuerdo sobre el sistema de innovación o invención nacional”.
La contracara, dijo, viene dada por aquellos que plantean que, en los hechos, el grueso de las invenciones está dominadas por un conjunto muy reducido de países y por empresas de esos lugares, las que suelen ser multinacionales, “y que, en realidad, el resto de los países a lo que apelan es a producir a partir de la liberación de esas patentes una vez que caducan”.
“Esos son los dos grandes elementos en juego, por un lado, la posibilidad de generar un mayor estímulo de innovación, y por otro, la restricción adicional que puede generar a la circulación internacional de conocimiento. Porque en última instancia, una patente es eso, es un monopolio temporal que se le otorga a un inventor durante un período determinado de tiempo como un incentivo para que las personas inventen cosas nuevas. Estos monopolios temporales incentivan a los creadores, pero limitan la circulación en el corto plazo de ese conocimiento. Cada uno tiene su punto y parte de razón”, puntualizó.
Más allá de un acuerdo transpacífico
Dos de los diputados que integran la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, Rodrigo Goñi y Gustavo Olmos, explicaron al respecto, en una entrevista en el programa Desayunos Informales de Canal 12, que si este tratado que facilita registrar patentes ya era importante hace 30 años “hoy en la sociedad del conocimiento, donde la innovación es el gran motor, si no se innova en todos los sectores de la producción te quedás afuera del mercado”.
El tratado permite simplificar la forma de solicitar una patente, para que se pueda llevar a cabo a través de un formulario de registro que hace al proceso más rápido y sencillo. Por otro lado, duplica el plazo para registrar el producto en cada país, se pasa de 12 meses a 30 meses.
Es importante resaltar que, sin este acuerdo, si un uruguayo patenta en Uruguay para el resto del mundo su producto es público, pero con el tratado, durante los primeros 30 meses, el producto está protegido.
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