El fallecido hispanista francés Joseph Pérez expresaba a menudo que cuando vivía en París treinta años atrás, ponía una carta en el buzón y en cuestión de veinticuatro horas la misma llegaba al Pirineo, donde vivían sus padres. “La república que yo he conocido era eso, derechos e igualdad sin entrar en la rentabilidad del servicio. La gente que manda en Bruselas está desconectada de la realidad”. Así se expresaba el hijo de inmigrantes españoles nacido en 1931, muy crítico de una Unión Europea que consideraba “excesivamente germanizada”.
Pérez describía así una de los aspectos esenciales en la construcción republicana de cualquier país: que el Estado debe procurar que todo ciudadano tenga acceso a un similar nivel de servicios, con independencia de su lugar de residencia. Esto atenta contra los impulsos economicistas, que reducen toda construcción territorial a una red de nodos y conexiones sujeta a ser optimizada. Llevando al extremo esta forma de concebir un país, podría llegar a ser más rentable cerrar algunos pueblos del norte, forzando a su población a trasladarse a centros más “optimizados” por la tecnocracia reinante. No serían necesarias carreteras, tendido eléctrico, teléfonos, escuelas, policlínicas, policía y tantos otros servicios públicos. En este mundo crecientemente distópico, una parte sustancial del sistema político uruguayo aplaude con un entusiasmo sonoro dirigir fondos hacia la construcción de carreteras, trenes, líneas de transmisión, teléfonos, escuelas y policlínicas al selecto grupo de multinacionales que demuestran habilidad especial para exprimir concesiones de un Estado cada vez más displicente para proteger a sus ciudadanos. ¡We are fantastic!
Mientras la ruta 5 queda prácticamente paralizada por la circulación de camiones entre la nueva planta de UPM y el puerto de Montevideo, va quedando claro un proceso de conversión de bienes públicos en privados que comenzó en la década de los noventa, y que parecería venirse acelerando a ritmo vertiginoso. En efecto, resulta cada vez más evidente la claudicación del Estado uruguayo en áreas que cualquier República, desde la antigua Roma hasta nuestros días, hubiera considerado como esenciales. Nos referimos a garantizar a la ciudadanía la distribución de agua potable, el acceso a una vivienda digna y la protección frente al poder opresivo de los prestamistas. Pero un Estado que aduce no contar con tiempo ni recursos para satisfacer estos derechos fundamentales, pudo sí promover emprendimientos cannábicos, entrar en la costosa moda del hidrógeno verde, irrumpir con trenes metropolitanos y toda una seria de proyectos salidos de esas mentes de Davos que controlan el sistema financiero mundial.
Pero esto no termina. A pesar de todo, el Ejecutivo prosigue en su pretensión de exportar los ahorros de los uruguayos administrados por las AFAP, la misma que fuera rechazada por el Parlamento en ocasión de la votación de la llamada Ley de Seguridad Social. Ahora esto mismo aparece dentro del proyecto de Ley de Rendición de Cuentas. ¿Estarán esperando por un momento de distracción del Legislativo? Y como si fuera poco, en un momento en que el BHU tiene un rol fundamental en la financiación de la vivienda, se propone disolver el ente autónomo. Por supuesto se hace bajo los infaltables pretextos de eficiencia, y como si cerrar un ente autónomo con más de un siglo de vida fuera cosa de todos los días. El resultado esperable, salvo para ese selecto grupo que pergeñó la idea, es que de aquí al final del período de gobierno la atención del personal del BHU quede fijada en el posible cierre de su institución y no en otorgar nuevos financiamientos. Una bendición para los competidores privados del BHU y todos aquellos interesados en que no se construya una sola vivienda.
Si continuamos transitando este trillo, nos convertiremos en un país de enclaves económicos privilegiados, al modo centroamericano, con el complejo celulósico como columna vertebral de la cual derivarían las grandes obras de infraestructura, la matriz energética, la labor legislativa y regulatoria, y dejando rendida cada vez más a la ciudadanía a los designios de centros de poder ubicados a miles de kilómetros de distancia. Esto constituiría el ocaso de esta República de la que tan orgullosos nos mostramos.
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