Un individuo puede ser forzado por sus propias circunstancias a cortar los gastos normales, y nadie puede culparlo. Pero que nadie asuma que está cumpliendo un deber público al comportarse de esa manera. El capitalista moderno es un marinero de buen tiempo. Tan pronto como se levanta una tormenta, abandona sus deberes de navegación, y es incluso capaz de hundir la misma embarcación que podría ponerlo a salvo, todo por el impulso en empujar fuera a su vecino y meterse él adentro.
John Maynard Keynes, 1932
El nuevo empuje que ha tomado la pandemia ha llevado al gobierno a posponer la esperada apertura de las fronteras, lo que pone en riesgo la temporada turística. Si esta tendencia no se revierte, este importante sector de actividad sufrirá un impacto de magnitud comparable a la pérdida de una cosecha agrícola entera, lo que probablemente redunde en un aumento en la tasa de desempleo y los seguros de paro.
Afortunadamente, el sector agroexportador experimenta una mejora de expectativas basada en un incremento en los precios de exportación y una leve mejora en la competitividad extraregional. La soja superó ayer en Chicago los USD 400 por tonelada, lo que alienta la siembra de cultivos de verano y un aumento en las divisas de exportación que ayude a compensar la caída del turismo. Pero aprovechar esta tendencia va a requerir mejorar la competitividad de las empresas y asistirlas con créditos y otros incentivos, como están haciendo todos los países del mundo.
La realidad es que a pesar de todos los esfuerzos del gobierno para controlar la pandemia, la recuperación económica está lejos de encontrarse asegurada. Por tal motivo, parecería necesario mantener vigentes los mecanismos de estímulo existentes, al mismo tiempo que acelerar la implementación del SIGA a las empresas más grandes, conocido como SIGA “Plus”, y cuya ley se encuentra vigente desde hace ya más de dos meses.
Hay que disipar con hechos concretos la idea que el gobierno realiza un ajuste fiscal, concepto que es hábilmente propagado por la oposición y sus medios afines, intentando confundir a la población como si cuidar los recursos públicos fuera a ser un ajuste fiscal.
La coalición de gobierno prometió reducir el costo del Estado y devolver competitividad al sector privado. Lo primero se está logrando gradualmente mediante una mejor gestión del gobierno central y las empresas públicas. Sin embargo, la situación cambiaria actúa como limitante para el retorno a la competitividad de las empresas. La única herramienta que le queda disponible al Estado para apoyar a las empresas es entonces fomentar el crédito de manera que estas puedan mantener su capacidad productiva a flote. Si ya antes de la pandemia era necesario, ahora resulta imprescindible. Debemos dar señales claras a las empresas si queremos evitar una nueva oleada de cierres y envíos a seguro de paro.
Si bien la banca privada ha accedido a renovar préstamos al sector privado, las estadísticas del BCU indican que el crédito se sigue contrayendo, incluso luego de la introducción del SIGA para pymes. De hecho, se ha contraído incluso el crédito al sector agroexportador, el que mejor performance ha tenido desde que se instaló la pandemia, algo que resulta difícil de explicar en un contexto de precios en alza y mecanismos como el SIGA.
No podemos permitirnos desaprovechar esta coyuntura de precios y no promover un aumento en los volúmenes de producción del complejo agroexportador. Con los deprimidos niveles de empleo, el excedente de tierras cultivables y capacidad instalada en la industria, la economía agroindustrial está lejos de alcanzar su potencial. Con mayores volúmenes se podría mejorar la competitividad de industrias como el arroz y la lechería, compensando al menos parcialmente el desfasaje cambiario que tenemos respecto a los países vecinos.
Si vamos a lograr esto, debemos comenzar por poner freno al cierre de empresas y a la pérdida de empleos. No es momento para dar rienda suelta a un desmadre de creación destructiva, doctrina dudosa en el mejor de los casos y letal en un contexto económico depresivo como el actual. Seguir perdiendo empresas sin tener idea cómo las vamos a reemplazar equivale a derrumbar un puente viejo sin tener ni siquiera los planos del que lo va a reemplazar. Es lisa y llanamente mala planificación, se trate de ingeniería o economía.
Cuando la empresa cierra quedan trabajadores despedidos, pero en el Uruguay que idealizaron Batlle y Ordóñez, Manini Ríos y Arena, afortunadamente no quedan abandonados a su suerte. De modo que el camino seguro hacia una expansión del gasto público y un mayor déficit es el cierre de empresas. Toda la política económica debe estar orientada a sostener el aparato productivo, sobre todo en sectores como el agroexportador y el turismo, que fueron, son y serán los principales generadores de divisas, con los cuales deberemos hacer frente al festival de deuda heredado luego de quince años de Astori al frente de la economía nacional.
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