Más burocracia, más política, más impuestos y ninguna solución para enfrentar el bajo nivel de estimación general en que ha ido cayendo el Poder Judicial y, en particular, las fiscalías y la Justicia Penal.
Consideramos innecesaria e inconveniente la creación de un Ministerio de Justicia que sería el decimoquinto ministerio, nada menos, y un error considerar que pudiera incidir en una mejora del sistema judicial.
Vimos con sorpresa cómo los precandidatos Álvaro Delgado y Andrés Ojeda se muestran dispuestos a servir de furgón de cola al proyecto que el Frente Amplio lleva incluido en su programa, creando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En una nota de tapa de El País del 31 de diciembre p. pdo. apoyaron la iniciativa sin tener aún definida con alguna claridad los cometidos de la cartera; Álvaro Delgado se inclinó por incluir a las fiscalías y las cárceles, aunque hoy sean un servicio descentralizado aquellas y estén estas a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior. Por su parte, Andrés Ojeda mostrando un apuro inexplicable invitó a aprobar ahora sin otro trámite la ley (“¡Hagámoslo ya!”), como le espetó en un reportaje a Radio Universal para aprovechar que las mayorías estarían aseguradas.
Esta urgencia revela la falta de madurez sobre un tema que hay que discutir, definir con cuidado y mirar más allá de lo inmediato. Con más experiencia, el senador Gandini expresó lo siguiente: “Hay que estudiar bien y trabajar bien la posibilidad de que exista un Ministerio de Justicia para colocar allí una serie de servicios”, discrepando desde ya que se esté pensando en asignarle el destino de las cárceles.
Ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia al parecer fue consultado y solamente la Dra. Doris Morales con lucidez alertó su desacuerdo, que “nada hay más político que los ministerios”.
Por supuesto que tiene razón. Gobierne quien gobierne siempre habrá a su frente un hombre de partido que agregará su cuota a un sistema ya politizado. Quien no quiera verlo en las resoluciones, que se fije en la división que existe en las gremiales y asociaciones de magistrados y fiscales.
Por su parte, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, rechazó de plano la iniciativa diciéndoles: “No es momento de hacer cambios cosméticos”.
Obvio resulta decir que Cabildo Abierto no votará ninguna pretensión legislativa que limite, recorte o suprima alguna o siquiera la menor de las potestades del Poder Judicial, cuya independencia absoluta es sagrada. La creación de un Ministerio de Justicia siempre tiene un costo para la independencia del Poder Judicial.
Nuestros argumentos que fundamentan el rechazo no se limitan a los que se dijo a principio, que son obviamente innegables, o sea el gasto de elevar la burocratización del Estado ¡a 15 Ministerios! Sigamos.
La vieja teoría que se esgrime para amputarle funciones a la Suprema Corte de Justicia, sosteniendo que es para aliviar a los ministros de las tareas administrativas y dejar a su cargo solamente la actividad de orden jurisdiccional, es falsa, por cuanto existe una eficiente Dirección General de Servicios Administrativos que cumple acabadamente esas tareas y lo que le falta, evidentemente, son recursos. Por eso abogamos por la autonomía financiera del Poder Judicial, que es el único de los tres poderes del Estado que carece de esa independencia, aunque genera recursos propios y puede generar más, ya que solo es gratuito para los declarados pobres (art. 254 Const.). A diferencia del Poder Legislativo, que aprueba un presupuesto de manga ancha sin generar ingreso alguno. A esto se suma la necesidad de aumentar el número de ministros de la Corte para crear una o dos salas especializadas, que en el caso de la materia penal es ya de una necesidad imprescindible.
Hoy, el otro brazo del sistema judicial o sea la Fiscalía de Corte o Fiscalía General de la Nación, es una olla de grillos. Sin conducción y a la deriva, porque el Frente Amplio no admite votar un candidato propuesto por la coalición gobernante, recibe constantes cuestionamientos de los abogados y operadores judiciales, lo que facilita con su alto nivel de exposición y hasta su asociación gremial ha llegado, en inédita actitud, a plantear sus dificultades en una Comisión de la ONU. ¿Qué buscaba?
El deterioro de esta institución es de lamentar, pues el cargo de fiscal de Corte siempre fue de bajo perfil, ocupado por señores magistrados que inspiraban respeto por su saber y por la austeridad de su conducta, que asumían su alto magisterio en silencio y discretamente, ajenos a toda estridencia publicitaria.
Aunque parezca mentira, un hecho delictivo de la guerrilla tupamara dio comienzo a su degradación y fue el secuestro o privación de libertad del último gran fiscal de Corte, el Dr. Guido Berro Oribe, operación que tuvo el impacto simbólico de derribar a un mito.
A partir de la finalización de la dictadura, no se pudo lograr la designación de una figura capaz de recuperar el prestigio perdido. Primero fue el Dr. Peri, a quien destituyó el gobierno de Jorge Batlle, luego el Dr. Ubiría, a quien el Cr. Astori hizo correr luego de que se opusiera a la creación del IPRF, y finalmente se designa al Dr. Jorge Díaz, de clara afinidad ideológica con el frentismo, sin respetarse la carrera de los fiscales, pues era juez y nunca había integrado el Ministerio Público, quien politizó el organismo y finalizó contrariando la Constitución al darle la naturaleza de servicio descentralizado.
Hoy, entre los fiscales existentes en actividad, existen algunos de los mejores juristas del país, sin duda alguna, amplios conocedores de la problemática del servicio, que están en condiciones de devolverle la jerarquía de otrora. Si no se designa a alguno de ellos es porque el Frente Amplio todavía no se ha resignado a perder ese cargo y así seguirá quedando vacante, porque llegar a una mayoría de 3/5 de votos en la Cámara de Senadores está lejos de las posibilidades de cualquiera de los bloques enfrentados en la próxima contienda electoral.
Como siempre, es otra herencia maldita que dejó el Frente Amplio y que junto al nuevo Código del Proceso Penal, la Fiscalía de Corte disfrazada de servicio descentralizado que es inconstitucional (art. 185), la sanción por ley de las Instrucciones Generales para los Fiscales y la Ley sobre Violencia de Género se deberán modificar o derogar, sin lo cual el visible deterioro del sistema judicial contra el cual se levanta la mayoría de las voces seguirá vigente.
TE PUEDE INTERESAR:
